Frez y Tupper eligieron el estudio de Carlos Balbontín, un destacado penalista del foro que ha defendido a importantes bancos de la plaza, en grandes procesos de los últimos siete años, como Inverlink y el caso Riggs, relacionado a las cuentas de Pinochet. El profesional trabajará con dos profesionales del mismo bufet, Waldo Bown y Carolina Obreque.
Los dos ejecutivos del gigante indio Tata, Domingo Frez y Andrés Tupper, iniciaron formalmente su defensa ante la Fiscalía Centro Norte, en el marco de la investigación que lleva la perseguidora penal, Alejandra Godoy, por la presuntas irregularidades en la millonaria licitación para cambiar la plataforma informática del Registro Civil.
Frez y Tupper eligieron el estudio de Carlos Balbontín, un destacado penalista del foro que ha defendido a importantes bancos de la plaza en grandes procesos de los últimos siete años, sin tomar en cuenta su experiencia anterior. Este último, trabajará con dos profesionales del mismo bufet, Waldo Bown y Carolina Obreque.
El patrocinio y poder, documento que formalmente se presenta ante el Séptimo Juzgado de Garantía para representar, fue ingresado hace poco más de una semana.
Este bufet tiene amplia experiencia en materias penales vinculadas con entidades financieras en casos judiciales como el escándalo de Inverlink, representando al BBVA y en la causa que se tramita en la Corte de Apelaciones de Santiago por las millonarias cuentas del fallecido general (R) Augusto Pinochet en el Riggs, trabajando para el Banco de Chile, que le mantuvo cuentas al ex dictador en el país y Estados Unidos.
En la indagatoria que sustancia la Fiscalía Centro Norte, actualmente se encuentra formalizado por cohecho, revelación de secreto y en prisión preventiva el ex asesor Andrés Contardo. Esto, porque al mismo tiempo de trabajar para el Registro Civil, lo hacía para Tata Chile, cuando se revisaban las bases de licitación que modificarían la plataforma computacional -por US$ 80 millones-, y que finalmente ganó.
Respecto a los dos ejecutivos, la Fiscalía acreditó, a través de sus declaraciones y la incautación de documentos de la firma, que mantuvieron una estrecha relación con Andrés Contardo, lo que para el criterio jurídico que ha mantenido la perseguidora Godoy, todo indica que los imputará como autores de cohecho.
Ayer, declaró el ex director del servicio de identidades Guillermo Arenas por cerca de ocho horas, junto a su abogado, Alex Carocca, otrora defensor nacional público.
Básicamente, el interrogatorio giró en torno a la supuestas presiones que habría ejercido a los funcionarios que revisaron y construyeron las bases de licitación.
La fiscal Godoy, al respecto, cuenta no sólo con testimonios de ex empleados del organismo, sino además con una carta que cinco de ellos dejaron en la bóveda del Banco de Chile, como forma de protegerse frente al escándalo que se desató hace poco más de un mes.
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