El ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, señaló, en tanto, que el Gobierno confía en el proceso de extradición de Villarroel y Fuentevilla, ex miembros del ultraizquierdista Movimiento Juvenil Lautaro, quienes fueron detenidos en marzo pasado en San Martín de Los Andes por lesiones en riña y por portar armas de guerra.
El Gobierno dijo este lunes que será la justicia de Argentina la que decida el futuro judicial de Andrea Urzúa, una chilena detenida el sábado anterior en un paso fronterizo de ese país después de haber intentado llevar material explosivo a una cárcel de Neuquén.
«Si el órgano jurisdiccional argentino establece que esta persona ha intentado ingresar con explosivos con un objetivo claro, tendrá que actuar la justicia argentina», afirmó el subsecretario del Interior, Felipe Harboe.
Asimismo, aclaró que Andrea Urzúa «no ha cometido hasta el minuto ningún delito» en Chile.
«Es un delito que se ha cometido en Argentina y esperamos que el tribunal de justicia argentino sancione como corresponde», añadió.
Urzúa fue detenida en el paso internacional Hua-Hum, que une la localidad argentina de San Marín de los Andes con la chilena Temuco, en el suroeste de Argentina.
La mujer tenía una orden de captura librada por el Juzgado Federal 2 de Neuquén «por haber pretendido ingresar al penal de esa ciudad una cantidad importante de material explosivo (nitrocelulosa)».
En esa cárcel se encuentran detenidos Marcelo Villarroel Sepúlveda y Freddy Fuentevilla Saa, presuntos responsables de la muerte del cabo de Carabineros Luis Moyano, después del asalto de un banco en octubre de 2007 en Santiago.
El ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, señaló, en tanto, que el Gobierno confía en el proceso de extradición de Villarroel y Fuentevilla, ex miembros del ultraizquierdista Movimiento Juvenil Lautaro, quienes fueron detenidos en marzo pasado en San Martín de Los Andes por lesiones en riña y por portar armas de guerra.
EFE
