Gobierno abre la puerta a cambios en registro de vándalos y acceso a sus datos

El Gobierno abrió la puerta a modificar el proyecto que crea un Registro Nacional de Personas Condenadas por Actos Vandálicos e Incivilidades, actualmente en trámite en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo se mostró disponible para revisar tanto la forma en que se presenta la información como quiénes podrán acceder a ella.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió el diseño de la iniciativa ante los cuestionamientos parlamentarios, pero reconoció espacio para introducir ajustes durante la discusión en particular. El debate se ha concentrado, entre otros puntos, en el carácter público del registro y el eventual daño reputacional para las personas incorporadas.

Alvarado sostuvo que el proyecto no modifica el principio general de publicidad de las actuaciones judiciales, dado que las sentencias condenatorias ya son públicas. Sin embargo, planteó que podrían incorporarse “categorías, niveles o referencias” al tipo de infracción y alguna regulación sobre quiénes podrán consultar los antecedentes.

La autoridad también defendió la proporcionalidad de la medida: los crímenes o simples delitos permanecerían cinco años en el registro, mientras las faltas calificadas como incivilidades se mantendrían por un año, con plazos mayores en casos de reincidencia.

En la misma sesión, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que la iniciativa busca enfrentar el impacto de las incivilidades y los actos vandálicos sobre la percepción de inseguridad. También aseguró que las medidas más gravosas, como la suspensión de gratuidad y PGU, se aplicarían exclusivamente a 14 delitos de máxima gravedad, y recalcó que la inscripción exigiría una sentencia firme y ejecutoriada.