El titular de Justicia se mostró confiado en que ambos poderes del Estado podrán volver a retomar el diálogo luego que el pleno del máximo tribunal expresara su »desencanto» por el nulo avance »en aquellas cosas que resultaban muy importantes dentro de la modernización» y porque las críticas apuntarían siempre a la poca eficacia de los tribunales, «en circunstancia que hay muchos proyectos que miran en el sentido de avanzar en una mejor gestión que están durmiendo en el Congreso Nacional».
El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, se mostró confiado este viernes en que el Ejecutivo y el Poder Judicial volverán a conversar en la mesa judicial, instancia que se estableció para que representantes de ambos poderes del Estado avanzaran con más celeridad para la tramitación legal de iniciativas tendientes a modernizar los tribunales.
El secretario de Estado reaccionó así al acuerdo del pleno de la Corte Suprema, que a través de su vocero, el ministro Milton Juica, diera a conocer su retiro de la instancia «considerando el nulo avance que se ha producido en la tramitación de leyes de modernización del Poder Judicial que son el objetivo de la mesa y al problema de financiamiento para el adecuado funcionamiento de la reforma procesal laboral y la implementación de la reforma de procedimiento y de tribunales de Familia».
A juicio del máximo tribunal, «esta situación tan delicada ha hecho que el Pleno, en sesión de hoy y por unanimidad, haya considerado poner término a la función a los componentes de la mesa judicial, estimando que no ha dado el resultado que se esperaba con motivo de su mantenimiento en marzo del año pasado cuando, después de un rompimiento parecido, se dispuso seguir conversando».
«En esas condiciones, esta Corte Suprema decidió terminar la participación de los miembros en la Mesa Judicial, quedando los proyectos e iniciativas por los cauces legislativos normales y, en su oportunidad, la Corte Suprema informará los proyectos como lo establece la Constitución y las leyes. De ahora en adelante, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo se va a efectuar exclusivamente por nuestro presidente de la Corte Suprema", agregó Juica.
Frente a este anuncio, Maldonado manifestó que ya en dos oportunidades ha dialogado con el presidente de la Corte Suprema, donde se mantiene el nivel de «caballerosidad y cordialidad» habitual.
El «desencanto» de los supremos
La declaración de los magistrados hizo hincapié en que no se trata de una decisión motivada por «molestia» sino que por el «desencanto de no poder avanzar en aquellas cosas que resultaban muy importantes dentro de la modernización».
La principal razón de este sentir es porque, señalan, «el peso de la crítica sobre la eficacia del Poder Judicial reside en los miembros de los tribunales de justicia, en circunstancia que hay muchos proyectos que miran en el sentido de avanzar en una mejor gestión que están durmiendo en el Congreso Nacional».
«El Poder Judicial se siente afectado de que la crítica se dirija sólo respecto del Poder Judicial sin considerar que los proyectos o los estudios legislativos no se efectúan y los que están hechos no avanzan absolutamente nada. Es una situación que queremos poner en conocimiento de la opinión pública, porque se piensa que el Poder Judicial es renuente a los cambios, porque se resiste a fiscalizaciones, porque es poco transparente y, precisamente, existían esos proyectos para mejorar esa situación (y) no han avanzado", señalaron.
Financiamiento
Otro de los aspectos que ya anteriormente había friccionado la relación con el Ministerio de Justicia es el del financiamiento que requiere este Poder del Estado para lleva adelante la reforma del sector.
En ese sentido la declaración de la Suprema sostiene que "pese a la seguridad de que iban a estar los recursos, hasta este momento la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) no ha obtenido ningún implemento de recursos para la reforma respectiva. Eso es muy delicado para el funcionamiento, porque para la primera etapa se utilizaron recursos del presupuesto normal del Poder Judicial y no se pusieron a su disposición los fondos adicionales para esos fines, de lo cual está en muy serio riesgo la implementación de la segunda etapa de la Reforma Laboral».
«Y no tenemos ninguna novedad respecto de cómo se va a financiar la ley que aumenta el número de jueces y funcionarios de familia que está totalmente colapsado", afirma.
Y en cuanto a la reforma procesal laboral que implica mejor atención de las personas y realizar efectivamente un cambio en los procedimientos para acercar la justicia a la gente y en plazos más breves, el ministro Juica especificó que "el proyecto consideraba una cifra que dijimos que era insuficiente de 9 mil millones de pesos que debía ser puesto para implementación de la primera etapa y no se ha recibido dinero de ese ítem. Era un dinero que no está cuestionado. Nosotros hicimos un alcance de que 9 mil millones de pesos no alcanzaban y estimamos una cifra mayor. Pero quiero poner énfasis en que ni esos 9 mil millones de pesos fueron puestos a disposición del Poder Judicial", sostuvo Juica.
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