La negativa de la cartera del ministro Velasco a financiar la propuesta de retiro anticipado para académicos y funcionarios, y que impide el tiraje de la chimenea en las universidades estatales, colmó la paciencia de los rectores. Si bien entienden el contexto mundial de crisis financiera, la alternativa es la obsolescencia y falta de competitividad de sus planteles, que se enmarca dentro de la profunda crisis de la educación pública en Chile.
-¿Dónde están los cupos para volver?, preguntó el representante de los estudiantes chilenos de Harvard a la presidenta Michelle Bachelet en septiembre pasado, durante la visita de la mandataria a la prestigiosa casa de estudios.
La inquietud apuntaba directamente la falta de plazas y equipamiento en los centros de estudios superiores que existen en el país. Realidad que además de desmotivar el regreso de los alumnos que realizan doctorados y magíster en el extranjero, es una piedra en el zapato para las 16 universidades públicas del país, reunidas en el Consorcio de Universidades Estatales (CUE).
Por eso, la decisión del ministerio de Hacienda de no incluir en su presupuesto para el Ministerio de Educación (Mineduc) los recursos para materializar el Plan de Incentivo al Retiro para la Renovación de los Cuadros Académicos y Administrativos impulsada desde hace dos años, cayó como un balde de agua fría en el CUE.
Básicamente, porque este programa de incentivo al retiro pretende renovar los cuadros académicos y administrativos de quienes están en edad de jubilar, para abrir el espacio a profesionales jóvenes y con alto nivel académico. Y de esta forma acelerar el proceso de innovación del país.
La iniciativa, ya ha sido dada a conocer al Ministerio de Educación (Mineduc), a Hacienda, a los parlamentarios de todas las tendencias, a las principales autoridades políticas y también al Consejo de Innovación.
“Hoy estamos mandando una cantidad impresionante de gente afuera a formarse. Hemos tenido permanentemente la Beca Presidente de la República. Sin embargo de cada diez que salen vuelven dos, porque no tienen dónde ubicarse en nuestros planteles. Y eso que la mayoría de doctorados prefieren venirse a una universidad para desarrollar la investigación, porque además las empresas no los quieren”, advierte el rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y también presidente del CUE, Juan Manuel Zolezzi.
Pero la preocupación del consorcio liderado por Zolezzi va mucho más allá de la falta de cupos para los estudiantes extranjeros. El meollo del asunto, según explica el rector, es que “si en cinco años más no renovamos nuestras plantas académicas estas universidades mueren. Y de paso muere el 80 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología en el país”.
Opinión con la que concuerdan varios rectores, como el de la Universidad de la Frontera, Sergio Bravo, que incluso prevé “que algunas se van a morir antes”.
Muerte que relacionan directamente al abandono con que el Estado ha tenido al sector. “Han pasado 29 años desde la reforma educacional de 1981. Obviamente la Concertación se ha concentrado en alimentar la educación básica, media, y ha descuidado las universidades del Estado: no ha habido políticas al respecto. Creo que ahora recién se está tomando en serio, porque nosotros lo hemos puesto arriba de la mesa”, sentencia Zolezzi.
El pariente pobre de la educación superior
En promedio, el sistema de educación superior chileno es financiado por recursos equivalentes a poco más del 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo y a diferencia de la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cerca de 80 por ciento de este monto es financiado por las familias.
Esta realidad, no concuerda con los países que han logrado un desarrollo importante y que son “mirados” como referentes por Chile, como Finlandia, Australia o Nueva Zelanda. El factor común es que todos tienen educación pública con un presupuesto de financiamiento superior al 80 por ciento.
En cambio, el porcentaje promedio de los aportes fiscales-centrados básicamente en el Aporte Fiscal Directo (AFD) y el Aporte Fiscal Indirecto (AFI)- a las universidades estatales es de 25 por ciento. Incluso, según datos de 2006, algunas llegan al 9 o 10 por ciento, como el caso de la Universidad Arturo Prat, de la Región de Arica y Parinacota.
Escenario muy distinto al que se vivía antes de 1973, cuando el régimen militar redujo drásticamente el presupuesto universitario. Antes, las universidades eran financiadas en su mayor parte por el Estado: las estatales casi en 100 por ciento. Además, por ley se establecía que el 0,5 por ciento de los impuestos fiscales y de los derechos de aduana y exportación serían destinados a la investigación universitaria.
“Hoy día el financiamiento privado de la educación superior se agotó: las familias no están en condiciones de poner más recursos porque hay un límite”, asegura la cabeza de la Usach.
Ser o no ser público: he ahí la cuestión
Pero la “cojera” que enfrentan las estatales no tiene que ver sólo con financiamiento. También está ligada a falencias que van en desmedro de su competitividad.
Como botón de muestra, las casas de estudio públicas no pueden endeudarse más allá del período presidencial.
“El Estado para algunas cosas considera que somos empleados públicos: para los deberes. Para los derechos no considera que lo seamos. Por lo tanto un profesor asociado que hoy tiene un sueldo promedio de un millón y medio de pesos, va a jubilar con 350 o 400 mil pesos. Y esos son los profesores de la mayoría de los políticos de Chile, de la mayoría de los gerentes, de los industriales. Y que se vayan con ese sueldo miserable no es digno”, opina Zolezzi.
Por eso, la sensación es que hay un desgaste de estas universidades, lo que también, reconoce el ingeniero, tiene que ver con irresponsabilidades en la gestión.
Otro punto en que compiten en condiciones desiguales, es que los centros de estudio del Consejo de Rectores (Cruch) no pueden aumentar las matrículas más allá de un tope, ya que complican al Estado en cuanto al financiamiento estudiantil en los tres primeros quintiles.
El Ejecutivo promete ley
Hace unas semanas, y luego de enterarse de la negativa de Hacienda a financiar el proyecto global, que contemplaba una inversión de 84 mil millones de pesos de aquí a 2010, el titular de la Usach adelantó a El Mostrador.cl que, dada la crisis financiera internacional, existía comprensión respecto a la decisión de la cartera de Andrés Velasco. No obstante, no se quedarán de brazos cruzados.
Mal que mal, cuentan con un amplio respaldo del mundo político, con quienes han mantenido reuniones transversales. También desde el Mineduc, donde reconocen la necesidad de una solución.
Por eso, el martes mantuvieron una serie de reuniones. Empezando a las 8:30 horas en la cartera de Educación, donde la directiva del Consorcio dialogó con la jefa de la División de Educación Superior, Sally Bendersky y sus asesores. Allí, se pusieron las cartas sobre la mesa y se habló de “la presión natural” que están ejerciendo los gremios académicos, de funcionarios y también estudiantiles frente a la situación.
A reglón seguido, la directiva del consorcio se reunió con la Federación de Asociaciones de Académicos de las Universidades Estatales de Chile (Fauech). Y a las 14:30 horas le tocó el turno a Hacienda. En Teatinos 120, representantes del Mineduc, de los rectores de las estatales y el subdirector de racionalización y función pública de la Dirección de Presupuestos, Enrique Paris, se dieron cita.
El acuerdo fue desarrollar una mesa de trabajo para resolver el plan de retiro anticipado de los académicos y funcionarios. Y el compromiso del Ejecutivo se centró en elaborar una propuesta de ley que solucione este punto en el corto plazo, lo que se discutirá semanalmente.
Al respecto, Paris no adelanta fórmulas. “Vamos a concluir una. Primero tenemos que hacer un diagnóstico de hasta dónde fueron eficaces modalidades de este tipo en el pasado y rediseñar un instrumento que cumpla con el propósito de permitir que académicos puedan retirarse en mejores condiciones que las actuales”.
En todo caso, Zolezzi advierte que dicho diagnóstico no puede durar más de esta semana y que deberá estar resuelto antes de la próxima reunión en Hacienda, el martes 21 de octubre.
Para rematar la movida agenda, el rector de la Usach expuso ante la Subcomisión Especial de Presupuestos del Senado la delicada situación. Y al salir, aseguró que “los parlamentarios no conciben que las universidades estatales estén en desventaja con el resto de las casas de estudio. Existe una absoluta comprensión”.
