Juez Alejandro Solís responsabilizó del delito de exportación ilegal de armamento a once involucrados en la transacción irregular registrada en 1991. Afectados con el dictamen, entre los que hay civiles y ex militares, arriesgan penas que parten en los 541 días de presidio y llegan hasta los 15 años de reclusión.
El ministro en visita Alejandro Solís determinó que la exportación ilegal de armas a Croacia, realizada en noviembre de 1991, fue una operación ideada por las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) para aumentar el patrimonio de la empresa y que contó con la anuencia de los altos mandos de la entidad castrense.
El magistrado dictó acusación como autores del delito de exportación ilegal de armas contra los once procesados en la causa, afectando a los generales en retiro Guillermo Letelier Skinner, Carlos Krumm Rojas y Vicente Rodríguez Bustos (FACH).
A ellos se suman el mayor (r) Carlos Sepúlveda Cataldo, el coronel (r) David Fuenzalida González y el ex empleado civil de Famae José Sobarzo Poblete; los capitanes (R) Patricio Pérez Villagrán, de la FACH, y el empleado civil de Logística del Ejército Ramón Pérez Orellana y la ex secretaria del Centro de Negocios de Famae Carmen Molina Valdés, acusada como cómplice
La misma acusación enfrentan los civiles Antonio Sahd Salomón, gerente de la empresa Main Cargo que gestionó el embarque aéreo del embarque de los 36 bultos que aparecieron en el aeropuerto de Budapest, Hungría y que tenían como destino final la ciudad de Zagreb, capital de una república que en esa época estaba en guerra civil; y Sergio Polmann Müller, quien realizó la labores de agentes de aduanas para el embarque.
Letelier Skinner, adicionalmente, se encuentra acusado por el delito de falsedad, sancionado en el Código de Justicia Militar, por «informar faltando a la verdad, mediante un documento afecto al servicio de las instituciones armadas y dar copia en forma fehaciente de un instrumento supuesto».
En días pasados, el juez había resuelto sobreseer a quienes enfrentaban cargos como autores del delito de fraude aduanero al capitán (r) del Ejército Pedro Araya Hermosilla y el británico Sidney Albert Edwards, además de Rodríguez Bustos, Pérez Villagrán, Pohlmann y Sadh. Este último y Pérez también fueron sobreseídos del delito de falsificación de instrumento privado.
Las infracciones por exportación ilegal de armas, previstas en el artículo 10 de la Ley General de Control de Armas imponen penas que van entre los 541 días de presidio y los 15 años de cárcel, por lo que paradójicamente la investigación del proceso se demoró más que la máxima condena que arriesgan los responsables.
Irregularidades por todo 1991
Después de casi un año y medio de investigación, el ministro Solís logró determinar que el Centro de Negocios de Famae operó, en algunas ocasiones, de manera ilegal para enviar cargamentos de armas que pertenecían al Ejército y que eran dadas de baja por la empresa especializada.
Las irregularidades se habrían extendido por todo el año 1991 y el dinero que se entregó por la venta del armamento, poco más de US$ 203.000, fue incorporado al patrimonio de Famae, ya que el Ejército rechazó los traspasos que le hizo la empresa.
De acuerdo a Solís, la exportación ilegal de armas fue una operación ideada por los más altos mandos del Ejército, que incluso habría contado con la venia de Augusto Pinochet, para realizar un negocio que traería grandes ganancias a Famae, empresa absolutamente autónoma y que sólo dependía del jefe castrense.
Para remitir el envío, se ordenó el acopio de material de guerra que varias unidades del Santiago del Ejército habían dado de baja, por lo que contó con la participación de varios generales que debieron dar autorizaciones para el retiro del armamento.
Primer proceso
En la primera investigación llevada por la justicia castrense, sólo fueron condenados como responsables del envío 11 toneladas de pertrechos militares a Croacia a los mandos medios Pérez Villagrán, Araya Hermosilla y Pérez Orellana, todos mandos medios.
Los 36 bultos con material de guerra, simulados como ayuda humanitaria, fueron descubiertos a fines de noviembre de 1991 en el aeropuerto de Budapest, Hungría, y en su tiempo causaron un serio conflicto diplomático a Chile, pues Croacia se encontraba con embargo de armas decretado por Naciones Unidas debido al conflicto que desangró a la ex Yugoslavia.
Cuando fue descubierto el cargamento, el entonces titular de Defensa, Patricio Rojas, solicitó a la Corte Suprema designar un ministro en visita para que investigara el caso, cargo que recayó en el ministro Enrique Correa de la Cerda
En enero de 1992, este magistrado tenía claro que la operación involucraba a altos mandos castrenses, por lo que interrogó al jefe del Departamento de Logística del Ejército, coronel Gerardo Huber, quien tras prestar testimonio ante el juez murió en extrañas circunstancias. Su caso, caratulado como homicidio, es instruido por ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Claudio Pavez, quien mantiene procesado a varios militares como autores de una asociación ilícita destinada a encubrir el asesinato.
Correa de la Cerda murió de cáncer gástrico a los pocos meses después y tras su deceso sufrió la investigación sufrió paralización pues su reemplazante, el actual ministro de la Corte Suprema Ricardo Gálvez, envió el proceso a la justicia militar donde durmió por casi quince años sin que se aclararan los hechos en su totalidad.
