Una suerte de héroes anónimos son los 41 miembros de la Bidema. Sin hacer mucho ruido pero logrando buenos resultados, indagan a lo largo de todo Chile ilícitos contra la ecología, la salud pública y el patrimonio cultural. Entre sus hitos está develar el brutal abuso animal por parte de la Sociedad Protectora de Animales, asesorar a la PDI de Isla de Pascua con el caso del finlandés que arrancó la oreja a un Moai y recuperar más de 10 mil piezas arqueológicas y patrimoniales en los dos últimos años. Sólo por nombrar algunos.
Tras golpear muchas puertas vecinos preocupados por los fuertes olores y la frecuente salida de lo que presumían eran animales muertos de la Sociedad Protectora de Animales Benjamín Vicuña Mackenna, decidieron acudir al programa televisivo «La Ley de la Selva».
Lo que los pobladores no sabían, era que el organismo encargado de cursar este tipo de denuncias es la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI). Instancia que finalmente se hizo cargo del asunto y que desenmascaró a principios de diciembre el brutal y sostenido maltrato animal que imperaba en el lugar.
Ser una entidad prácticamente desconocida entre la ciudadanía es pan de cada día para el Comisario Jefe, Richard Oliva, que explica que al ser una institución muy nueva -cumplieron seis años este mes- y además realizar una tarea que implica meses de investigación, visitas a terreno y peritajes, convierten su labor en un «un trabajo muy anónimo».
A la caza de delitos verdes
Pero han ido ganando vuelo. Y también personal. Cuando empezaron eran sólo 8 miembros y este año ya son 41. Médicos, veterinarios, ingenieros agrónomos y forestales, analistas, químicos historiadores y geógrafos son algunos de los profesionales que conforman la brigada y que trabajan en cuatro áreas: contaminación, flora y fauna, sustancias peligrosas y patrimonio cultural.
Y como el tema medioambiental da para mucho, es posible verlos trabajando en la prevención de talas ilegales, rescate de patrimonio cultural, investigación de venta no autorizada de animales e incluso controlando cargas de vehículo.
También han sido claves en casos emblemáticos, como el de Celco en el Río Cruces y en el río Mataquito. Así como el derrame de petróleo de Enap en la Bahía de San Vicente.
Según explica Oliva, su brigada trabaja muy de cerca con el Ministerio Público, donde los fiscales «cada vez nos están conociendo más». De hecho, han tenido un contacto muy fluido y han trabajado bastante con la fiscal Ana María Aldana -justamente en el caso de la Bahía de San Vicente- con Marisa Navarrete -conocida por el caso ADN- y Emiliano Áreas, encargado de la indagatoria contra el dueño de la Sociedad Protectora de Animales.
Por ello, la designación de los once fiscales verdes en noviembre pasado -cuyo objetivo es perseguir los delitos contra el medio ambiente, así como aquellos que atentan contra la salud pública, contaminación de aguas, la Ley de Seguridad Nuclear y el patrimonio cultural- se traducirá en un gran complemento a la labor de la unidad dependiente de la Jefatura Nacional del Medio Ambiente.
Ecológicos y arqueológicos
No sólo de medioambiente vive el hombre. Y el equipo del comisario Oliva lo tiene claro. Por eso, entre sus operaciones también se cuenta el resguardo del patrimonio cultural: este año recuperaron casi 3 mil 500 piezas paleontológicas y arqueológicas, de las cuales 1.782 fueron extraídas de los yacimientos fósiles ubicados en Bahía Inglesa y Caldera, en la Región de Atacama.
A esto se suman más de 7 mil piezas recuperadas el año pasado. Lo que en términos científicos e históricos posee un valor incalculable. Y también económicamente, ya que transar con este tipo de mercancías puede reportar magros beneficios.
Para evitar esto, una de las tareas emblemáticas que la Bidema planea para 2009 es precisamente continuar con la fiscalización en terreno a lo largo del país para evitar este tipo de ilícitos.
La Bidema de Aisén
Además de la Bidema Metropolitana, en octubre de 2007 aterrizó en la Región de Aisén la segunda oficina a nivel nacional. Con ocho miembros, su ubicación en la zona se consideró estratégica porque además de la gran cantidad de recursos naturales existentes, se tomó en cuenta la eventual aprobación del polémico proyecto HidroAysén, que contempla la instalación de 5 megacentrales en los ríos Baker y Pascua.
Por otro lado, también tuvo peso la existencia de salmonicultura en la región a la hora de decidir dónde abrir una segunda dependencia, lo que se vio reforzado con la propagación del virus Isa que ha golpeado fuertemente a la industria. Una nueva arista de investigación medioambiental que los Ace Ventura nacionales han debido asumir.
