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Chats de Hermosilla abren nuevo frente judicial: querella acusa influencia en caso Luchsinger-Mackay PAÍS Foto: AgenciaUNO

Chats de Hermosilla abren nuevo frente judicial: querella acusa influencia en caso Luchsinger-Mackay

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La acción, declarada admisible, se apoya en mensajes y llamadas de 2018 que, según el querellante, revelarían gestiones ante la Corte Suprema mientras revisaba las condenas por el ataque incendiario que causó la muerte del matrimonio en Vilcún.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Una querella declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acusa a Luis Hermosilla de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia por supuestas gestiones ante la Corte Suprema en 2018, cuando se revisaba la nulidad de las condenas por el ataque incendiario que causó la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay en Vilcún. La acción, presentada por la defensa de José Tralcal, se apoya en mensajes y llamadas en que Hermosilla habría buscado contactos con el ministro Manuel Valderrama para que se rechazara el recurso.
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Los chats de Luis Hermosilla que ya habían expuesto sus redes en el Poder Judicial abrieron ahora un nuevo frente penal. La defensa del comunero mapuche José Tralcal Coche presentó una querella contra el abogado por tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia, por gestiones que, según el libelo, buscaban incidir en la Corte Suprema mientras revisaba las condenas por el crimen de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.

La acción, ingresada por la abogada Karina Riquelme Viveros, fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El libelo se apoya en conversaciones de 2018 entre Hermosilla y el abogado José Ramón Correa, reveladas en junio por Reportea y recogidas entonces por El Mostrador. Los mensajes muestran intercambios sobre integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema cuando debía resolverse el recurso que podía derivar en un nuevo juicio por el ataque incendiario de Vilcún.

El 23 de agosto, Hermosilla preguntó a Correa quién era su contacto más cercano en la Sala Penal. “Valderrama”, respondió este, en referencia al ministro Manuel Valderrama. “Necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger”, escribió Hermosilla, agregando que era “clave para avanzar en el proceso de pacificación de la Región” y que “un cuarto juicio sería fatal”. Correa respondió que se reuniría con el magistrado y posteriormente informó que había abordado el asunto.

La querella incorpora además una secuencia del 9 de agosto. Correa recordó a Hermosilla que debía llamar a Valderrama y este respondió después que la conversación había sido “buena” y “de emergencia para transmitir el mensaje”. Al día siguiente, Correa señaló que el ministro estaba agradecido por el llamado y que Hugo Dolmetsch no había asistido a la sala.

El 10 de octubre de 2018, la Segunda Sala rechazó finalmente el recurso de nulidad. La Corte Suprema mantuvo las condenas, aunque rebajó las penas al descartar el carácter terrorista del delito.

La querella también pone el foco en el rol que Hermosilla tenía entonces en el Ejecutivo. El abogado mantenía vínculos contractuales con el Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y, según el libelo, actuaba como asesor por encargo del entonces ministro Andrés Chadwick. La parte querellante sostiene que algunas de las gestiones denunciadas se desplegaron desde La Moneda y utiliza ese antecedente para fundamentar la competencia del tribunal de Santiago.

Reportea ya había establecido que Hermosilla y Correa coincidieron como asesores de Interior durante parte de 2018, período en que se produjeron las conversaciones.

El ministro Manuel Valderrama, en tanto, negó en junio cualquier intervención indebida. Señaló que conocía a Correa por su vínculo con la Universidad de Chile, que mantenían una relación esporádica y que no recordaba haber conversado con él sobre el caso Luchsinger-Mackay. También aseguró que nunca habló con Hermosilla sobre causas judiciales.

La querella busca ahora que el Ministerio Público determine si esas comunicaciones configuraron delitos y solicita investigar a Hermosilla y a quienes eventualmente resulten responsables. La defensa de Tralcal sostiene además que los antecedentes deben analizarse a la luz de sus cuestionamientos al debido proceso en una causa que también ha sido llevada al sistema interamericano de derechos humanos.

De esta forma, conversaciones que hasta ahora habían servido para reconstruir las redes políticas y judiciales de Hermosilla pasan a convertirse en materia de una nueva acción penal. La investigación deberá establecer si se trató de contactos informales o si, como sostiene la querella, existió una intervención ilícita destinada a influir en una decisión de la Corte Suprema.

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