Actas del Consejo Nacional de Licitaciones de la Defensoría Penal Pública revelan cronología de hechos que terminaron con la salida de Eduardo Sepúlveda (PS). Representante del Gobierno cuestionó auditoría encargada por la subsecretaria de Justicia, mientras que el del Colegio de Abogados -ligado a la derecha- apoya la gestión del defensor. Vea documentos
La reciente salida del defensor nacional, Eduardo Sepúlveda (PS), no deja de entregar sorpresas. Más allá de las formalidades de este último en su despedida o de las palabras de buena crianza del ministro de Justicia, Carlos Maldonado (PRSD), lo cierto es que hay hechos en la cronología de este episodio que revelan cómo fue creándose el ambiente que derivó en la renuncia del funcionario.
Diversos documentos obtenidos por El Mostrador.cl revelan que el camino seguido desde agosto de 2007, cuando la abogada Rosario Gómez reclamó contra el sistema de licitaciones, hasta fines de diciembre, cuando se le solicitó la renuncia a Sepúlveda, está lleno de contradicciones.
Como broche de oro, Sepúlveda envió una dura respuesta -en un documento de 17 páginas- al ministro Maldonado, donde se queja de la "falta de rigor" con que se llevó a cabo una auditoría encargada por la subsecretaria del ramo, Verónica Baraona (DC), toda vez que el fiscalizador era un "personero no especializado".
Carta envenenada
La historia comienza a gestarse el 24 de agosto, cuando Baraona envió a la Defensoría Penal Pública, mediante el documento 638, una solicitud de diversos antecedentes para determinar si el procedimiento de licitación se estaba realizando con apego a la ley.
En septiembre, mediante el oficio 0357 del 14 de septiembre, Sepúlveda respondió los requerimientos de Baraona, los que le fueron allegados al secretario de Estado. (Documento 2)
Este último recibió las "observaciones técnicas" de la Unidad de Reformas Judiciales (URJ), que es dirigida por Andrés Mahnke, un ex funcionario de la Defensoría y actual asesor de la subsecretaría, cuya esposa -la periodista Catalina Sada- fue despedida el año pasado por Sepúlveda, tras un impasse comunicacional que le afectó.
Con los antecedentes en la mano, el 10 de octubre, Maldonado ordenó, a través del memorándum 13 (documento 3), la realización de una auditoría en la Defensoría. Baraona cumplió la orden y nombró a Gonzalo Droguett (documento 4).
Al día siguiente, Baraona envía otro documento, el 7509, donde se solicita que detenga las licitaciones en la Zona 5 Sur (Documento 5).
Sin embargo, a renglón seguido reconoce que según el acta del 18 de enero de 2007, el Consejo de Licitaciones le encargó a Sepúlveda que preparara las nuevos llamados a las mismas. La decisión fue tomada en esa oportunidad con información entregada por el ex defensor.
El Consejo de Licitaciones está compuesto por la subsecretaria Barahona, Manuel Brito (Ministerio de Hacienda), Marcela Radovic (Mideplan), Orlando Poblete (Colegio de Abogados) y Vivian Bullemore (Consejo de Rectores).
En todo caso, al defensor Sepúlveda hasta el 26 de septiembre aún no le era enviado el reclamo presentado por Rosario Gómez y otras empresas licitadas (documento 1), procedimiento básico para la contestación de cualquier solicitud o imputación.
Previendo que esta situación anómala podía tener consecuencias, el titular de la Defensoría entonces decidió contraatacar. Y lo hizo a través del oficio 434 del 31 de octubre de cinco páginas (Documento 6).
En el documento, Sepúlveda se queja de esta situación, insistiendo que las mediciones sobre la proyección de causas, que derivaba en una nueva licitación para la Zona 5, estaban bien hechas, toda vez que habían sido aprobadas por el Consejo de Licitaciones y que detenerla no resultaba legal.
Los problemas
La auditoría, en tanto seguía su curso, finalizando el 2 de noviembre, cuando a través del memorándum 361, el auditor Gonzalo Droguett le envió la indagatoria terminada a la subsecretaria Baraona (Documento 7).
En 12 páginas, Droguett asegura que las licitaciones no eran necesarias y que no se tomó en cuenta la opinión del defensor regional norte, Leonardo Moreno, recomendando que exista mejor coordinación con la unidad nacional, ya que integrar nuevos abogados implicaría que las empresas que prestan servicios podrían a llegar a provocar problemas contractuales a la defensoría.
A este completo informe, le siguió la sesión del Consejo de Licitaciones el 13 de diciembre. Las conclusiones de la auditoría aún no eran conocidas por la Defensoría.
De este encuentro quedó el acta N° 35 que revela que el principal tema tratado fue la denuncia de Rosario Gómez contra el sistema de licitaciones de la Defensoría (Documento 8).
La subsecretaria Baraona dio cuenta de las conclusiones de la auditoría y asegura que debió ser incluido el informe de la Defensoría Norte.
Contrario a lo esperado, el agregado del Colegio de Abogados -representante de la derecha en el Consejo- Orlando Poblete, apoya la gestión de Sepúlveda, aunque reconoce que pudiera haber un error "pero no de mala fe ni negligencia" y solicita se "aclaren las diferencias entre las proyecciones de la Defensoría Nacional y Metropolitana Norte".
Sepúlveda entonces toma la palabra, insistiendo en que sus cálculos "presentan alta certeza y precisión" y que no se verán afectados los intereses de la abogada que hizo la reclamación y manifestando su molestia porque los resultados de la auditoría se conocieran en ese instante, dejando entrever que se trataba de una encerrona de la subsecretaria.
La consejera Marcela Radovic, representante del Mideplan, aseguró "no ver en qué forma se habría vulnerado, que derecho conculcado ni la naturaleza de la auditoría".
"Le queda una nebulosa, este error que para el ministerio es un hecho. ¿De qué carácter es?, ¿matemático, estadístico de apreciación?", preguntó.
La sesión incluye algunos acuerdos, como la creación de un reglamento para el Consejo de Licitaciones y que para futuras decisiones se oirá el defensor regional que corresponda, toda vez que las actas se harían llegar al ministro Maldonado.
Además se dejó establecido que las presentaciones de las empresas reclamantes se tratarán en otra sesión.
El 17 de diciembre la subsecretaria Baraona envía una copia de la auditoría a Sepúlveda con el oficio 8947, donde le recomienda "adopte las medidas necesarias y acoja las sugerencias y/o recomendaciones propuestas a informe"
(Documento 9).
El 20 de diciembre realiza la continuación de la sesión del Consejo de Licitaciones.
Pero en esta oportunidad, junto a los miembros ya mencionados, exponen el defensor regional del Bio-Bio, Georgy Schubert, y el jefe de Evaluación, Control y Reclamaciones de la Defensoría Nacional, Alejandro Salinas.
Ambos detallaron los reclamos de las empresas en cuestión y el Consejo de Licitaciones resolvió rechazar las presentaciones. Sin embargo, se dejó constancia de una salvedad: no es la que resuelve ese tipo de reclamos, al menos en primera instancia. En otras palabras, los antecedentes deben pasar primero por la defensoría regional y, en el caso de Sepúlveda, el primero que debió ver el tema no era Maldonado, sino Leonardo Moreno.
Sepúlveda había ganado una batalla -ya que una de las situaciones reclamadas era precisamente la ilegalidad del procedimiento- pero no la guerra, ya que Maldonado le pediría la renuncia, la que finalmente fue aceptada el 29 de diciembre.
Pero también hay otra arista. Y es que Rosario Gómez presentó una denuncia a la Contraloría, la que sigue tramitándose.
Sepúlveda, tras sus conversaciones con el ministro Maldonado, no ha decidido si vuelve a su cargo de defensor regional sur, ya que cuando asumió la jefatura nacional de la institución dejó "congelado" su puesto. Todo indica, en todo caso, que ello no ocurrirá.
Sin embargo, el viernes recién pasado, quizás con algo de molestia por la vinculación que se hizo de su salida con presuntas anomalías, Sepúlveda aprovechó la oportunidad de enviar un mensaje claro a la subsecretaria, señalando que habían querido manchar su "prestigio profesional".
A mayor abundamiento, el 3 de enero pasado, antes de tomarse sus vacaciones -que finalizan el 1 de marzo- Sepúlveda aprovechó la oportunidad para responder a la auditoría ordenada por Verónica Baraona (Documento 10).
En el informe de 17 páginas, Sepúlveda acusa falta de "rigor técnico" y "desconocimiento" de las materias de licitaciones del auditor del Ministerio de Justicia.
Vea documentos (En PDF)
Documento 1
Documento 2
Documento 3
Documento 4
Documento 5
Documento 6
Documento 7
Documento 8
Documento 9
Documento 10
