Idea forma parte de una serie de medidas que comisión de Educación de la cámara alta presentará al Ejecutivo para asegurar la calidad de las instituciones y evitar »publicidad engañosa» que pueda provocar situaciones como la vivida por cerca de 15 mil jóvenes, quienes se encontraron con que el campo laboral ofrecido en el área criminalística no era real.
Tras la desilusión de cerca de 15 mil estudiantes de Perito de Criminalística, que se encontraron con la realidad de que sus carreras no tenían el campo laboral prometido por sus universidades, la comisión de Educación del Senado acordó algunas propuestas para ayudarlos y, al mismo tiempo, evitar que otros alumnos se enfrenten a esta situación.
El miércoles, y tras varios meses de investigación, acordaron proponer al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley para establecer un sistema que haga obligatoria la acreditación de todas las instituciones y carreras que se impartan en la educación superior, ya que actualmente sólo las de Pedagogía y Medicina deben contar con este respaldo.
De esta forma, se busca "abrir la posibilidad de establecer mecanismos legales a través de los cuales obligar a las universidades a dar a conocer alcances de cada una de sus carreras, como por ejemplo el campo de empleo, el currículum de la entidad y también su calidad", explica Ricardo Nuñez (PS), miembro de la comisión de Educación.
"No se trata de atentar contra la autonomía universitaria, se trata de que las casas de estudio trasparenten las alternativas educativas que tienen, haciendo más accesible a los jóvenes los datos que ellos y sus padres requieren para saber los alcances reales de las carreras que han elegido en todos los ámbitos", indica.
Paralelamente, consideran necesario incorporar en la ley 19.946, que protege los derechos de los consumidores, una mayor capacidad al Ministerio de Educación (Mineduc) de intervención en lo relativo a las materias educacionales, sobretodo en los casos que exista publicidad engañosa.
El legislador asegura que estas medidas son necesarias, ya que "hemos constatado, al igual que los jóvenes, que la publicidad de estas carreras -perito criminalístico, perito forense e investigador forense- atentó seriamente con algunas disposiciones de la ley del Consumidor, por lo que el tema es más de fondo: se trata de establecer mecanismo para que esto no vuelva a ocurrir".
Además de estas medidas, la comisión solicitará a la mencionada cartera que continúe actuando como mediador y articulador de las situaciones particulares de los afectados.
El instituto profesional Iplacex y las universidades Tecnológica Metreopolitana (UTEM), Del Mar y Santo Tomás fueron algunas de las entidades que ofrecieron campos ocupacionales que en la práctica no se cumplían y que incluían el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública e instituciones policiales.
Los procesos iniciados
A raíz de esta situación, se han recibido cerca de 800 reclamaciones en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), de las cuales algunas ya están en tribunales, asevera el director de la entidad, José Roa.
"De hecho, ya hemos tenido fallos que han establecido que ciertas instituciones no han cumplido la ley del consumidor sobre las que se han establecido multas de beneficio fiscal, indemnizaciones en beneficio de los consumidores por el daño causado producto del incumplimiento de la ley por parte de éstas y junto con esto en las diversas regiones se han iniciado procedimientos de mediación que se refiere a una búsqueda de entendimiento entre los estudiantes y las instituciones", agrega.
De las 13 regiones, hay seis que ya han presentado antecedentes en los tribunales. En cuatro de ellas se encuentran los abogados estudiando los distintos expedientes y en tres está pendiente el proceso de mediación.
"En una línea paralela, en conjunto con el Mineduc, hemos requerido a las distintas instituciones la información respecto de las publicidades y las aseveraciones que realizaron así como los antecedentes que permitan comprobar dichas aseveraciones. Al mismo tiempo hemos oficiado a las instituciones vinculadas en este caso con la reforma procesal penal a objeto de que nos puedan complementar la información entregada en lo relativo al campo laboral. Eso está hoy en análisis y en función de los resultados se evaluarán las acciones que correspondan", señala Roa.
El rol del Sernac
El Sernac regula, a través de la ley del Consumidor, la manera en que las entidades educacionales entregan la información, exigiendo que esta sea veraz, oportuna y que no induzca a engaño o error, además de ser comprobable.
Por otra parte, establece un derecho especial para alumnos de primer año, que es el derecho a retracto, es decir que los estudiantes pueden "arrepentirse" sin tener que expresar los motivos, antes de 10 días contados a la fecha de publicación de los resultados de las inscripciones a la universidad.
También considera normas respecto de la equidad como del equilibrio en las condiciones de los contratos de adhesión. Y finalmente, un procedimiento para poder hacer efectivos estos derechos.
Hoy se encuentra en discusión una regulación específica en materia de calidad en la educación, a propósito de una serie de leyes, incluida la que crea la Superintendencia de Educación.
En el caso de cualquier alumno que no haya recibido información de manera oportuna de su casa de estudios, ésta no haya sido verdadera, induzca a error o engaño o no resulta ser comprobable, "tiene todo el derecho a reclamar primero ante la institución y a falta de respuesta recurrir al Sernac o a los tribunales de justicia", puntualiza Roa.
