Ministro de Defensa afirma que proyecto enviado al Congreso »es lo que estamos en condiciones de hacer hoy día». Frente a la decisión de mantener en los tribunales castrenses el maltrato de obra a Carabineros, señala que »son temas que hay que considerar dentro del contexto de la vida cotidiana del país y darle el debido resguardo a las fuerzas de seguridad».
Pese a las críticas que han hecho algunos legisladores a la reforma a la justicia militar enviada hace dos semanas por el Ejecutivo al Senado, el ministro de Defensa, José Goñi, calificó este hecho como "un gran paso adelante".
El proyecto modifica la competencia de estas judicaturas y deroga la pena de muerte, que eran los requisitos fundamentales que debía cumplir para cumplir con los fallos de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos Palamara y Almonacid.
En el mensaje enviado al Parlamento no hace una reforma integral de la justicia militar, pues quedan pendientes la organización, el procedimiento, readecuar los tipos penales que se encuentran en el Código de Justicia Militar.
Ello quedará en manos de una comisión técnica que aún tiene que ser nombrada el Ministerio de Defensa y que deberá abordar y estudiar estas materias, para concretar en un nuevo proyecto de ley a fines del 2008
De hecho, el propio ministro Goñi reconoció que "este es un proceso que hay que ir por etapas y esto es lo que estamos en condiciones de hacer hoy día".
Requerido por El Mostrador.cl sobre qué materias analizará la instancia técnica, dijo que se apuntará a «una transformación de fondo estructural, que tendrá que ser debidamente estudiada y analizada por los diversos actores por la comisión ad hoc".
Maltrato de obra
Una de las principales controversias que se generará en la discusión parlamentaria es la decisión del Gobierno de mantener el maltrato de obra a Carabineros bajo jurisdicción de los tribunales militares.
Para algunos actores, ello resulta bastante anacrónico si se piensa que los cambios no abordan una readecuación del sistema a uno oral y abierto como la reforma procesal penal.
Ese sólo aspecto dejaría en desmedro a los civiles que sean acusados de ese delito y pasados a la justicia militar, ya que se enfrentarán a unos tribunales que utilizan un método inquisitivo.
Varios legisladores manifestaron su oposición a esta situación, ya que consideran que el maltrato de obra debe ser visto por los tribunales ordinarios, pues se trata de delitos cometidos por civiles.
Consultado el ministro de Defensa sobre la decisión de mantener la competencia de los tribunales militares para este tipo de delitos, dijo que "son temas que hay que considerar dentro del contexto de la vida cotidiana del país y darle el debido resguardo a las fuerzas de seguridad".
El contraste en Argentina
En este mismo tema, en Argentina la situación es diametralmente distinta ya que se determinó "derogar el fuero militar", es decir, que los tribunales ordinarios sean los encargados de ver cualquier delito cometido por uniformados.
La ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, en una columna en el diario El Clarín, señaló que "esta unificación de todo el sistema punitivo elimina una antigua forma de discriminación que puede ser cuestionada por manifestar una especie de privilegio o fuero especial o porque -según el punto de vista adoptado-, impide a quienes son militares ser sometidos al juzgamiento en idénticas condiciones a las que se somete a los demás ciudadanos".
Agregó que "el cambio también resulta indispensable ante la necesidad de desmontar un esquema de control penal y disciplinario que, bajo el pretexto de la especificidad y la unidad, resulta muy poco transparente y facilita su utilización arbitraria, ya sea generando inequidad en algunos caos o impunidad en otros".
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