Pese al acuerdo que la Corte Suprema había logrado con el ex ministro Luis Bates para impulsar esta medida, en el Ejecutivo de Michelle Bachelet aseguran que no están dispuestos a crear una especie de »casta judicial», ajena a todo control. Este jueves, la inauguración del Año Judicial servirá de escenario para que los magistrados insistan en sus demandas.
Muy pocas posibilidades de distensión se avizoran en la relación entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, luego de que el gobierno decidiera postergar indefinidamente el proyecto de ley que establece la autonomía financiera del Poder Judicial, una de las aspiraciones más sentidas de los magistrados y que se quedó sin respaldo político.
El Ministerio de Justicia ya comunicó a los integrantes de la Comisión creada para resolver las tensas relaciones entre las partes -que encabeza el ministro Milton Juica-, que sólo se apoyarán el proyecto que mejora las remuneraciones de los jueces y el que modifica las materias disciplinarias y el recurso de queja, pero que la otra iniciativa sencillamente no cuenta con el respaldo del Gobierno.
El titular de la cartera, Isidro Solís, dio cuenta de estas prioridades en las reuniones habituales que se mantuvieron con la comisión Juica, por lo que los integrantes del máximo tribunal preparan un nueva ofensiva contra el secretario de Estado, la que se manifestaría en el discurso de inauguración del Año Judicial del presidente de la Suprema, Enrique Tapia.
Sin embargo, por más que las palabras del magistrado sean fuertes y críticas, sus peticiones definitivamente no tendrán eco en el Ejecutivo, que no está dispuesto a ceder en este punto ante las solicitudes de la Corte Suprema.
En fuentes de gobierno se aseguró que doctrinariamente no son partidarios de entregar una autonomía financiera plena al Poder Judicial, que le permita disponer de sus propios recursos a discreción y manejar al máximo los nombramientos de jueces.
En la práctica, se estima en La Moneda, eso significaría crear una «especie de casta» ajena a cualquier control de parte de otros poderes del Estado, por ello y aunque la idea de entregar mayor autonomía ya se encontraba acordada con el ex ministro de Justicia Luis Bates, los cambios no se impulsarán y se mantendrán congelados hasta nuevo aviso.
Contradicciones
En fuentes de la Corte Suprema señalan que la posición de Justicia es contradictoria con la asumida con el Ministerio de Hacienda, que renovó el convenio con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) -entidad que maneja los recursos financieros y económicos de la judicatura-, que en cierta medida permite una mayor autonomía en el manejo de los dineros que se entregan a los tribunales.
En ese sentido, toman dicho acuerdo como un respaldo a la «eficiente gestión» que ha desarrollado la CAPJ desde su reforma, hace casi siete años. Sin embargo, en Justicia replican que esos resultados se basan principalmente en que la entidad trabaja con excedentes, debido a que anualmente se le otorgan dineros para cargos de jueces de los nuevos tribunales y de reforma penal que aún no han sido llenados.
En ese sentido, en la cartera dirigida por Isidro Solís aseguran que las cifras se sincerarán en los próximos meses, cuando se apruebe el proyecto de ley que crea más juzgados laborales en todo el país, y que significó la postergación de la reforma de la justicia del trabajo.
Cargos pendientes
La idea del Ejecutivo es eliminar algunos de los actuales cargos de jueces de tribunales de garantía y de juicio oral para transformarlos en tribunales mixtos, que puedan asumir funciones en familia, laboral o del sistema procesal penal, y que permitan resolver las vacantes pendientes en todos los ámbitos.
Al respecto, existe una diferencia sustancial entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, pues cuando los ministros reclaman por el retraso en el llenado de vacantes se refieren a todo el sistema; mientras que en Justicia sólo detectan demoras en lo que denominan "ternas ley", es decir, los cargos nuevos que se crearon por las reformas procesal penal, de trabajo y de familia.
En ese sentido, el Ejecutivo llenaría sólo hasta 40 vacantes en 2007 y prácticamente congelaría los nombramientos posteriores, por lo que en esta materia las tensiones se mantendrían con la Corte Suprema, que desea que se llenen todos los cargos pendientes.
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