En el debate sobre la Ley General de Educación, la JUNJI pidió igualar la Educación Parvularia al resto de los niveles educativos, dada la gran relevancia de la educación en los primeros años.
La vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), María Estela Ortiz Rojas, formuló este miércoles ante la Comisión de Educación del Senado diversas observaciones tendientes a considerar y relevar la inclusión de la Educación Parvularia dentro del actual debate de la Ley General de Educación.
Es así como, enmarcado en el aseguramiento de la calidad de la educación parvularia que se imparte en jardines infantiles y salas cuna, la primera autoridad de la funcionaria solicitó formalmente que la LGE explicite la importancia de la atención parvularia desde el primer ciclo, sala cuna y nivel medio, es decir, de 0 a 4 años, debido a que el proyecto omite referirse a esta crucial etapa, situación que pudiera interpretarse como un distanciamiento o exclusión de la educación inicial del sistema educativo.
Adicionalmente, Ortiz estimó necesario que se asegure la participación de un represente de la educación parvularia en el Consejo Nacional de Educación y que se fortalezca explícitamente el rol del la JUNJI, porque «hay que delimitar los ámbitos de acción y cuidar que este proceso se realice sin que signifique un retroceso para la educación parvularia en el rediseño del sistema», señaló Ortiz.
Pese a tener amplias funciones supervisoras, la JUNJI carece de facultades coercitivas, no pudiendo, por ejemplo, cerrar ni clausurar jardines infantiles que no cumplan con toda la normativa legal. Este punto tiene crucial importancia si se considera que le cabe al Estado y a los organismos públicos que lo componen la responsabilidad frente a la infracción de normas obligatorias.
En este contexto, María Estela Ortiz dijo que «es imprescindible dotar a la JUNJI de aquellas potestades para sancionar que le permitan garantizar el cumplimiento de toda la normativa legal, ya que no es posible ampliar oportunidades sin asegurar la educación inicial de calidad».
Si no se realizan los modificaciones solicitadas, la JUNJI corre el riesgo de convertirse sólo en un prestador más de servicios educacionales. Lo que significaría nada menos que derogar de manera tácita la ley que la creó y, por lo tanto, un desconocimiento de la historia del trabajo realizado por la JUNJI y su aporte en los logros obtenidos en la mejora de cobertura y calidad de la educación inicial.
Por otra parte, si se reconocen las certificaciones y la JUNJI mantiene su rol de supervigilancia y/o fiscalización respecto de los establecimientos que sólo realizan educación parvularia, esto exigirá un fortalecimiento de la función fiscalizadora con atribuciones para sancionar acordes a la lógica del nuevo marco normativo.
En cualquiera de estos casos, hay aspectos institucionales que se deben tener en cuenta: un alto porcentaje de los actores (transferencia de fondos a terceros) son iglesias, corporaciones o fundaciones como el Hogar de Cristo, sin objeto único. También existen numerosos jardines infantiles particulares que hoy no cuenta con ningún tipo de acreditación o certificación pública, así como la incorporación del Sistema de Acreditación de los avances en el sistema de Educación Parvularia.
Finalmente, Ortiz señaló que «una ley que mejore sustantivamente la educación en nuestro país debe recorrer la ruta de los desafíos actuales del mundo parvulario, desde la senda de los logros conseguidos, en el marco de una política de Estado».
