En el expediente -que publica en su totalidad El Mostrador.cl- se revela la mala opinión de algunos magistrados respecto a su colega y relator de la Suprema, Guillermo de la Barra. Se habla de malos tratos al administrador del tribunal, así como su inclinación a resolver en favor del Ministerio Público, donde trabaja precisamente la hija de la ministra que llevó el caso, Amanda Valdovinos.
La reciente investigación realizada por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Amanda Valdovinos en contra de los magistrados del Séptimo Juzgado de Garantía, debido al envío de un oficio en diciembre pasado a la fiscal regional centro norte Sonia Rojas, donde le hicieron presente que había incurrido en una anomalía procesal en el marco del caso de los "quesitos mágicos", tiene luces y sombras.
La indagatoria llevada por Valdovinos estableció que Rojas presentó un escrito al juez de turno, Guillermo de la Barra y este último saltándose el acuerdo interno de los magistrados -que establece que las causas las resuelve quien la haya conocido por primera vez- y fijó una audiencia para pocos días más tarde, donde el mismo resolvió devolver el dinero a los afectados por una millonaria estafa llevada a cabo por madamme Gil.
Terminada la recopilación de antecedentes, Valdovinos resolvió recomendar al pleno del tribunal de alzada no sólo el traslado de los jueces Carla Capello, Daniel Urrutia, Ponciano Sallés, Cristián Sánchez y Patricio Álvarez sino también la aplicación de una amonestación privada (que se anota en la hoja de vida), debido a una acción "irreflexiva y desproporcionada" al enviar el documento, ya que el Poder Judicial es una institución piramidal. El ampliado de ministros al conocer los argumentos de su colega prefirió sólo esta última.
Sin embargo, un análisis pormenorizado del expediente -que publica en su totalidad El Mostrador.cl– revela las diferencias de criterio jurídico y gestión entre los magistrados del mencionado tribunal, el mal trato de que es objeto el administrador del tribunal por parte del juez de la Barra, entre otros pormenores.
Se suma que la la hija de la ministra investigadora trabaja en la Fiscalía Centro Norte -por tanto es subordinada de Sonia Rojas- y tramita los casos de su unidad de focos delictuales precisamente en el Séptimo de Garantía.
De hecho, algunos jueces que declararon en la investigación hicieron hincapié en que, como tales, tienen algunas atribuciones que les otorga la ley. Por ejemplo, pueden hacer arrestar a un fiscal o un abogado defensor si lo estiman conveniente atendido los hechos, o bien aplicarle una multa en UTM.
Por ejemplo, si la fiscal regional Sonia Rojas se sobrepasara con un magistrado en una audiencia, el juez de garantía presente podría aplicarle las mismas sanciones. De allí que cuestionan la amonestación privada.
Y es que de la Barra, al decir de su colega Cristián Sánchez, tiene "una postura más cercana al Ministerio Público".
"Como ejemplos debo señalar que los escritos de reposición presentados por la fiscalía, en su gran mayoría eran presentados al presidente, en esa fecha, Guillermo de la Barra y los plazos en que se agendaban las audiencias para discutir eventuales revocaciones de prisión preventiva, no se disponían como la prioridad que la materia lo ameritaba, situaciones todas que vulneraban el derecho a la defensa", declaró a fojas 128.
Queda claro que en esta oportunidad, más allá del oficio enviado a la fiscal regional, hecho que los propios jueces reconocen ante Valdovinos que fue un error de apresuramiento, el proceder el juez de la Barra fue pasado por alto, pese a que quedó establecido que es el único que desconoce los acuerdos adoptados por la mayoría de sus colegas y tiene un trato poco adecuado con el administrador del tribunal. Así, lo denunciantes pasaron a ser denunciados.
En cualquier caso, la última palabra la tiene la Corte Suprema, donde el juez de la Barra -que es relator- también tiene sus santos.
Vea la resolución que procede con la investigación (formato PDF):
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
