Un inesperado vuelco sufrió el incipiente acuerdo que intentaba concretar el primer vicepresidente de la Cámara Baja con los trabajadores de los parlamentarios, a objeto de homologar en parte sus beneficios a los que gozan los funcionarios de planta de la Corporación. Aunque Guillermo Ceroni no pierde la esperanza de que tras la semana distrital las negociaciones se retomen.
Un brusco retroceso sufrió ayer la posibilidad de arribar a un acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de Parlamentarios (Sintrapar) y los diputados, luego que la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Baja rechazara “por una contundente mayoría” entregar algunos de los beneficios solicitados por los asesores legislativos y que hasta hace un par de días el vicepresidente de la Corporación, Guillermo Ceroni, confiaba en que serían aprobadas por la instancia. Todo, luego de que la Comisión Económica de la entidad hiciera lo propio.
Aunque el propio Ceroni, quien presidió la comisión ante la ausencia de Francisco Encina (PS), reconoció que él hubiera preferido dejar la discusión del tema para más adelante, por lo que no estaba en tabla para ayer miércoles, finalmente se abordó y se votó. Para sorpresa de los afiliados al sindicato y algunos parlamentarios incluso el diputado Fidel Espinosa (PS) rechazó la idea de otorgar beneficios como un seguro de salud y uniformes para las secretarias. Situación que aún no ha sido comunicada oficialmente a los dirigentes de Sintrapar, cuestión que ocurrirá hoy cuando el diputado Ceroni se reúna con Nelly Cárdenas, la presidenta del organismo.
Para el presidente en ejercicio de la Comisión de Régimen Interno, ayer no era un buen momento para abordar el tema de los beneficios que exigen los asesores de los diputados, debido a que el martes, en los pasillos de la Corporación, aparecieron unos llamativos carteles que acusaban a los legisladores de cometer “abusos” contra sus empleados. Eso, opina Ceroni, “echó a perder el ambiente”, lapidando la posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes en conflicto.
Según Ceroni los principales argumentos esgrimidos para rechazar los beneficios apuntan al hecho de que la relación contractual es entre el diputado y sus respectivos empleados y no con la Cámara Baja como Corporación. Por lo que, si se producen abusos en algunos casos, estos deberían ser denunciados y corregidos por el empleador respectivo, y no tienen por qué quedar todos los legisladores en entredicho públicamente.
El vicepresidente de la Cámara admite que “todo queda en foja cero” y que habrá que esperar retomar el diálogo al regreso de la semana distrital, ya que no pierde la esperanza de lograr algún acuerdo que mejore las relaciones laborales entre los asesores y los diputados.
Ceroni está preocupado por el rumbo que está tomando esta situación. Al punto que si esto continúa sin acuerdo, el diputado planteará en la Comisión de Régimen Interno que “todos los puntos de vista y las votaciones sean públicas”. Ello, porque a su juicio “es la única forma de que haya conocimiento de la postura de cada bancada y sus representantes”. Y “como uno siempre tiene que tratar de unificar las posiciones entre los distintos actores, no pierdo la esperanza de que más adelante, de vuelta de la semana distrital, se reanude el debate”.
El planteamiento del diputado sería bien acogido por algunos de sus pares que critican el funcionamiento de la mencionada comisión, puesto que ni siquiera todos los legisladores conocen los temas que se tratan y votan al interior de la misma oportunamente. De hecho, hay quienes critican que entre los integrantes de esta instancia ocurre que a veces tienen un planteamiento en privado, pero cambian de postura luego de que se hace público.
Proyecto de ley ad hoc
Consultado el jefe de la bancada de la UDI, Claudio Alvarado, este indicó que el tema de los beneficios para Sintrapar no se abordó, pero aclaró que su tesis es que los afiliados al sindicato son funcionarios que tiene una relación directa con cada diputado y no con la Cámara, y entre ellos deben resolver los conflictos laborales. Similar postura manifestó el segundo vicepresidente de la Corporación, Jorge Ulloa (UDI), quien aclaró que los asesores no trabajan para la Cámara Baja, sino para los legisladores.
Mientras este debate se profundiza y soterradamente aumenta la presión, la diputada Adriana Muñoz (PPD) presentó un proyecto de ley que establece un estatuto especial para trabajadores de los parlamentarios y regula la administración de las asignaciones.
En su artículo único modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y establece que “las Cámaras deberán establecer un estatuto especial que regule los derechos y obligaciones que emanen de las relaciones laborales entre los parlamentarios y las personas que éstos contraten o designen, según sea el caso, para el ejercicio de su mandato. Dicho estatuto deberá aprobarse, a proposición de la Comisión de Régimen Interior del Senado y de Régimen Interno de la Cámara de Diputados, respectivamente, con las formalidades que rigen, dentro de cada Corporación, para la tramitación de un proyecto de ley”.
Además, establece que “con cargo a los presupuestos de cada Cámara los diputados y senadores tendrán derecho para el cumplimiento de sus funciones a las asignaciones que fijen sus respectivos reglamentos. Sin perjuicio de lo anterior, cada Cámara deberá proporcionar los elementos muebles y los inmuebles que sean necesarios para tal fin, los que deberán ser contratados y administrados directamente por éstas o entregados en comodato, según sea el caso. Los reglamentos regularán la forma en que se entregarán dichos bienes o los suministros que se contraten y la forma en que se rendirán los gastos que se efectúan. De todo ello se deberá dejar expresa constancia en los informes que emita las respectivas comisiones revisoras de cuentas».
Artículos relacionados
Silenciosa batalla contra abusos laborales de diputados (06 de Octubre de 2008)
