Empresario fue imputado de haber incluido 50 facturas de sociedades ligadas a la firma fantasma en la contabilidad de la conocida heladería. En primera instancia, la fiscal Nancy González lo acusó de provocar una pérdida al patrimonio estatal de $ 39 millones, aunque se estima que el monto podría elevarse a los $ 70 millones.
Un complicado panorama judicial se avizora para el empresario Guillermo Prieto Woters, administrador y propietario de la cadena de heladerías Bravissimo, quien fue formalizado por utilizar facturas falsas de sociedades ligadas a la empresa fantasma Publicam para descontar el pago de impuestos de la conocida gelatería.
Prieto Woters fue imputado por comprar y utilizar más de 50 facturas de las distintas sociedades con las que operaba Publicam entre 2005 y 2006, conformando el delito de declaración de renta falsa, por lo que el Séptimo Tribunal de Garantía determinó dejarlo con las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los otros involucrados.
Sin embargo, ésta no es la única arista que complicará al empresario de 50 años, ya que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pidió a la Fiscalía que el próximo 11 de abril sea formalizado nuevos delitos, ligados a la rebaja fraudulenta de la carga fiscal que debían pagar sus empresas.
De acuerdo a los antecedentes aportados por la fiscal Nancy González, a cargo del caso SII-Publicam, el gerente de la cadena de heladería compró 24 facturas de la Comercial Lo Valledor por un total de $ 129 millones; 12 facturas de Comercial Aras, por $ 66 millones; 3 facturas de Lacustre Limitada, por $ 23 millones y 5 documentos de Berrotea por $ 19 millones.
Las facturas habrían sido entregadas por el equipo de facilitadores o captadores de la organización, por lo que el dueño de la heladería no habría tenido un contacto directo con Manuel Arancibia o Juan Meyerholz, sindicados como los «cerebros» detrás de Publicam.
Pese a que hace unas semanas Prieto se acercó al SII para solucionar el perjuicio fiscal que habría causado por la adquisición de documentos adulterados por $ 120 millones, de todas maneras la fiscal lo acusó de provocar una pérdida al patrimonio estatal de $ 39 millones, en primera instancia, aunque se estima que el monto podría elevarse a los $ 70 millones.
Tercera fase
Esta es la primera vez que se acusa a uno de los representantes de las empresas que adquirieron las facturas de la cuestionada entidad, pero se espera que en los próximos días se haga lo propio con Eduardo Risso Zavala, representante de la empresa Márketing & Servicios S.A, la otra de las querelladas por el SII a comienzos de enero pasado.
Con ello, la fiscal inició la "tercera fase" de la investigación por las irregularidades cometidas por Publicam, luego de que se superara la identificación de los integrantes de la red de operadores de la empresa y se detuviera a los líderes de la entidad Manuel Arancibia y Juan Meyerholz.
Prieto Waters podría enfrentar una condena eventual de 10 años de prisión por la serie de delitos tributarias de lo que se le acusa y el pago del 10 por ciento de lo defraudado al Fisco.
