Excesivo uso de la violencia por parte de Gendarmería, un alto nivel de hacinamiento »pocas veces visto en la región», condiciones de insalubridad extremas y tratos humillantes y vejatorios a las visitas, sobre todo hacia mujeres y niñas. Estos sólo son algunas de las situaciones que Florentín Meléndez constató en su reciente visita a al país y que llevaron a la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA (CIDH) a recordar al Gobierno que es obligación del Estado »garantizar el respeto irrest
El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, entregó un sombrío informe de la política carcelaria del país, luego de un recorrido que lo llevó por distintos recintos penitenciarios en Santiago y regiones.
El documento lo hizo público este jueves la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas luego de una invitación que le cursara el propio Ejecutivo entre los días 21 y 25 de este mes.
Meléndez destacó que su visita tuvo el objeto de recibir información y observar la situación de las personas privadas de libertad en centros de detención del país y destacó las reuniones que sostuvo junto a su delegación con el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y el director de Gendarmería, Alejandro Jiménez, entre otras autoridades del Ejecutivo y del Poder Judicial, además de representantes de organizaciones civiles.
Malas prácticas
La delegación de la entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) «observó con preocupación que en todos los centros de detención visitados en Chile existe un uso excesivo e innecesario de la fuerza y de los castigos, una práctica sistemática de malos tratos físicos por parte del personal de Gendarmería, y el uso de medidas de aislamiento en condiciones infrahumanas».
«Asimismo, observó con preocupación la existencia de una práctica generalizada de registros corporales denigrantes y humillantes a las visitas, particularmente a mujeres y niñas, así como la permanencia en centros carcelarios de personas con discapacidad mental, y de ancianos y ancianas de hasta 80 años de edad», sostuvo.
La Relatoría de la CIDH constató al mismo tiempo las deficiencias de los programas de readaptación social, más allá del positivo aporte de los Centros de Estudio y Trabajo (CETs).
Hacinamiento
Respecto a la población penal, se indica que «en los centros de detención operados por el Estado se observó un alto nivel de hacinamiento pocas veces visto en la región, condiciones de insalubridad extrema que incluyen servicios precarios o deficientes de agua potable, alimentación, higiene y salud, así como pésimas condiciones de infraestructura y serias deficiencias o ausencia de verdaderos programas de readaptación social».
«La delegación también observó un alto nivel de hacinamiento en el centro para menores de edad de San Bernardo, el cual tiene una infraestructura precaria y condiciones de insalubridad. Resulta especialmente alarmante para la Relatoría la deficiente prestación de servicios básicos, especialmente en educación y atención a la salud, así como programas de esparcimiento, deportes y readaptación social», advierte.
Respecto a ese mismo recinto ubicado al sur de Santiago sostiene que tampoco cuenta con «una separación adecuada de categorías de internos, y persisten los malos tratos, el uso excesivo de la fuerza, y el uso del aislamiento como castigo. La Relatoría observó que la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes no cuenta con el correspondiente sistema judicial e institucional especializado, y que el Sename no dispone de un presupuesto adecuado».
La delegación comprobó, además, «la existencia un alto nivel de hacinamiento en el centro de privación de libertad para mujeres en Santiago y en la sección de mujeres en Valparaíso; la precariedad de la infraestructura y las condiciones de insalubridad extremas de estos centros».
En este punto destaca especialmente «la falta de atención médica especializada para las mujeres y de servicios pediátricos para sus hijos de corta edad que están con ellas en prisión; y la presencia de ancianas en centros que no cuentan con servicios geriátricos y alimentación adecuados a su edad».
Centros concesionados
La Relatoría de la CIDH observó en cambio que los centros de detención concesionados «ofrecen condiciones más dignas para los reclusos y sus familias, así como para el personal que allí trabaja».
«En los centros concesionados no se observó hacinamiento, se registran niveles adecuados de alimentación e higiene, seguridad interior, adecuada separación de categorías de internos, prevención de la violencia interna, servicios penitenciarios que incluyen atención médica y terapéutica, actividades ocupacionales, deportes, talleres y capacitación laboral, entre otros».
Llamado al Gobierno
Frente a la situación detectada La CIDH instó al Estado de Chile a «investigar y sancionar los abusos de autoridad y los malos tratos ocurridos al interior de las prisiones y de los centros de internamiento de los menores de edad, a través de órganos independientes e imparciales; y a capacitar debidamente a los funcionarios de Gendarmería en materia de Derechos Humanos y uso de la fuerza».
También recomendó al Estado «que garantice la fiscalización efectiva y la vigilancia interministerial de los servicios prestados en las cárceles concesionadas, con énfasis en el área de salud, educación, trabajo y otros programas de reinserción social. La Relatoría insta al Estado chileno a profundizar y ampliar su política de readaptación social, a fin de garantizar, con la participación de la sociedad, la reinserción efectiva de todas las personas que hayan sido condenadas por delitos e infracciones a la ley».
Respeto a los DDHH
Finalmente, el relator de la CIDH recordó al Gobierno de Chile «la obligación del Estado de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad en todos los centros de detención del país.
En ese sentido instó a las autoridades a prestar atención a los principios que deberían orientar las políticas públicas en esta área, los uqe «están incluidos en el documento ‘Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas’, aprobado por la CIDH en marzo de este año».
Foto: Patricio Ulloa
