La historia tiene de todo: una querella ante el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, un amparo profesional ante el colegio de abogados, acusaciones de falsificación, medidas cautelares, un arbitraje pendiente y un misterioso incendio. Comidillo obligado en los pasillos de tribunales.
Se puede sentir una molestia en el ambiente, entre el octavo y noveno piso del edificio Eurocentro, donde se ubica el estudio del destacado penalista Alfredo Etcheberry y el de Eduardo Rodríguez Guarachi, experto en temas internacionales y ex embajador de Chile en Buenos Aires, fusionados hace algunos años.
Se trata de un litigio comercial, donde se mezclan no sólo intereses económicos, sino también relaciones personales. Se vincula a un negocio de aproximadamente US$ 1 millón, que se convirtió en dolor de cabeza entre los abogados del bufete y en el comidillo a flor de labios en los pasillos de tribunales. "Oye me contaron queÂ…", es la frase preferida por estos días.
La historia tiene de todo: una querella ante el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, acusaciones de falsificación, un amparo profesional ante el colegio de abogados, medidas cautelares, un arbitraje y un misterioso incendio que afectó a la impresora de la oficina, donde trabaja el hijo del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, ubicada en el mismo estudio.
Camino pedregoso
Todo comenzó en los 90′, cuando uno de los socios del entonces estudio Etcheberry, el penalista Jaime de Larraechea, inició los acercamientos con el de Rodríguez Guarachi, para fusionarse y unir así la experticia y clientela de ambos pisos. La razón más poderosa que tenía De Larraechea para ello era que su cuñado, Sergio Carvajal -otrora procurador de Etcheberry- laboraba y era socio en el piso vecino.
Sin embargo, la idea entonces no prosperó, porque el entonces delfín de Etcheberry, Luis Eugenio Middleton -hoy fallecido- se opuso a la unión, quizás previendo los problemas.
Pero luego de un trágico accidente que le quitó la vida a Middleton, De Larraechea compró su parte y se hizo de más poder en el bufete, lo que permitió al poco tiempo concretar la buscada fusión.
Las relaciones estaban en el mejor punto, hasta que en el año 2007 Carvajal proyectó un negocio que consistió en comprar una parte importante del edificio que se ubica en Moneda 975, esquina de Ahumada, al frente del estudio, con el fin de convertirlo en oficinas.
Carvajal, entonces, pidió un crédito en el Banco Santander e invitó a participar en el negocio a otros socios del estudio, proyectando utilidades por más de US$ 2 millones. Así fue como entraron Jaime de Larraechea y Miguel Brunaud, con cerca de un 20 por ciento de participación entre ambos, en una sociedad llamada Moneda 975.
Brunaud, a poco andar, previendo problemas de gestión de Carvajal, le vendió su participación a Sergio Arellano Iturriaga, hijo del general Sergio Arellano Stark, procesado en el caso Caravana de la Muerte.
Agencia oficiosa
La remodelación del edificio debió estar terminada, de acuerdo a fuentes allegadas al litigio, en marzo de 2008. Pero no fue así.
De esta forma, se iniciaron las disputas por dinero, desatadas por la intención de De Larraechea y Arellano Iturriaga de salirse de la sociedad.
Pero el camino se complicó porque los socios acusaron a Carvajal de haber falsificado las firmas del directorio -entre ellas la de su propio cuñado- como también la contabilidad, así como de haber contraído créditos sin su consentimiento.
La noticia corrió como reguero de pólvora en el bufete, donde nadie quería saber del problema, para evitar tomar posiciones ni comprometer las lealtades.
Las acciones judiciales no se hicieron esperar. Los abogados afectados interpusieron una querella ante el Séptimo Tribunal de Garantía, aunque con posterioridad nadie la ha "movido" ante la fiscalía.
En medio de esta discusión "por las miserables lucas", cuenta un miembro del estudio, un fin de semana se quemó misteriosamente una impresora del hijo del ministro de la Suprema, Héctor Carreño, lo que implicó que a Carvajal no se le permitiera la entrada al bufete los sábados y domingo. Y aunque la norma corría para todos, fue interpretada internamente como una imputación de culpabilidad hacia Carvajal, quien presentó un amparo profesional ante el Colegio de Abogados, entidad que lo rechazó por improcedente.
Como este tipo de litigios dejan heridas en el camino, y una de las consecuencias podía ser la separación del estudio, los implicados en el conflicto optaron por un arbitraje, el cual está en manos del destacado abogado Raúl Tavolari. Carvajal, es representado por Jorge Aspillaga, del bufete de Beltrán Urenda, el ex senador de la UDI.
Fuentes internas comentan que Carvajal ha defendido su gestión a cargo de la sociedad, toda vez que niega las imputaciones de los socios, señalando que algunas firmas se estamparon como "agencia oficiosa", es decir, cuando una gestión es realizada a nombre de otro sin su autorización pero en el entendido que será ratificada por el "beneficiado" con posterioridad, por serle útil.
Para los otros socios del negocio, la explicación no fue suficiente, por lo que exigieron la devolución de su dinero, es decir cerca de US$ 1 millón.
En las últimas semanas han existido algunos acercamientos para disolver la sociedad. De hecho, la semana antepasada hubo una audiencia formal ante la Cámara de Comercio, con el fin de acordar los términos en que se resolverá el problema. "Pero no ha sido fácil", comenta un miembro del estudio.
Lo concreto hasta ahora es que existe un ambiente enrarecido en el estudio de abogados. No existe claridad de si Carvajal volverá a trabajar allí, o si se le pedirá que abandone las oficinas.
Este medio intentó obtener una versión oficial de Carvajal, Arellano y De Larraechea, pero ninguno quiso hacer comentarios.
