El debate hasta ahora ha estado limitado a las candidaturas de Sebastián Piñera y Eduardo Frei. Sin embargo la irrupción provocadora del empresario Max Marambio como vocero oficioso de la campaña de Marco Enríquez-Ominami pidiendo «sanitizar» el entorno político de Frei, es un fuera de tono que prende el foco no sólo sobre los otros sino también sobre sus propias actividades. En Chile no es delito ser empresario, pero el vínculo entre empresa y política debe tener más luces que las que actualmente lo alumbran.
La designación del Presidente del Senado Jovino Novoa como representante de la Presidenta de la República al cambio de mando en Panamá, y la participación del embajador de Chile en España Gonzalo Martner en la entrevista privada que el Presidente del Gobierno español José Miguel Zapatero concedió al candidato presidencial de la derecha Sebastián Piñera, son un claro ejemplo de la confusión de roles que sufre nuestro sistema político.
Tales hechos se agregan a la mezcla de asuntos familiares con temas políticos cada vez más recurrente en nuestro medio, y al papel institucionalizado que han pasado a tener lobbistas y hombres de negocios en las lides políticas cotidianas, incluidas las candidaturas presidenciales.
Todo ello ocurre en medio de fuertes discusiones acerca de la relación negativa que existe entre política y dinero, y los ácidos debates entre gobierno y oposición acerca del significado negativo que tendría para la ciudadanía un triunfo del oponente. Pero las cosas se mueven hasta tal punto en posturas confusas y argumentos alambicados como los hechos citados, que ponen temas importantes de la identidad de Estado o la orientación política doctrinaria como un juego de políticos, fuera del cual todos son amigos.
En nuestro sistema la separación entre jefe de Estado y jefe de Gobierno no existe, como ocurre en los sistemas parlamentarios o las monarquías. Aquí ambas calidades se juntan en manos de quien ejerce la Presidencia de la República y por más popular que sea, nadie puede despojarse de la simbología que ello implica.
La representación internacional del interés nacional es, por lo tanto, de competencia presidencial y no parlamentaria, aunque el Congreso deba ratificar determinados ámbitos de política exterior. Por lo mismo supone, en lo que a políticas de Estado se refiere, una relativamente refinada manera de ejercerla, aunque en casos como el ocurrido la delegación esté compuesta por dignatarios de otros poderes del Estado.
Un cambio de mando es un momento de articulación entre intereses de Estado y relaciones políticas de gobierno, y por lo tanto la presencia en ellas no debe ser puramente protocolar ni menos ambigua en lo político, tanto por respeto para los que se van del gobierno como para los que llegan. Más aún si existe de por medio un interés nacional tan vital como el Canal de Panamá, del cual Chile es uno de los tres principales usuarios mundiales. Este se debe resguardar con finura tanto ante el Estado como en la relación con todas las fuerzas políticas. Más aún si de por medio había una amistad especial con Martín Torrijos, el presidente saliente, y de los nuevos ningún conocimiento particular.
El senador Jovino Novoa saludó el hecho como «un orgullo y un alto honor por el gesto de confianza», y como parte de las buenas relaciones con La Moneda. Sin embargo, no queda en absoluto claro qué piensan los adherentes políticos de la Concertación, si es que a estas alturas piensan algo, ya que votaron por una significación política totalmente diferente a lo que representa ese senador.
No sirve para justificar hechos como este el argumento de las políticas de Estado, pues es precisamente por una sensibilidad jurídica y política fina en torno a lo que ellas significan que la delegación debiera haber tenido otra composición.
Algo similar ocurrió con el embajador Martner y la reunión que gestionó ante el Gobierno Español para Sebastián Piñera. Él puede ser todo lo hospitalario que desee, pero no puede participar de una reunión que es privada entre el candidato opositor al gobierno que lo designó y un jefe de gobierno de otro país. Aunque la entrevista la hayan concedido porque el embajador la pidió, pues en este caso suena aún más mal y casi mal educada. Menos puede sostener después que como embajador representa a todos los chilenos (sic), que lo cortés no quita lo valiente, y que está seguro que si sale Piñera van a indultar al general(r) Manuel Contreras, actualmente preso por delito de lesa humanidad. Demasiado confuso e impropio para un embajador, y de paso socialista.
Toda la confusión de roles proviene de una extrema relativización del significado de las formas públicas y republicanas, y de una imbricación poco sana entre lo público y lo privado.
La campaña actual está resultando prolífica en asesores y voceros que tienen el carácter de empresarios o lobbistas, y que generan la impresión que estar tomando posiciones para una guerra por el poder político que los deje bien situados respecto de la negociación de sus particulares intereses.
En más de una oportunidad se ha alabado la potencia de la asociación público-privada en el funcionamiento de nuestro sistema, que a estas alturas son pocos los que no piensan que es un componente esencial de él. Pero ello no debe confundirse con la promiscuidad y la falta de controles políticos en una insana mezcla que puede resultar en la privatización de todo lo público.
El debate hasta ahora ha estado limitado a las candidaturas de Sebastián Piñera y Eduardo Frei. Sin embargo la irrupción provocadora del empresario Max Marambio como vocero oficioso de la campaña de Marco Enríquez-Ominami pidiendo «sanitizar» el entorno político de Frei, es un fuera de tono que prende el foco no sólo sobre los otros sino también sobre sus propias actividades.
En Chile no es delito ser empresario, pero el vínculo entre empresa y política debe tener más luces que las que actualmente lo alumbran. Desde el origen de los capitales hasta la regularidad legal de las operaciones, y a partir de allí, de sus nexos con la política. Si no se hace así, el país se expone a una confusión indeseable de roles y la falta de transparencia en la política.
