Fundación Defendamos la Ciudad solicitó al organismo señalar si la Contraloría está inhibida para dictaminar sobre las materias de fondo de los actos de la Administración del Estado, como han sostenido algunos fallos de los tribunales de justicia.
La Fundación Defendamos la Ciudad presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie si la Contraloría General de la República está inhibida para dictaminar sobre las materias de fondo de los actos de la Administración del Estado.
Lo anterior, a raíz de diversos fallos de los tribunales, el último referido a la planta de gas propano de Metrogas en Peñalolén de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que desestimó un dictamen del organismo fiscalizador había ordenado paralizar la construcción.
«Estos asuntos de contienda de competencia entre la Contraloría General y los tribunales superiores de justicia generalmente se llevan al Senado de la República, pero nosotros hemos decidido otro camino y por ello vamos al Tribunal Constitucional para que éste haga primar el texto y el espíritu de la carta magna", indicó Patricio Herman, presidente de la fundación.
«Y es así como estamos absolutamente seguros que el Tribunal Constitucional, en el ejercicio de sus deberes, resolverá que, de acuerdo al mandato constitucional la Contraloría General de la República dispone de todas las atribuciones para resolver las materias que tengan que ver con la forma y con el fondo de los actos administrativos", agregó.
El pasado 28 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por la empresa Metrogas contra los dictámenes de la Contraloría que, en agosto pasado, anuló los permisos provisorios para la instalación de una planta de gas propano.
Según el dictamen, el organismo sólo debe realizar controles de legalidad de las resoluciones de organismos del Estado y no cuestionar sus aspectos sustantivos.
Herman sostuvo que los tribunales aducen que sólo las autoridades del Ejecutivo y los municipios son los únicos llamados a decidir sobre las materias de sus competencias y que la Contraloría no puede pronunciarse sobre las decisiones ya tomadas por esas autoridades políticas.
«Los que propugnamos el apego irrestricto a la ley estamos en desacuerdo con esa curiosísima teoría y por ello, en nuestra labor de fiscalización ciudadana en el ámbito amplio del desarrollo de la ciudad, hemos llevado a la Contraloría General innumerables situaciones para que ella resuelva en derecho", sostuvo.
«La probidad exige mayor control en un país en donde la corrupción es creciente y por ello esperamos con suma tranquilidad la aclaración que emitirá próximamente el Tribunal Constitucional. Sólo con una Contraloría fuerte, autónoma e independiente y con dictámenes que tengan imperio, Chile más adelante podrá ser considerado un país serio y responsable", puntualizó.
