«Espero que la justicia se pronuncie cuanto antes para que estos oficiales puedan retornar a la vida activa si es que eso es posible», dijo el jefe de la institución castrense de ese país, general Jorge Rosales.
El jefe del Ejército de Uruguay, general Jorge Rosales, abogó este martes en Santiago para que la justicia permita el retorno a su país de tres militares uruguayos procesados por su vinculación con el homicidio del químico de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Eugenio Berríos.
Rosales, quien llegó a Santiago para participar en la X Reunión de Comandantes de Ejército del Mercosur y Asociados, hizo estas declaraciones en La Moneda, tras una reunión junto a sus colegas de la región con la Presidenta Michelle Bachelet.
«Como comandante me preocupa muchísimo, ya que tengo dos oficiales en actividad que están en esta situación completamente excepcional», dijo el militar.
El coronel retirado del Ejército uruguayo Tomás Casella y los coroneles en servicio activo, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli fueron extraditados en abril de 2006 desde Uruguay.
En Santiago, el juez a cargo del proceso, Alejandro Madrid, los procesó como presuntos autores de asociación ilícita para secuestrar en 1991 a Berríos.
En septiembre de 2006, las justicia chilena les concedió la libertad provisional, pero quedaron sujetos a una orden de arraigo que les impide abandonar el territorio nacional.
Desde entonces, los tres han solicitado en dos ocasiones, la última en diciembre pasado, permiso para viajar a su país, con el compromiso de seguir a disposición de la justicia chilena, pero con resultados negativos.
«Espero que la justicia se pronuncie cuanto antes para que estos oficiales puedan retornar a la vida activa si es que eso es posible», dijo el jefe del Ejército de Uruguay, quien visitó a los tres uniformados antes de comenzar sus actividades oficiales.
«No sé cual será el dictamen de la justicia, pero en este momento estamos en una situación de incertidumbre con respecto a como sigue este proceso», subrayó.
Añadió que los tres oficiales imputados «están acatando plenamente lo que la justicia les exige y esperanzados de que este proceso tenga un fin y tengan una idea más clara de lo que será su futuro. Están en una situación muy delicada», recalcó.
Eugenio Berríos, a quien se atribuye la fabricación de gas sarín y otras sustancias químicas que el régimen militar utilizó para asesinar opositores, fue sacado de Chile en 1991 para evitar que declarara en el proceso por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.
El agente fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de su paradero hasta abril de 1995, cuando se encontró su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, en una playa.
Como presuntos autores materiales del secuestro y homicidio están procesados los ex mayores del Ejército chileno Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa.
También fueron enjuiciados, por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, ambos ex jefes de la DINA.
EFE
