La entidad, integrada por instituciones y personalidades que se destacaron en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), considera que el Estado trata como «enemigos» a los jóvenes que protestan por la ausencia de perspectivas de futuro.
Entidades defensoras de los derechos humanos en Chile afirmaron este miércoles que el «incremento de casos de tortura y malos tratos» está convirtiendo al país en «un estado policial, similar al existente durante la dictadura militar».
En un comunicado la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) denunció además la «criminalización de las protestas» y la «brutal represión» que a su juicio se ejerce contra los jóvenes, los trabajadores y los mapuches.
La entidad, integrada por instituciones y personalidades que se destacaron en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), considera que el Estado trata como «enemigos» a los jóvenes que protestan por la ausencia de perspectivas de futuro.
También a los estudiantes que se manifiestan contra un proyecto de nueva ley educativa, a los trabajadores que reclaman mejoras laborales y a los mapuches que exigen la restitución de tierras ancestrales.
«Los gobernantes aceptaron la herencia del sistema pinochetista. Se dieron cuenta de que es más fácil gobernar dentro de un sistema casi dictatorial que dentro de uno democrático», afirmó en una rueda de prensa el pastor luterano alemán Helmut Frenz.
El religioso fue expulsado del país en 1975 por su labor en defensa de los derechos humanos y galardonado por las autoridades de la democracia.
Frenz, uno de los fundadores del Comité Pro Paz, que en 1974 denunció por primera vez los crímenes del régimen militar, señaló que «el Estado y la sociedad chilena están enfermos».
Ello porque, en su opinión, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial «mantienen desde el comienzo de la transición una complicidad que les hace defenderse mutuamente en lugar de controlarse».
De acuerdo con Frenz, a esa complicidad se suman los medios de comunicación, que a su juicio «no tienen interés por difundir» informaciones sobre las prácticas de la justicia y de la policía chilena, y las grandes empresas, que según dijo «financian gran parte de este sistema».
El Comité también denunció que algunos mapuches han permanecido un año y medio en prisión preventiva y luego han sido absueltos por la justicia, que la documentalista Elena Varela permanece en prisión acusada de integrar un grupo armado y que dos jóvenes mapuches han pedido asilo político en Argentina.
Por su parte, Alfonso Baeza, vicario de la Pastoral Social de la Iglesia católica, aseguró que «la tortura se ha introducido en la sociedad y se manifiesta de diferentes maneras que la gente no capta» y criticó la «mala calidad» de la policía de Carabineros.
Lucía Sepúlveda, miembro de la Comisión, afirmó que «el aumento de la represión va paralelo al incremento de la organización social», ya que durante el Gobierno de Michelle Bachelet (2006) se han sucedido las protestas de estudiantes, de deudores de hipotecas y de trabajadores de distintos gremios.
EFE
