La Presidenta, en su último discurso ante el Congreso Pleno, enfatizó la protección social como el sello y legado histórico de su gobierno. Concepto que, además, le viene como anillo al dedo para justificar la contundente batería de recursos que se inyectarán durante el segundo semestre, vía bonos y subsidios, para paliar los efectos de la crisis económica. De fondo, por cierto, están las aprensiones de la derecha que para callado habla de «intervención electoral», pero en público está obligada a aplaudir los beneficios con su mejor sonrisa. Touché.
En sus casi dos horas de discurso, Michelle Bachelet no sólo hizo un recorrido por los avances sociales de su administración, remarcando el sello de protección social con el que aspira a pasar a la historia, sino que en la misma línea anunció una contundente batería de medidas para paliar los efectos de la crisis económica, que probablemente se harán sentir con más fuerza a partir del invierno. La pregunta, desde la perspectiva de los intereses del sistema político, es hasta que punto esos recursos serán funcionales a la candidatura presidencial del oficialismo, que busca un quinto período en La Moneda.
En lo específico, la mandataria anunció un nuevo bono de 40 mil pesos que favorecerá a 4 millones de cargas familiares, a pagarse en agosto. Además, se adelantará para septiembre próximo el incremento de la cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias de 45 a 50 por ciento y aumentará la pensión máxima con Aporte Solidario de 120 mil a 150 mil pesos, adelantando la transición de la Reforma Previsional como un «esfuerzo especial» para enfrentar la crisis económica. A ello se suman una serie de subsidios y un seguro de vivienda. A este último podrán postular quienes habiendo adquirido una casa de hasta 2 mil UF, con algún subsidio de la cartera de Vivienda y tengan un crédito hipotecario, pierdan su trabajo y estén desempleados más de dos meses. Y, para el 2010, anunció la entrega de 60 mil computadores.
Así, en medio de la campaña electoral más competitiva que enfrenta la Concertación desde el regreso a la democracia, la Presidenta lanza un paquete que nadie podría poner en tela de juicio, pues apunta en beneficio de los sectores más vulnerables.
Mientras el balance y los anuncios dejaron conforme a dirigentes y parlamentarios oficialistas, la derecha inevitablemente vio en ellos la sombra de la «intervención electoral». Y es que la mayoría de los anuncios se concretarán en lo que resta del actual mandato, es decir en plena campaña. En este sentido, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que la «instrumentalización electoral no tiene que ver con los recursos», sino más bien con actitudes como el «guiño» que la Presidenta le hizo a Frei a su ingreso al salón plenario, pues a pesar de la prisa que llevaba la mandataria, con él se detuvo un par de segundos más que con el resto de los invitados. A juicio del timonel gremialista, con este discurso «los funcionarios públicos recibieron la señal de que hay que mantenerse (en el poder) a toda costa».
Distinta, por razones obvias, fue la postura del máximo dirigente del PPD, Pepe Auth, quien descartó que la intención de Bachelet haya sido para generarle un mejor piso al candidato de la Concertación, como comentaban algunos parlamentarios y dirigentes opositores, sino que más bien «al adelantar la Reforma Previsional compensó el no poder eliminar el 7 por ciento de las cotizaciones de los jubilados», aspiración transversal que tenía descontento a un significativo grupo de legisladores oficialistas. Aunque con esto puede haber tranquilizado a su sector, encendió las alarmas en la derecha.
A la cancha política
Si bien durante todo el discurso Bachelet eludió referencias directas a los candidatos presidenciales, como nunca antes hizo alusión a la dictadura y a los derechos humanos, tema recurrente para la Concertación en época de elecciones, con frases como: «Lejana se ve la época en que las crisis se enfrentaban ajustando el cinturón, recortando el gasto, subiendo las tasas de interés y eliminando beneficios sociales. (…) si en los años ochenta la crisis se enfrentaba quitándoles el diez por ciento a los jubilados, hoy la crisis se enfrenta aumentando en un 25 por ciento la Pensión Básica Solidaria»; o, «para fines de este año, invito a todos los chilenos a visitar, frente a la Quinta Normal en Santiago, el Museo de la Memoria. Para que todos los chilenos, especialmente los más jóvenes, conozcan lo que pasó, reflexionen acerca de lo ocurrido; y sobre todo, lo más importante, para que todos podamos comprometernos en que algo así nunca más sucederá en nuestro país».
Además advirtió que «las dictaduras tienen tutores; la democracia tiene ciudadanos. En una sociedad pluralista se usa el argumento, no la mordaza. Y si mejora el debate, mejora la democracia», mientras desde la testera los presidentes de ambas cámaras, los UDI Jovino Novoa y Rodrigo Álvarez, seguían sus palabras impertérritos.
Pero las alusiones más directas a la derecha, Bachelet las hizo al instar a la oposición a cumplir la palabra empeñada en relación con permitir el voto a los chilenos que viven en el extranjero. Propuesta a la que Sebastián Piñera se comprometió durante la campaña presidencial del 2005 y que la derecha se ha negado a aprobar reiteradamente en el actual periodo. Y entró de lleno al plano político al llamar a mantener un lenguaje de ideas y no de descalificaciones personales durante la campaña: «Los chilenos, especialmente ahora que vienen las elecciones, desean un estilo de lenguaje adecuado, pero también desean debates de ideas, no descalificaciones personales. Quieren escuchar propuestas, no acusaciones. Merecen argumentos políticos y no publicidad engañosa». Porque «cuando hemos abandonado el diálogo, cuando hemos desconfiado, cuando hemos descalificado, el país ha retrocedido».
Pero donde la Presidenta quedó definitivamente al debe fue en materia de profundización de la protección laboral. Tal como se presumía, y pese a que sectores de la Concertación esperaban lo contrario, Bachelet no le puso fecha al envío del proyecto de negociación colectiva al que se comprometió en la cuenta pública del año pasado. En cambio manifestó que «debemos diseñar los mecanismos eficaces para proteger los puestos de trabajo» y que «seguiremos promoviendo el diálogo entre empleadores y trabajadores. El acuerdo pro empleo ha mostrado que ese camino es fecundo y que puede ser la base para avanzar en trabajo digno y decente».
Como era de esperar esto no dejó conforme al presidente de la CUT, Arturo Martínez, quien afirmó que «no puede pensarse Chile en el futuro sin fortalecer a los sindicatos, sin negociación colectiva. No tocar esos temas no es adecuado y esa es la gran deuda de los gobiernos de la Concertación. La Presidenta eludió al mundo del trabajo y a los trabajadores».
