Otras 10 personas, entre las que destacan tres ex generales, esperan fallo de primera instancia con presidios que van hasta los 15 años de reclusión. Caso por envío ilegal de pertrechos, ocurrido en 1991, culminará luego de dos investigaciones que juntas suman casi 16 años.
El ministro en visita Alejandro Solís dictó el primer sobreseimiento en el proceso que indaga por el tráfico de armas a Croacia ocurrido en 1991 y que actualmente se encuentra en la etapa de plenario (instancia similar a un juicio oral). La decisión favoreció al ex empleado civil de Famae y quien fuera el encargado de finanzas, José Sobrazo Pobrete.
El dictamen en medio del plenario se debió a que acogió la figura legal llamada "excepción de previo y especial pronunciamiento" presentada por la defensa de Sobarzo, quien junto a otras 10 personas estaba acusado de exportación de material de uso bélico y falsedad.
De esta manera, una vez terminado el plenario, el magistrado se apresta a dictar las condenas de primera instancia que parten desde los 541 días de presidio hasta los 15 años de reclusión, en una indagatoria que comenzó en diciembre de 1991 y que debió ser reabierta por la Corte Marcial, luego de que la justicia militar dictara condenas irrisorias.
En la investigación que llevó Solís, logró acreditar que el tráfico ilegal de armas a Croacia -que se llevó a cabo en momentos en que ese país estaba involucrado en la Guerra de los Balcanes- fue una operación ideada desde la más alta jerarquía del Ejército con el fin de aumentar el patrimonio de Famae.
En el caso Riggs, sin embargo, quedó acreditado que algunos de esos dineros terminaron en una de las cientos de cuentas que Augusto Pinochet abrió para derivar los activos de su fortuna presuntamente ilícita.
Los futuros condenados
La acusación dictada por Solís a mediados de año comprende los cargos por autoría del delito de exportación ilegal de armas contra los generales en retiro Guillermo Letelier Skinner, Carlos Krumm Rojas y Vicente Rodríguez Bustos (FACH).
En la misma calidad están el mayor (R) Carlos Sepúlveda Cataldo, el coronel (R) David Fuenzalida González; los capitanes (R) Patricio Pérez Villagrán (FACH) y Patricio Araya Hermosilla (Ejército); el empleado civil de Logística del Ejército Ramón Pérez Orellana y la ex secretaria del Centro de Negocios de Famae Carmen Molina Valdés, acusada como cómplice.
La misma acusación enfrentan los civiles Antonio Sahd Salomón, gerente de la empresa Main Cargo, que gestionó el embarque aéreo de los 36 bultos que aparecieron en el aeropuerto de Budapest (Hungría) y que tenían como destino final la ciudad de Zagreb, capital de una república que en esa época estaba en guerra civil; y Sergio Polmann Müller, quien realizó la labores de agentes de aduanas para el embarque.
Letelier Skinner, adicionalmente, se encuentra acusado por el delito de falsedad, sancionado en el Código de Justicia Militar, por «informar faltando a la verdad, mediante un documento afecto al servicio de las instituciones armadas y dar copia en forma fehaciente de un instrumento supuesto».
El caso armas está vinculado al homicidio del coronel Gerardo Huber, quien apareció muerto a principios de 1992 con un tiro en la cabeza. Huber era el jefe de operaciones exteriores de la logística castrense y también estuvo envuelto en el envío de fusiles.
Este caso lo sustancia actualmente el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel Claudio Pavez y en él se encuentran procesados por el delito de asociación ilícita cinco ex altos oficiales del Ejército.
