Al respecto la ministra de Planificación, Paula Quintana, afirmó que con la firma del decreto "se debe avanzar en el enfoque de derechos en favor de la inclusión social".
Frente a diversas organizaciones y figuras del mundo político, la Presidenta Michelle Bachelet, en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, y la ministra de Planificación, Paula Quintana, firmó este lunes el Decreto Promulgatorio que ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La convención, aprobada en julio pasado por la Cámara Alta, se perfila como el primer tratado del siglo XXI sobre Derechos Humanos y busca dejar atrás las prácticas discriminatorias en contra de quienes poseen alguna discapacidad. Al respecto, la Jefa de Estado afirmó que a través de este compromiso "Chile consagra formalmente una nueva mirada sobre la discapacidad, que debería contribuir a poner al día nuestra legislación y nuestras políticas públicas".
Una opinión similar manifestó la ministra de Planificación, quien aseguró que "esta Convención reafirma que el camino que han recorrido los gobiernos de la Concertación para superar la pobreza y la desigualdad y asegurar protección social, ha estado en la senda correcta. La política social en su conjunto va orientándose gradualmente a trabajar con perspectiva de derecho. Se comienza a visualizar con fuerza que hay grupos con vulnerabilidades y necesidades propias, a los cuales hay que responder con políticas específicas y adecuadas".
Con la firma de la Presidenta Bachelet se formalizó de esta manera el compromiso de nuestro país respecto de esta relevante Convención, dando un importante avance que permitirá un Chile más inclusivo, más igualitario y donde se construye humanidad.
La trascendencia de lo ocurrido, significa que la legislación chilena y sus normativas deberán ser modificadas para asegurar el debido respeto a la igualdad, justicia y accesibilidad de las personas con discapacidad y dejar atrás toda forma de discriminación y vulnerabilidad que enfrentan.
Las autoridades presentes en la promulgación coincidieron así en que esta firma significa también un desafío, porque al promulgar la Convención, el país se pliega voluntariamente a evaluación y seguimiento de la comunidad mundial en cuanto a los progresos en materia de discapacidad.
Por ello en la ceremonia, a la cual asistió un centenar de personas con discapacidad y ligadas a organizaciones sociales, la Presidenta subrayó que ratificar esta Convención reafirma que "es tarea del gobierno, de los legisladores, de los jueces, de los empresarios, de los educadores, de toda la comunidad, asegurar el ejercicio pleno de sus derechos a cada persona que sufre discapacidad". En este contexto, planteó que "queremos que el Estado invierta lo necesario para crear las condiciones legales, culturales y tecnológicas que puedan hacer realidad la integración".
Respecto a este punto la ministra Quintana agregó que "desde esa perspectiva nos cambia radicalmente la mirada sobre la discapacidad, como una situación que evoluciona, siendo el resultado de la interacción entre las personas y las barreras de actitud y físicas que evitan su participación plena y efectiva en pie de igualdad en la sociedad. Debemos avanzar en la incorporación de la variable discapacidad y en el enfoque de derechos de las políticas sectoriales, para ir eliminando desde ese nivel las barreras de actitud y entorno que impiden su inclusión social".
Durante su intervención la Jefa de Estado reafirmó el compromiso de su gobierno con las políticas públicas orientadas a generar una mayor integración y destacó los avances logrados en esta área. Resaltó la Pensión Básica Solidaria de Invalidez para las personas con discapacidad que incluye la Reforma Previsional; relevó el aumento de la subvención para las escuelas especiales en el ámbito educacional; y valoró la apertura de tratamientos e implementos asociados a discapacidad física y psíquica dentro del Plan Auge.
