Ésta es la primera ocasión en Chile en la que se apela a un tribunal para que determine si profesionales de los medios de comunicación, algunos de ellos todavía en activo, tuvieron responsabilidad penal en una causa por violación de los derechos humanos.
Familiares de las víctimas de la dictadura militar presentarán esta semana por primera vez en Chile una querella contra cinco periodistas por presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad, dijeron este lunes fuentes de tribunales.
A los informadores se les acusa de encubrir el asesinato de seis militantes de izquierda en noviembre de 1975 a manos de agentes de la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Este caso, conocido como «Rinconada de Maipú», fue presentado como un enfrentamiento armado entre opositores y agentes del Estado.
Sin embargo, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís acreditó que los seis militantes de izquierda fueron torturados y asesinados en el centro de detención Villa Grimaldi, ubicado en Santiago de Chile, y que el supuesto enfrentamiento fue un montaje para justificar los crímenes.
La querella, según dijo el abogado Hugo Gutiérrez, estará dirigida contra los periodistas Claudio Sánchez -quien entonces pertenecía a Canal 13-, y Julio López, Roberto Araya, Vicente Pérez y Manfredo Mayol, quienes trabajaban en Televisión Nacional de Chile (TVN).
Ésta es la primera ocasión en Chile en la que se apela a un tribunal para que determine si profesionales de los medios de comunicación, algunos de ellos todavía en activo, tuvieron responsabilidad penal en una causa por violación de los derechos humanos.
Los comunicadores ya fueron sancionados el año pasado por el Colegio de Periodistas por difundir información falsa sobre el asesinato de los seis opositores durante la dictadura militar.
El tribunal de ética de esa asociación abrió un sumario que finalizó en 2007 con la suspensión de las colegiaturas de los informadores y la censura pública de cuatro de ellos.
Además, Roberto Araya fue expulsado por negarse a declarar, explicó el presidente del Colegio de Periodistas, Luis Conejeros.
Según Conejeros, «la ley chilena no debería penalizar los excesos en materia de información», ya que, a su juicio, «la tendencia mundial en términos de libertad de expresión es que esas faltas se vean en el ámbito ético o civil, no en el penal».
EFE
