El lobby realizado por La Moneda no rindió los frutos que el Ejecutivo esperaba y su última oferta salarial para los estatales fue impugnada por seis votos contra dos. Previamente y de manera unánime dicha instancia legislativa había aprobado la idea de legislar para que el tema sea visto este jueves por la sala. En tanto los dirigentes reiteraron que de no recibir una oferta superior al 10 % no bajaran la movilización que se inició este lunes con carácter de indefinida.
Finalmente la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rechazó la indicación con la cual La Moneda entregaba un reajuste parejo de 9,5 por ciento a los trabajadores del sector fiscal que se encuentran paralizados.
El proyecto fue rechazado por seis votos contra dos y los diputados sólo aprobaron la idea de legislar sólo la intención de reajustar los salarios, por lo que la iniciativa pasará este a la sala sin la cifra propuesta por Ejecutivo.
De esta forma el Gobierno podrá insistir con su propuesta o entregar una nueva.
“Nosotros no estamos disponibles a bajarnos de ninguna movilización si hay un reajuste que no sea de dos dígitos y parejo para todo el sector público”, señaló Esteban Maturana, presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam).
La última oferta de La Moneda para poner fin la movilización que el jueves inicia su cuarto día era de un incremento de de 9,5% para todos los empleados fiscales, incluyendo a aquellos que perciban una renta superior a los tres millones de pesos.
A ello, se sumaban bonos de término de conflicto por $200.000 para todos los trabajadores que ganan hasta un millón de pesos y uno de $100.000 para quienes reciben sueldos de hasta dos millones de pesos.
Por la tarde parlamentarios del PPD habían anunciado que rechazarán la nueva oferta, debido a que apuestan por un reajuste igualitario y no escalonado para todos los trabajadores por lo que el Gobierno convocó a una reunión de urgencia a los jefes de las bancadas de diputados y senadores de la Concertación, como asimismo a los presidentes de los partidos políticos del conglomerado, para destrabar la ley y tras la decisión de la comisión de hacienda de la Cámara Baja de postergar la votación de la misma.
Médicos y jueces se suman al paro
Médicos y jueces se sumaron este miércoles al paro indefinido de 400.000 empleados públicos, tras rechazar un aumento salarial presentado por el Gobierno equivalente al 10 por ciento, mientras los funcionarios exigen el 14,5 por ciento.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Funcionarios Médicos, el doctor Daniel Valenzuela, dijo hoy a radio Bío Bío que «vamos a parar y a mantener sólo el servicio de urgencia para la cobertura de riesgo vital. Las personas que deseen una consulta es mejor que no concurran a los hospitales porque los médicos trabajamos en equipos y los equipos no están funcionando», señaló.
Respecto a la posibilidad de que el Gobierno coloque a personal de las Fuerzas Armadas a cargo de los hospitales, Valenzuela fue tajante en responder: «ese no es nuestro problema, es problema de las autoridades de salud».
El profesional señaló que este miércoles se han sumado prácticamente todos los hospitales de la Región Metropolitana, de 6,2 millones de habitantes, al paro de los funcionarios públicos.
Jueces
El vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Patricio Souza, calificó de discriminatorio el reajuste salarial escalonado propuesto por el Gobierno.
“Prospera una medida que estimamos discriminatoria, el fundamento sería principalmente la igualdad ante la ley, habría una discriminación que no estaría amparada por la Constitución para los efectos de hacer esta distinción”, dijo Souza a radio Cooperativa.
Souza informó que los jueces ganan un sueldo líquido de entre $2.000.000 y $2.800.000, por lo que no saben si se les otorgará el reajuste del 4%, ya que existe el rumor de que se le otorgaría un incremento de dinero al poder judicial, a pesar de recibir mensualidad de más de $3 millones brutos.
“Estamos recuperando un poder adquisitivo perdido, el no reajustar los sueldos sobre la base del Índice de Precio al Consumidor es en el fondo e indirectamente una rebaja de sueldo”, precisó Souza.
Las asociaciones de Magistrados y de Fiscales del Ministerio Público realizaron una jornada de reflexión de una hora, en la que paralizaron las audiencias y las labores propias de los funcionarios, en rechazo a la propuesta del Gobierno.
