El Ejecutivo envió $5.747 millones a la Corporación del Poder Judicial, que encabeza Miguel Sánchez. Si bien aún existe una brecha de recursos, los jueces están dispuestos a negociar para resolver de mejor manera los requerimientos económicos de la Reforma Laboral. Se trata de demandas que habían sido tachadas de injustificas por el titular de Hacienda, Andrés Velasco y que habrían originado las fricciones entre La Moneda y la Corte Suprema.
El Ejecutivo asignó esta mañana $5.747 millones a la Corporación Administrativa del Poder Judicial con el fin de satisfacer las demandas del sector para la implementación de la Reforma Laboral, que comienza en octubre próximo.
Así lo dio a conocer el director de la entidad, Miguel Sánchez, tras sostener un encuentro con funcionarios de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, quienes entregaron estos recursos en razón de paliar el gasto que va a significar la segunda etapa de la justicia laboral.
Si bien los fondos aún son insuficiente frente a los $16.000 millones demandados por los jueces, la cabeza de la administración judicial adelantó que con esta partida se podrá seguir negociando con el Ministerio de Hacienda "para poder llegar a un acuerdo con el resto de los dineros".
Para coronar el entendimiento, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, llegó hasta el Palacio de Tribunales para reunirse con el presidente del máximo tribunal, Urbano Marín.
Tras el encuentro el secretario de Estado se refirió al impasse, indicando que «en nuestro sistema institucional, como lo señaló el presidente de la Corte Suprema, el ministerio de Hacienda es el responsable de los recursos públicos y del control del presupuesto de la nación y en ese sentido tiene por supuesto un rol fundamental e insustituible, no lo vamos a venir a descubrir hoy día».
No obstante, afirmó que su cartera es la que debe velar por «el conjunto de proyectos a los que apunta la modernización de la justicia».
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