Después de más de cuatro horas de discusión, organismo regional decidió aprobar el estudio de impacto ambiental (EIA) presentado por la empresa. Alcalde Claudio Orrego recordó que la Corte Suprema todavía debe pronunciarse al respecto y que esto marca un pésimo precedente medioambiental, mientras que intendente Álvaro Erazo aseguró que se tomarán todos los resguardos.
Tras una extensa y tensa sesión, la Comisión Regional metropolitana de Medio Ambiente (Corema) decidió aprobar, con 16 votos a favor, dos en contra y una abstención, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre el proyecto de la planta de respaldo de Metrogas en Peñalolén.
La decisión fue antecedida de la revelación de un oficio de los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de Economía, Hugo Lavados, enviado al alcalde de La Reina, Luis Montt (RN), para que autorizara obras de Metrogas ligadas a la controvertida planta.
El documento, enviado el pasado 25 de enero, ordenaba al municipio "obras menores" relativas a la instalación de tuberías que servirían de enlace a la planta de respaldo y que el municipio se había negado a autorizar, debido a que la Corema tenía pendiente la aprobación del EIA.
Sin embargo, la orden de Pérez Yoma fue perentoria: "El municipio debe otorgar dicho permiso".
Cargos y descargos
La reunión, realizada en el segundo piso de la Intendencia Metropolitana, se extendió por más de cuatro horas y no estuvo exenta de polémica, opiniones encontradas, solicitud de aclaraciones e, incluso, del desalojo de más de algún asistente.
Incluso, al finalizar el encuentro, los vecinos afectados iniciaron una gran revuelta acusando a Metrogas y a la Corema de haber fallado en desmedro de ellos y a favor de los intereses de la empresa. Frases como «¡vendidos!» y «¡no a Metrogas!», llenaron las dependencias del edificio.
En medio del revuelo, el alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego (DC), lamentó la decisión de la Corema y aseguró que "vamos a agotar hasta el último recurso en tribunales porque no vamos a aceptar que la empresa ahorre dinero a costa de la seguridad de los vecinos y también de debilitar la legislación ambiental chilena. Es un mal precedente para Chile y ya lo dijo la Contraloría"
El edil recordó que aún está pendiente el fallo de la Corte Suprema que podría revertir la decisión, pues abrigan la esperanza de que la máxima instancia judicial respalde el dictamen de la Contraloría General de la República, que estimó que el proyecto no era viable por encontrarse emplazado en una zona de protección ecológica.
Por su parte, el intendente metropolitano, Álvaro Erazo, señaló que "fue un debate franco, abierto, donde se escucharon todos los argumentos técnicos, las organizaciones que estaban presentes y también fuimos capaces de elevar el debate para llegar a la posición de aprobar este proyecto".
Además, precisó que "no se mantiene en el tiempo. Va a funcionar sólo por cinco años y está garantizado desde el punto de vista de seguridad. Este sistema de carácter molesto, no es de riesgo ni peligroso y es importante que entre en operación cuando los otros sistemas de respaldo, sobre todo el de Maipú, empiezan sus funciones y se agota la disponibilidad del gas".
Y agregó que la planta operará sólo en situación de emergencia y en tiempos acotados, siendo el último recurso que entraría a operar en caso de falta de suministro de gas natural.
Tensa sesión
Durante las más de cuatro horas del encuentro, se establecieron diversos puntos de vista, tanto técnicos como ciudadanos. Y si bien los organismos sectoriales unánimemente dieron el visto bueno al EIA presentado por la empresa, especificaron varias fórmulas de mitigación.
Entre ellas, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones exigió una vía de evacuación paralela al camino existente, ya que en caso de que este se viera obstruido sería necesario contar con una alternativa de escape, ante lo que Metrogas precisó que esto sería viable siempre y cuando los propios vecinos aprobaran el uso de un sitio específico para poder hacerlo.
Y aunque se cuestionaron bastante las presentaciones de la mayoría de los organismos sectoriales, quizás la que causó más polémica fue la argumentación de la Seremi de Vivienda y Urbanismo con respecto al uso de suelos.
El argumento utilizado para respaldar el proyecto fue que, según las modificaciones al marco legal que reglamenta el territorio, es factible la construcción de la planta e incluso otro tipo de instalaciones.
Ante esto, vecinos indignados interrumpieron su discurso e incluso el consejero regional Mauricio Morales (DC) pidió que, con "la mano en el corazón", explicaran si creían prudente que una planta de esas características se instalara a escasos metros de viviendas.
Frente al emplazamiento, los representantes del órgano sectorial admitieron que éste no cuenta con las herramientas para "decir que no" y que su postura se basaba en la legalidad vigente.
De hecho, el consejero regional Manuel Urrutia (PS), el único que se abstuvo, argumentó que a la hora de definir el uso de suelos el Ministerio de Vivienda no puede resolver con un trámite administrativo, sino que se debe realizar a nivel legislativo. «La Contraloría General de la República utiliza este argumento para no instalar la planta ahí y hoy todavía no esta resuelto el tema de cambio de suelo, ya que está en la Corte Suprema. Y eso hace que el Ministerio de Vivienda tuviera una posición ambigua y no resolutiva respecto al tema".
Los votos en contra
Sólo dos consejeros regionales votaron en contra: Mauricio Morales y Félix Viveros (RN), quienes desde un principio cuestionaron la iniciativa. El primero, al iniciar la ronda de argumentaciones objetó que la decisión se tomara "entre gallos y medianoche" -por el período de vacaciones-, que a la larga llevaría a "colocar una bomba en un sitio urbano".
En tanto, Viveros se manifestó como un férreo opositor a la medida, argumentando que a pesar de ser de tendencia "centroderechista", tenía claro que no se podía favorecer a las empresas en desmedro de la ciudadanía.
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