El inciso establece que «ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que, conforme a la ley, puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales; ni exigir para dicho fin declaración ni certificado alguno».
Los diputados Antonio Leal, presidente de la comisión de Economía; Adriana Muñoz, integrante de la comisión de Trabajo, Marcelo Díaz (PS) y José Miguel Ortiz (DC), presentaron este miércoles un proyecto de ley que sanciona, a través de la aplicación de multas, a aquellos personas que pidan DICOM como requisito para encontrar trabajo.
Ya en el año 2002, dijo Leal, se agregó al artículo 2° del Código del Trabajo, con el objeto de proteger la vida privada y favorecer la reinserción laboral de las personas desempleadas.
El inciso establece que «ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que, conforme a la ley, puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales; ni exigir para dicho fin declaración ni certificado alguno».
No obstante, a pesar de que existe la norma del inciso séptimo del artículo 2° del Código del Trabajo, que prohíbe la exigencia de acreditar antecedentes comerciales para optar a un puesto de trabajo, «hemos comprobado en diversas circunstancias, incluso en planes de trabajo impulsados por las municipalidades, el bajo cumplimiento de esta normativa protectora de la vida privada», expresó el diputado PPD.
Por tanto, este proyecto, explicó, busca establecer la infracción a lo dispuesto en el inciso séptimo de este artículo, que consiste en una multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales (UTM). Si la infracción fuere cometida en planes de absorción de mano de obra, bolsas de trabajo u otras modalidades destinadas a morigerar la cesantía, administradas u operadas por municipalidades, la sanción se elevará al doble.
Al respecto, la diputada Adriana Muñoz, integrante de la comisión del Trabajo de la Cámara, aseveró que «hoy día para muchas mujeres y hombres acercarse a pedir un trabajo provoca temor esta exigencia, esta exigencia se transforma en un círculo vicioso porque la persona que no encuentran trabajo no puede normalizar su situación en DICOM. Es absolutamente ilegal lo que están haciendo hoy los empleadores de exigir un certificado de DICOM».
Asimismo, el diputado Marcelo Díaz, indicó que «queremos hacer que esta ley deje de ser letra muerta, ésta es una conquista social importante, que tiene que ver con acceder a algún puesto de trabajo. Tener deudas no es un delito en sí, pues es parte de la realidad de muchas personas y familias, por tanto, que eso se transforme en un requisito para encontrar trabajo, es inaceptable», subrayó.
Finalmente, los parlamentarios indicaron que esta iniciativa establece como agravante la circunstancia de que el infractor sea un organismo de carácter público, en razón de que corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios.
