Con el objeto de dar a conocer su parecer al gobierno y, particularmente, a los ministerios que integran la nueva comisión intergubernamental para asuntos indígenas, los codirectores del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Nancy Yáñez y José Aylwin, se reunieron con el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, y el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.
En la ocasión se les planteó la preocupación por un conjunto de situaciones relativas a los pueblos indígenas, especialmente del pueblo mapuche. Entre ellas, y de modo prioritario debido a la gravedad que reviste, se hizo ver «la condición de Patricia Troncoso que cumplió hoy 100 días de huelga de hambre, lo que representa un claro riesgo para su vida, sin que hasta ahora sus demandas sean atendidas. Por ello pedimos a las autoridades hacer todos los esfuerzos para que den una solución urgente y definitiva».
Otro aspecto relevante abordado, y que en los últimos días ha sido tema de gran debate tras el asesinato de Matías Catrileo por parte de carabineros, son los hechos de violencia policía que afectan a comunidades mapuche en la Araucanía.
Para ello, los representantes del Observatorio entregaron un informe con un detalle de 20 casos «que permiten sostener que no hay una revisión frente a este accionar, como lo ha solicitado el Comité Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño de la ONU, así como distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos».
De acuerdo a lo señalado por Aylwin, «con este informe constatamos la gravedad que este actuar abusivo e impune de la policía de carabineros representa, así como la amenaza que constituye para la convivencia intercultural en el país. En este sentido, tememos que de mantenerse estos hechos sin investigación y adecuada sanción, esta espiral de hechos de violencia, como los que provocaron la muerte de Matías, se incremente».
Es por ello que el Observatorio instó a las autoridades a adoptar todas las medidas administrativas y legislativas necesarias para poner fin a estos abusos policiales y a garantizar que los delitos que involucren a los agentes policiales del estado sean vistos y sancionados por tribunales imparciales. «Ello con el fin de garantizar la convivencia intercultural pacífica en los territorios indígenas», aseguraron.
Finalmente, respecto a la ratificación del Convenio 169 de la OIT, se representó a ambas autoridades la preocupación que han manifestado tanto organizaciones indígenas y organismos de derechos humanos por las implicancias que podría tener la declaración interpretativa aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en particular respecto de la aplicación en Chile de los lineamientos establecidos por la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el pasado 13 de septiembre de 2007, con el voto favorable de Chile.
Frente a lo cual el ministro Viera Gallo, confirmó que el gobierno «esperará la respuesta de la OIT, para resolver respecto de la validez de la controvertida declaración interpretativa».
