Tal vez esta sea la última ocasión que tengan los parlamentarios de enterarse de los detalles del polémico concurso público. Si por mucho tiempo las críticas y las defensas se hicieron en pasillos a uno u otro involucrado, en esta ocasión conocerán todos los antecedentes que recabó el fiscal a cargo de la indagatoria contra uno de los empleados responsable del procedimiento.
Después de más de un mes de iniciada la investigación sumaria al funcionario del Senado Hernán Iturriaga Neumann -en el marco de la licitación del canal de televisión de la Cámara Alta- todavía no se le comunica la sanción a que estaría expuesto. El proceso se vuelve a retrasar, porque ahora el prosecretario y tesorero general de la Corporación, José Luis Alliende Leiva, habría decidido entregar todos los antecedentes en su poder a la Comisión de Régimen Interno antes de resolver.
Según trascendió, aunque Alliende ya habría tomado una decisión acerca de la sanción a Iturriaga Neumann, prefiere que los senadores conozcan toda la información que tiene en sus manos. Gran parte de estos antecedentes son los que recibió del fiscal a cargo de la investigación sumaria, Fernando Soffia, quien cerró el proceso a mediados de diciembre.
La idea de entregar toda la documentación a los senadores para que la conozcan, antes de que Alliende comunique a Iturriaga el castigo, se debe a la polémica que se ha producido en la Cámara Alta a raíz de la licitación del canal del Senado. Las autoridades de la Corporación quieren evitar que algunos senadores sospechen que la no sea del todo objetiva.
En todo caso, si algún parlamentario hubiera estimado que el funcionario merecía una drástica sanción, quedará desilusionado. Ello, porque la recomendación de Soffia apunta sólo a una amonestación verbal, mientras que según fuentes del Senado, el prosecretario incluso podría inclinarse a absolver a Iturriaga Neumann.
Aún cuando la investigación haya concluido y a Iturriaga se le comunique oficialmente la sanción, si la Comisión de Régimen Interno no decide algo distinto, la polémica seguirá su curso. Entre otras cosas, porque la próxima semana sesionará la Comisión de Ética de la Cámara Alta.
Según explican fuentes de la Corporación, esta instancia fue convocada debido a la molestia existente entre algunos parlamentarios por el lobby que habrían efectuado los representantes de la productora Evans y Thiel en dependencias del Congreso, aludiendo a la «Solicitud de Revisión» presentada por la empresa ante la Comisión de Régimen Interno, para que se revisara el proceso de licitación del canal. Documento sobre el cual tampoco se ha pronunciado todavía esa instancia.
En la derecha se ha hecho una defensa cerrada a la firma ganadora de la licitación, Herman De Rodt, planteando que fue la oferta más baja de todas las que se presentaron -$ 58.800.000 millones- mientras que Evans y Thiel «ofrecieron el doble» -$ 105.525.516 millones mensuales-, dice un senador de oposición que no se explica la polémica «cuando lo mejor para el Senado es una empresa que ha hecho una muy buena oferta a un costo mucho menor, incluso que el que actualmente se gasta».
También han sido representantes de la oposición los que han hablado de un «lobby descarado» de parte de Evans y Thiel y es eso lo que tendrá que evaluar la Comisión de Ética. Por otro lado, está por verse cuánto de lo que ofreció De Rodt, efectivamente va a cumplir. No son pocos los senadores que están muy pendientes de poder evaluar con el proceso en marcha, qué es lo que el Senado ganó con ésta, la primera licitación pública de su canal de televisión.
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