Dictamen favorece al subcomisario César Contreras, separado de la policía tras un operativo que buscó vincularlo con ilícitos de índole sexual. Organismo también fustiga al director Arturo Herrera por incumplir un instructivo anterior y porque procedimientos de Consejo Superior de Ética Policial son secretos y no se apegan a la legalidad.
La Contraloría General de la República ordenó a la Presidenta Michelle Bachelet que anule el decreto que expulsó al subcomisario César Contreras, por su orientación sexual.
En un dictamen fechado el 29 de enero último, al que tuvo acceso El Mostrador.cl, el organismo determinó que la decisión tomada por el Consejo Superior de Ética Policial (CSEP) no se apega a la legalidad, ya que los argumentos para adoptar la medida fueron secretos, ni tampoco se comunicaron al afectado.
El CSEP fue creado en la administración del ex director Nelson Mery, con el fin de uniformar los criterios de comportamiento policial al inicio de la transición y han sido profundizados por Arturo Herrera, en materias como los derechos humanos, entre otros tópicos.
De esta manera, Bachelet deberá retrotraer la toma de razón del Ministerio de Defensa, encabezado por José Goñi, y de la subsecretaría de Investigaciones, dirigida por el radical Ricardo Navarrete.
La decisión de la Contraloría mantuvo a este último funcionario preocupado, porque implicaba quitarle piso a Herrera, como también a la entidad gubernamental que dirige.
Por la misma razón, se había pedido al organismo fiscalizador un nuevo pronunciamiento a fin de evitar errores de procedimiento, pero la respuesta fue exactamente la misma: la Constitución y el estatuto administrativo se superponen a la decisión de un ente -el CSEP- que transgrede la legalidad vigente.
"En consecuencia, corresponde que la Presidenta de la República, a través del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Investigaciones, invalide los aludidos decretos, lo cual provocará la reincorporación de los afectados a la Policía de Investigaciones de Chile", señala el documento.
La resolución de la Contraloría enfatiza la ilegalidad que supone el CSEP, ya que fue creada sólo en virtud de una disposición interna. Y a renglón seguido insiste en que cada "acto administrativo" debe estar basado en hechos reales y con fundamentos racionales.
En palabras del organismo, la "ausencia de motivación del acto administrativo, constituye un vicio que recae en un requisito esencial del mismo, ya que, tratándose de actos administrativos discrecionales, como es el caso, la motivación es un elemento necesario para cautelar la juridicidad del acto".
Investigaciones deberá pagar los meses de remuneraciones adeudados al detective, como también todos los beneficios que perdió durante el tiempo en el que había permanecido marginado de la institución.
Hechos no probados
El drama de Contreras Segura, comenzó en 2003, según ha declarado públicamente, cuando fue trasladado desde el norte a Santiago. Su versión indica que el Departamento Quinto de Asuntos Internos lo investigó por su orientación sexual, denunciándolo por hechos que no fueron probados judicialmente.
«Mi expulsión se enmarcó en antecedentes truncos, incompletos y a una investigación guiada para perseguir mi orientación sexual y no mi participación real o no en el supuesto delito denunciado, a un punto que no se realizó el sumario administrativo correspondiente", señaló Contreras en su escrito presentado a la Mandataria en diciembre pasado.
El dictamen de la Contraloría resuelve una discriminación que ha sido objeto de críticas por la homofobia declarada en las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad, como la reciente expulsión de dos carabineros por su opción sexual.
En Estados Unidos, en 1996 el prestigiado periodista Thomas E. Ricks, de la revista Atlantic publicó un amplio reportaje sobre el "sexo camuflado" (sex in camouflage), referido a las políticas conservadoras de las Fuerzas Armadas.
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