PAÍS
El nuevo y millonario flanco peruano de Eduardo Elberg
Un exejecutivo reactivó en Perú una disputa legal de casi dos décadas y reclama el 10% de los activos del holding Algeciras en el vecino país. El socio de las hermanas Luksic en el Grupo Patio alega que el conflicto ya fue zanjado por la justicia chilena.
Una disputa que podría romper un récord arrastran el empresario Eduardo Elberg y su exjecutivo Juan Luis Bacigaluppi, quien manejó durante 15 años sus negocios en Perú.
El primero le ofreció al segundo el 10% de su holding Surco Inversiones SAC (hoy Algeciras S.A.) y, en consecuencia, el mismo porcentaje de todas las inversiones en Perú, reclama Bacigaluppi.
Algo bastante común cuando hay una relación estrecha y de confianza, cosa que, en este caso, no solo se diluyó, sino que derivó en juicios cruzados de distinta índole en Chile y Perú.
A pesar del tiempo transcurrido desde el acuerdo, que data de 1997, Bacigaluppi no ceja y presentó una demanda en el 10°Juzgado Civil de Lima en contra de Elberg y Algeciras S.A. para que se le reconozca el 10% en la propiedad del holding (declaración de dominio) y se le devuelva dicho porcentaje (reivindicación)”.
El 6 de octubre de 2025 fue admitida a tramitación por el juzgado peruano que ordenó la notificación mediante exhorto internacional al demandado por vivir en Chile. Lo que se tramitó a través de la Corte Superior de Lima (equivalente a la Corte de Apelaciones) y las cancillerías de ambos países.
“La demanda fue respondida el pasado 31 de julio, según consta en la página del Poder Judicial del Perú. Contiene 226 páginas, pero aún no hemos sido notificados de la contestación”, explica el abogado Alvaro Tord, defensor de Bacigaluppi. Según el Código Civil de Perú, la reivindicación de propiedad es imprescriptible, precisa Tord.
Consultado por El Mostrador Algeciras respondió que es cosa juzgada, ya se discutió en los tribunales chilenos, donde Bacigaluppi demandó por los mismos hechos y perdió en todas las instancias, incluida la Corte Suprema que, en 2016, lo desestimó. “Ante esta evidencia, es elocuente que este intento obsesivo por continuar con una judicialización sin fin, no tiene destino alguno”, agregó el holding.
En 1993, Bacigaluppi –ingeniero comercial de la U. de Chile- fue reclutado por un head hunter para llenar la vacante de gerente general de la cadena de supermercados Santa Isabel en Perú, de propiedad de Elberg. Y se trasladó con su familia al vecino país.
De estilo hermético, Elberg -ingeniero comercial de la U. de Concepción- posee un patrimonio considerable. Es socio del Grupo Patio (23%) junto a Paola Luksic (26,01%) y su hermana Gabriela (15,1%); de Hortifrut (5,77%), del Banco Internacional (21,7% asociado a Andrés Navarro y Christoph Schiess) y Auto Summit (junto al viñamarino Martín Santibáñez) que vende Ford y Chery en Chile y Perú. A lo que se suma Alta Developers en Estados Unidos junto a otros seis inversionistas y la española Astara (17,6%) que distribuye autos en Latinoamérica, Europa y Filipinas. A través de la sociedad A3 Property Investments (42%) tiene 11 hoteles operados por Accor en Chile, Perú y Colombia y Estados Unidos.
En Perú es dueño del 50% de Bodegas San Francisco que ha tenido gran éxito, activos de renta inmobiliaria (centros comerciales y edificios de oficinas) a través de Grupo Patio Perú además de Auto Summit y los hoteles de A3 Property, entre otros.
Según La Tercera, su patrimonio en 2024, según el mercado, se calculaba en US$1.200 millones.
Elberg no está solo en el holding Algeciras: Ignacio Del Río Goudie, dueño de la exportadora San José Farms y miembro del clan de Falabella, posee un 37% desde hace una década.
El acuerdo y la separación de aguas
Oriundos de Viña, jefe y gerente en los buenos tiempos empujaron con fuerza los negocios en Perú. Bacigaluppi hizo crecer la cadena Santa Isabel de cinco a 15 locales y creó Boticas Fasa en alianza con Farmacias Ahumada, que fue la principal cadena farmacéutica de Perú.
Cuando Elberg vendió, en 1997, Santa Isabel al grupo uruguayo Vélox le propuso a Bacigaluppi continuar la relación comercial en Perú. “Acordamos crear Surco Inversiones Perú, en la que yo tomaría el 10% y el 90% quedaría en manos de Elberg, quien aportaría hasta US$30 millones para desarrollar nuevos negocios en el vecino país”, recuerda el exejecutivo.
Agrega que la dueña de Surco Inversiones Perú es Surco Investment, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, “propiedad de Cochrane, de Elberg, y mi sociedad Chacarillas, en la que él y yo mantenemos los mismos porcentajes”.
La mayoría de los proyectos desarrollados por Surco, detalla el exgerente, fueron inmobiliarios: tres hoteles, dos en Miraflores y un en Cusco, operados por la cadena Marriott; un centro comercial en la comuna Surco y otro en Jesús María; cuatro edificios de departamentos en San Isidro; uno de oficinas en Miraflores, y una propiedad industrial que arrendaron a la Telefónica de España para un call center y que, más tarde, fue vendida a Interseguro.
La única inversión fallida en 15 años fue Limatex, empresa de confecciones creada en 2003, aprovechando que Estados Unidos fijó un arancel cero para las prendas de algodón como parte de un acuerdo con los países productores de coca. Exportaba el 90% de su producción a clientes como Guess, Abercrombie & Fitch, Dockers y Walmart en Estados Unidos, y la española Adolfo Domínguez, pero la moneda peruana se revaluó tanto frente al dólar y las ventas bajaron por la competencia asiática, que dejó ser un buen negocio.
En 2008, Limatex fue liquidada, se pagó a los acreedores, se vendió el terreno y Bacigaluppi dejó su cargo de presidente ejecutivo de Surco Inversiones, separando aguas para siempre con Elberg.
Desacuerdos a tribunales
De ahí en adelante, comenzaron las diferencias por la valorización del 10% de Surco Inversiones (hoy Algeciras). “En 2008 Elberg me pidió separar Surco Inversiones, él iba a comprar mi parte y para eso se iba definir un banco para la valorización que era el Santander, lo que no ocurrió. Al poco tiempo, le cambió el nombre a Algeciras, que tiene el mismo RUC, donde yo no aparezco”, cuenta el expresidente ejecutivo del holding en Perú.
Cuando la administradora de fondos de inversión peruana Enfoca evaluó asociarse con Surco, a solicitud de Bacigaluppi valorizó en forma preliminar el patrimonio de Surco Inversiones. La cifra era de entre US$60 y US$80 millones, descontando las pérdidas de Limatex y deudas del negocio inmobiliario. Por lo tanto, el 10% valía, al menos, US$6 millones.
Bacigaluppi le propuso a Elberg que le vendieran el portafolio inmobiliario a Enfoca y se repartieran los porcentajes correspondientes, “lo que en principio le pareció una buena opción, pero al día siguiente me comunicó por correo que prefería mantener los activos en Perú y que compraría mi parte”.
A los 15 días, el empresario le hizo la primera oferta: US$500 mil, la que no aceptó. Cuatro semanas después Iván Sheward, cuñado de Elberg y director del holding, le informó en una reunión que estaban dispuestos a pagarle US$1,3 millones. “Le respondí que no, era muy baja. Y no consideraba una valorización real y objetiva, como habíamos acordado, hecha por una empresa externa”, sostiene el exejecutivo.
Cansado por la dilación y la falta de señales para cumplir con lo pactado, el 11 de septiembre de 2008 Bacigaluppi interpuso una demanda por grave incumplimiento del acuerdo por escrito entre ambas partes, la valorización de Surco Inversiones S.A Perú y el pago correspondiente a su 10% en el 2º Juzgado Civil de Viña en contra de Elberg y Algeciras.
El empresario reaccionó y presentó demandas por indemnización de perjuicios en contra de Bacigaluppi. En Perú pidió US$16,5 millones por las pérdidas de Limatex, acusando “administración dolosa”. En Chile, solicitó una indemnización por $600 millones por las pérdidas sufridas por Intitop, la comercializadora de los productos de Limatex en nuestro país.
Ninguno de los dos juicios prosperó, ya que la Corte Suprema de Chile y la Corte Superior de Lima los declararon improcedentes e infundados, pero como consecuencia la casa de Bacigaluppi en Santiago quedó con una medida precautoria.
“Es importante decir que la Corte Superior de Lima, tras una larga tramitación, al dictar su sentencia final en 2023 lo condenó en costas por 17 mil soles (US$5 mil) que no ha pagado”, asegura Bacigaluppi.
Lo peor, sin embargo, estaba por venir.
Anticipo, la bomba de tiempo
Para intentar un arreglo fuera de los tribunales, Bacigaluppi se reunió nuevamente con Elberg, quien elevó la oferta: US$3.750.000, inferior a los US$6 millones que estimaba su exejecutivo, pero después de dos años de juicios optó por aceptar. A cambio ambas partes retirarían las demandas.
El asunto avanzó y en febrero de 2010 recibió un anticipo por US$700 mil, pero Bacigaluppi se negó a firmar el acuerdo notarial por una condición: debía aceptar pagar el impuesto a la renta, equivalente al 30% del total de US$3.750.000. “Como se trataba de una transferencia de acciones yo tenía que pagar el impuesto a la ganancia de capital que correspondía al 5% en Perú”, afirma Bacigaluppi.
Elberg solicitó, en abril de 2010, ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, la devolución mediante un juicio ejecutivo de los US$700 mil entregados a su exbrazo derecho en Perú como anticipo en la notaría limeña, porque no cumplió el requisito de firmar el acuerdo definitivo.
Bacigaluppi reaccionó y presentó en 2011 una querella por estafa en contra de Elberg en la Fiscalía de Viña del Mar. La que fue trasladada a Santiago y la fiscal Ximena Chong no la acogió a tramitación por estimar que el asunto estaba siendo visto en el 2º Juzgado Civil de Viña.
Bacigaluppi no tuvo éxito: la jueza Cecilia Sagredo Olivares del 2° Juzgado Civil viñamarino determinó que no se encontraba acreditada la existencia de una relación comercial entre Elberg y Bacigaluppi, no podía probarse que el demandado (Elberg) y su holding Algeciras tuviesen participación accionaria en Algeciras S.A. Perú, ni aceptó valorizar el holding en Perú como solicitaba el demandante. La cortes de Apelaciones de Valparaíso y la Suprema ratificaron el fallo.
Elberg se anotó un triunfo, al ganar el juicio ejecutivo que llegó hasta la Corte Suprema. Para cobrar el anticipo de US$700 mil, la casa de Bacigaluppi salió a remate en 2016. Tenía una medida precautoria en el juicio por indemnización de perjuicios en Chile que Elberg perdió después de ser subastada la vivienda.
Descuento por Santa Isabel y fraude de Vélox en Uruguay
Dentro de las complejidades de esta historia hay un hecho llamativo. Cuando Elberg vendió Santa Isabel el precio informado a la Superintendencia de Valores y a la Securities & Exchange Comission, dado que la empresa transaba acciones en Chile y ADR en la Bolsa de Nueva York, fue US$229,7 millones. Pero en 2011 Elberg reveló en una entrevista en El Mercurio que recibió US$150 millones por su 36,96%.
Vélox, el comprador, descontó US$80 millones, lo que no fue comunicado a las autoridades chilenas ni estadounidenses. El grupo uruguayo era dueño de la conocida cadena Disco en Argentina, hizo un paquete con Santa Isabel y, en menos de un año, en enero de 1998, se asoció con la que era la tercera cadena de supermercados más grande del mundo: la holandesa Royal Ahold. Al poco tiempo, Vélox le traspasó el total de sus acciones. Y en 2002, cuando los papeles de Santa Isabel estaban por el suelo por sucesivas pérdidas, Ahold optó por cerrar Santa Isabel, para lo cual hizo una Oferta Pública de Adquisición de Acciones, pagando menos del 20% de lo que valían las acciones de Santa Isabel al momento de ser vendida por Elberg.
Para cerrar el capítulo, en 2002, los Peirano, dueños de Vélox, fueron acusados de cometer el mayor fraude bancario de la historia de Uruguay. El padre murió en la cárcel a la espera de juicio; tres de sus hijos fueron condenados por insolvencia societaria fraudulenta a seis y nueve años que cumplieron antes en prisión preventiva. Y Juan Peirano, quien era el presidente del grupo Vélox, huyó a Estados Unidos, estuvo prófugo cuatro años, fue detenido, cayó preso, fue extraditado, pasó tres años en prisión preventiva en Uruguay y en marzo de 2025 fue condenado a nueve años de cárcel.
El fraude del Banco Montevideo, que controlaban los Peirano, provocó un daño patrimonial por unos US$340 millones a sus clientes (depósitos en cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos) por el desvío fraudulento a su Banco TCB en Islas Caimán. También hubo acusaciones de los ahorrantes del Banco Vélox de Argentina y del Banco Alemán de Paraguay, de propiedad de los Peirano. Todos fueron intervenidos y dejaron de existir.
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