El 16 de junio pasado la Fundación Defendamos la Ciudad denunció obstrucción para conocer una serie de permisos de edificación mal otorgados por la Dirección de Obras, ya que esos actos administrativos contienen normas de edificación derogadas por el imperio de la ley.
La Contraloría General de la República le dio un plazo de diez días a alcalde de Las Condes, Francisco de La Maza, para que emita un informe fundado con respecto a una denuncia de la Fundación Defendamos la Ciudad sobre serie de permisos de edificación mal otorgados por la Dirección de Obras.
El 16 de junio pasado la citada Fundación denunció obstrucción para conocer una serie de permisos de edificación mal otorgados por la Dirección de Obras, ya que esos actos administrativos contienen normas de edificación derogadas por el imperio de la ley.
Además se dejó en manifiesto la aprobación del anteproyecto de edificación N° 23 del 21 de Abril de 2008, otorgado al «Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto», para que construya una torre de 21 pisos en la av. Isidora Goyenechra del sector El Golf, acogido a la figura «Conjunto Armónico», contrariando un dictamen de fecha anterior de la Contraloría General que interpretó legalmente el concepto «Conjunto Armónico».
«Tenemos que terminar pronto con la lacra del secretismo, tan recurrente no sólo en Las Condes, sino que en casi todas las municipalidades del país y por ello es necesario que los ciudadanos conozcan sus derechos para exigir el cumplimiento de la ley", sostuvo Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.
El dirigente sostuvo que "en Chile existe el libre acceso a la información de carácter público y en este caso la desobediente municipalidad de Las Condes tiene la obligación de entregarnos la información exacta que le solicitamos el 10 de Abril de 2008, ya que con ella pretendemos iniciar acciones de nulidad de derecho público en juzgados civiles en contra de todos los privados que obtuvieron beneficios económicos a través de permisos de edificación viciados".
El titular de la Fundación dijo explicó que dicha municipalidad cometió muchos errores en el otorgamiento de esos permisos y "ahora deberá asumir su responsabilidad ante la justicia, ya que suponemos que los privados favorecidos anteriormente por ella, argumentarán en los tribunales que sus negocios los efectuaron en base a actos administrativos oficiales, con lo cual exigirán indemnizaciones por los perjuicios causados".
Herman sostuvo que "este tipo de corrupción inmobiliaria se la hemos dado a conocer en detalle a los presidentes de RN y UDI, Carlos y Hernán Larraín, respectivamente, a los directores ejecutivos de los think tank Instituto Libertad, Instituto Libertad y Desarrollo y Fundación Jaime Guzmán y como ninguno de los anteriores se dio por aludido, recientemente documentamos la situación a Sebastián Piñera, en su condición de presidenciable de la Alianza, incluso ofreciéndole una reunión explicativa en su oficina para que entendiera la materia, sugiriéndole que nos recibiera con sus abogados y arquitectos. A la fecha tampoco responde, lo que es indicativo del doble estándar existente en la política».
Por su parte el abogado de la Fundación Defendamos la Ciudad, Tomás Fabres, dijo que «al presente, tanto el derecho de acceso a la información como el principio de publicidad de los actos de la administración del Estado que consagran entre otras la Ley de Procedimiento Administrativo, no tienen ningún efecto práctico pues no se cumplen".
El profesional indicó que "considerando que el Ministro del Interior se ha hecho cargo de la denuncia del empresariado respecto a que existe otra ley que tampoco produce efectos prácticos porque tampoco se cumple, la que establece los efectos del silencio administrativo, le exigimos a esta autoridad que sea ecuánime en el tratamiento que se propone dar a los intereses de los empresarios, haciéndolo extensivo a los ciudadanos, y que, por lo mismo, incluya en el proyecto de ley que enviará al Congreso una modificación de las normas sobre acceso a la información y a la publicidad de los actos de la Administración del Estado, con especial énfasis en las Municipalidades, que son la mayor fuente de corrupción en Chile según los dichos de un ex Contralor General de la República. Desde ya le ofrecemos nuestra colaboración en la redacción del proyecto de ley modificatorio".
