El informe de la Contraloría conocido ayer, da cuenta de la triangulación de intereses, dineros, vínculos, y de la posición ventajosa que siempre tuvo la empresa GMA para ganar proyectos en esa comuna. Ahora viene la segunda parte de la teleserie política, que estará en manos de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, y que enloda a la UDI con la sombra de la corrupción. Y todo en pleno año electoral.
El tiempo es un sujeto implacable, pues cuando llega no hay vuelta atrás. Esta figura permite explicar el antes y el después del alcalde UDI de Recoleta Gonzalo Cornejo, luego de que la Contraloría le notificara ayer el resultado del Informe que lo tiene el borde de una investigación de la Fiscalía por negociación incompatible y un eventual fraude al fisco. Esto, porque la indagatoria administrativa no logró acreditar si los proyectos contratados significaron mejoras en eficiencia para la comuna.
En un documento de poco más de 30 hojas el órgano revisor detalló los contratos que tuvo la empresa GMA con la municipalidad en temas informáticos. También los vínculos de Jenny Acevedo, ex jefa de gabinete de Cornejo, con la misma firma, configurando una triangulación de intereses y dineros.
Aunque en círculos cercanos a Cornejo se sacan cuentas alegres respecto a la verdadera implicancia penal que tendría en los hechos, lo cierto es que la Contraloría acreditó la negociación incompatible a través de la declaración que Acevedo prestó ante los fiscalizadores en abril pasado, donde reconoce que prestó servicios paralelos en la municipalidad y en GMA en abril de 2005.
Esta fecha tiene para el alcalde UDI una doble implicancia. La primera es que, de acuerdo al documento, la mujer cobró los cheques por más de $ 3 millones de pagos a la citada firma, en momentos en que era funcionaria municipal. El segundo es que, a partir en la fecha mencionada en la Región Metropolitana operaba aún el antiguo sistema de persecución penal de los delitos, y no la reforma procesal.
Por esta razón es que la semana pasada, representado por el abogado Carlos Cortés, sabiendo lo que había declarado su anterior subordinada, Cornejo presentó ante el 23° Juzgado del Crimen de Santiago una denuncia en contra de la mujer. Esto con el fin de constituir dos figuras legales: el "principio de ejecución del delito" antes de la reforma para que se trabe una "contienda de competencia" con el Ministerio Público y evitar que la causa se lleve en el nuevo sistema.
Cortés es un ducho litigador y conoce muy bien los recovecos y fórmulas de los antiguos tribunales. Dentro de sus defendidos, en su momento, han estado ejecutivos de Aero Continente cuando fueron acusados de tráfico de drogas y lavado de dinero por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a principios de la década, logrando revocar los autos de procesamiento. También un militar vinculado a las platas de Augusto Pinochet en el banco Riggs y la ex secretaria privada de este último, Mónica Ananías, entre otros clientes.
Telaraña edilicia
La Contraloría no escatimó en detalles para revelar la trama de relaciones entre el alcalde Cornejo y sus más cercanos colaboradores y la forma en cómo se pagaron los dineros, la falta de orden en los proyectos, nula fiscalización y sobre todo la "posición más ventajosa" de GMA respecto de otros oferentes.
Según el documento, Cornejo creó en mayo de 2005 la empresa Rush S.A., junto a Octavio Azócar Simonet y Jenny Acevedo, quien fue hasta mayo de 2005 funcionaria de la municipalidad y administradora de GMA.
Uno de los detalles que entrega la Contraloría es que Cornejo, por ejemplo, sólo incluyó en julio de 2006 esta sociedad en su declaración de intereses. Así las cosas, Cornejo suscribe un contrato, previa licitación el 25 de agosto de 2006, con GMA -representada por Acevedo- por $ 1 millón 500 mil, para la mantención de sus sistema de información comunal.
El 15 de marzo, el mismo Cornejo celebra otro contrato con GMA, donde seguía trabajando Jenny Acevedo, esta vez por servicios informáticos, que hasta noviembre de este año sumarían más de 190 millones de pesos. Básicamente, la respuesta de Cornejo es que al momento de la suscripción de los contratos, Jenny Acevedo no era funcionaria ni menos socia en las empresas mencionadas. Pero la Contraloría deja entrever que de todas formas hay inhabilidad.
El quid de este asunto radica en que Cornejo sostiene la nula ligazón con la mujer debido a que esta última había vendido sus acciones el 9 de agosto de 2005 a Octavio Azócar, un ex candidato UDI a concejal- y el edil habría sido el testigo. En todo caso, un informe de Investigaciones asegura que Cornejo, aquel día, estaba en España.
El documento también se hace cargo de la situación del empresario UDI Iñaki Busto. Este último declaró a la Contraloría el 15 de abril que en marzo de 2007 compró acciones de la empresa GMA, las que vendió en agosto del mismo año. Entre 2005 y 2006 el municipio le pagó a Busto más de 62 millones de pesos para ejecutar "diversas labores" para la Corporación, "la mayor parte de las cuales corresponden a funciones propias del municipio. "De los antecedentes señalados puede concluirse que don Iñaki Busto, al menos durante el año 2006, se desempeñó simultáneamente en la municipalidad de Recoleta y en la empresa GMA, las cuales, tal como se ha expuesto a lo largo del presente informe, mantenían relaciones contractuales".
Por todos los antecedentes, la Contraloría realizará un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de los funcionarios y del propio alcalde, con el fin de llevarlos posteriormente a un juicio de cuentas donde deberían devolverse los dineros que hubieran sido mal asignados.
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