Luego de que el Pleno del máximo tribunal reglamentara los procedimientos para investigar responsabilidades disciplinarias de funcionarios judiciales, existe la intención de que a futuro se abra un debate sobre el funcionamiento de esta instancia, la reserva de sus indagatorias. Incluso, no se descarta que pueda ser reemplazada por otro organismo.
El anuncio del Pleno de la Corte Suprema respecto a la puesta en marcha de un nuevo reglamento que regula los procedimientos de investigación disciplinaria de los miembros del Poder Judicial, causó más de una suspicacia en la comunidad jurídica. Las razones de las críticas se fundaron en que no existió pronunciamiento alguno respecto al funcionamiento de la Comisión de Ética.
Sin embargo, el vocero del máximo tribunal, Urbano Marín, reconoció que el tema podría tratarse más adelante, abriendo un debate que podría concluir con la decisión de transformar o, incluso, suprimir a la actual instancia disciplinaria. En la actualidad, la Comisión de Ética actúa como una especie de «colador» en las causas disciplinarias que finalmente deben ser investigadas por un fiscal judicial.
El nuevo reglamento de investigaciones disciplinarias, dictado esta semana, decreta un tiempo de 30 días de reserva de las indagatorias, que luego, inevitablemente, deben ser públicas. Sin embargo, esa medida no se aplicará en los antecedentes que maneja la Comisión de Ética.
Respondiendo una consulta de El Mostrador.cl, Marín explicó que no ha existido oficialmente un debate respecto al rol de este organismo, pero es posible que se lleve a cabo esa discusión en un próximo Pleno.
Y es que al interior del máximo tribunal están estudiando la dictación de un nuevo Código de Ética, una especie de catálogo que establecerá cuáles son las conductas permitidas y sancionadas para jueces y funcionarios del Poder Judicial.
Para ello, se estudian dos alternativas. La primera está a cargo del ministro Orlando Álvarez, quien desde el año pasado trabaja en conjunto con otros jueces de Iberoamérica en la creación de un Código de Ética Judicial para toda la región. Según Marín, se trata de un proyecto que está inserto en la postura de la Suprema. La segunda es un auto acordado, aprobado por la antigua Comisión de Ética, y que sentaría las bases del reglamento y la futura discusión en torno al tema.
Mayor transparencia
Las investigaciones que lleguen al Pleno de la Corte Suprema serán públicas una vez que el afectado sea notificado, ya que en esta etapa se asegura que existen méritos suficientes para suponer que se ha incurrido en una falta y que el grado de seriedad de la denuncia es alto.
«El fiscal judicial es el que decide cuando le notifica al afectado de que hay una investigación en curso que está iniciándose. Lo puede hacer de inmediato o después, si cree que todavía hay que reunir más antecedentes», explicó el vocero del máximo tribunal.
Agregó que de este modo se evita que los magistrados sean acusados y juzgados sin tener la certeza de los hechos, destacando -además- que el primero que debe enterarse de que está siendo investigado es el propio afectado. Para él, el periodo previo debe ser manejado por el investigador, ya que aún "no hay nada" y esto, a su juicio, no afecta ningún derecho del imputado.
El ministro Marín defendió el secreto y la reserva de las primeras etapas de las investigaciones, pues puede suceder que no se llegue a un resultado y "todo quede en nada". Según señaló, a veces las denuncias son infundadas o hay alcances de nombre y ni siquiera se trata de un funcionario judicial.
Además, ejemplificó que en una denuncia por un posible cohecho, sería necesario mantener la reserva para establecer las circunstancias en la que se produce una futura entrega de dinero y que este hecho sería posible dilucidar sólo si el afectado no se entera de que está siendo investigado.
Finalmente, comparó el proceso con el que existe en el actual sistema, donde la Fiscalía mantiene reservas en las indagatorias. No obstante, aclaró que la idea es transparentar todo lo que se pueda y que la persona que sea investigada será notificada oportunamente por un fiscal judicial respecto del proceso disciplinario en su contra.
