Parlamentarios que privilegian el discurso político e ideológico por sobre lo técnico, en una materia eminentemente especializada, y pocas discusiones realmente de futuro. El forcejeo de las industrias culturales y de telecomunicaciones, parapetadas detrás de sus respectivos defensores en el hemiciclo, y sin llegar a consenso alguno para trabajar juntas ni considerar en forma seria el principio de cooperación que inspira la norma norteamericana y el TCL. Y por sobre todo, una abismante desinformación sobre el tema a todo nivel.
Cuando hablamos de los derechos de autor en Internet, probablemente la primera caricatura que se nos viene a la cabeza es la de un quinceañero viendo videos en YouTube, o bajando música desde algún sitio de intercambio P2P. De un lado, las viejas disqueras multinacionales piden a gritos que se le espose y encarcele en el acto. Del otro, las nuevas multinacionales de Internet ruegan que se le libere e invita a todo el mundo a protestar por tamaña injusticia. Los artistas y creadores, por su parte, se quejan de que ya nadie paga por sus obras.
Como ya no se venden discos y de a poco se empiezan a digitalizar hasta los libros, los únicos beneficiados con la explotación comercial de las obras serán los sitios de Internet (los «sellos» del siglo XXI), que venden acceso, publicidad o clicks sobre la base de ofrecer gratuitamente lo que no les pertenece, como una especie de restorán all you can eat en que se cobra por entrar, pero en que la comida es ajena y la casa no se hace responsable por reclamos de terceros. No es difícil vaticinar de qué lado estará el público, que ha pagado su entrada y escucha la discusión, mientras llena apurado sus barrigas por si la fiesta se fuera a acabar.
El paradigma no es nada fácil de solucionar, y prueba de ello es la polémica que ha generado la discusión parlamentaria del proyecto de modificación de la ley de propiedad intelectual, que por primera vez en Chile ha pretendido establecer normas especiales para los proveedores de Internet en materia de derechos de autor. Y es que, salvo por la normativa técnica de la Subtel sobre los proveedores o ISP’s, poco o nada han dicho nuestros legisladores respecto de la «red de redes», y recién en los últimos meses hemos escuchado hablar de proyectos de ley que pretenden regular Internet como un todo, asegurando su neutralidad, los deberes, derechos y la privacidad de las personas en ese medio. Parece lógico que exista interés por dictar leyes especiales para Internet. Pero habiendo tantas conductas ilícitas posibles ¿por qué partir normándolo a propósito de los derechos de autor?
La razón es simple: considerando la explosión de delitos asociados al derecho de autor a partir de la digitalización e Internet a fines de los 90′, y ante la enorme contingencia que representaba para las empresas de Internet ser responsabilizadas por los delitos que podían cometer sus usuarios (básicamente indemnizaciones millonarias), Estados Unidos les ofreció a dichas empresas una garantía: usted no será responsable de estos delitos en la medida que cumpla con incluir un enlace en su página que permita reclamar a los afectados por estos delitos, reciba estas notificaciones y se las comunique al infractor, y, ante la falta de respuesta por parte de éste (en el sentido que tiene derecho a subir esa obra), remueva el contenido reclamado. A partir de entonces Facebook, Google, Twitter y cuanto sitio se nos ocurra, incluyen el famoso enlace o formulario dentro de sus respectivos términos y condiciones. El famoso procedimiento de «notice & takedown«.
Y Chile se comprometió, al firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, a hacer lo propio. En el proyecto actual no se ha contemplado ninguno de los grandes temas del derecho de autor en Internet: la legalización de la copia privada, los mecanismos de compensación y gestión de derechos, las medidas tecnológicas de protección de soportes digitales, etc. Únicamente la ya referida garantía, bajo un título técnico y más pomposo: la «exención de responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet por las infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios».
Y vaya paradoja: la aprobación del proyecto completo por la Cámara de Diputados el día de ayer (que como un árbol de pascua recibió más de 250 variopintas indicaciones parlamentarias), salvo únicamente de este punto que era su objetivo principal -que fue rechazado y pasó a una comisión mixta-, da cuenta de la desinformación y los múltiples intereses que se contraponen al tratar de normar el tema.
De un lado la adaptación incorrecta del modelo norteamericano, ya estándar en sitios internacionales, que propone un procedimiento equivalente, pero con un pequeño detalle: en Chile la notificación al sitio web debe hacerse a través de un procedimiento judicial, lo que desde ya hace vaticinar que desde que se suba la copia pirata de la última película del Rumpi, hasta que efectivamente logre ser bajada, habrá sido descargada miles o millones de veces. Casi una garantía para alojar obras piratas en sitios chilenos. Del otro, la confusa e irresponsable defensa de los «usuarios todos», que algunos parlamentarios han pretendido esgrimir, en conjunto con organizaciones de «liberalización» digital y en conveniente tono electoral, diciendo que esta ley autorizaría a las empresas de Internet a espiarnos y bloquear arbitrariamente cualquier contenido que no les parezca. Cuestión que, por lo demás, depende hoy de los términos y condiciones que las mismas empresas establecen libremente, y que no tiene realmente nada que ver con el proyecto de ley en cuestión, más allá de lo positivo que sería tener una ley relativa a la neutralidad y protección de la privacidad de la red.
En fin. Legisladores que privilegian el discurso político e ideológico por sobre lo técnico, en una materia eminentemente especializada, y pocas discusiones realmente de futuro. El forcejeo de las industrias culturales y de telecomunicaciones, parapetadas detrás de sus respectivos defensores en el hemiciclo, y sin llegar a consenso alguno para trabajar juntas ni considerar en forma seria el principio de cooperación que inspira la norma norteamericana y el TLC. Y por sobre todo, una abismante desinformación sobre el tema a todo nivel. Es de esperar que el Gobierno y los parlamentarios puedan enmendar el rumbo, en el inconveniente contexto, además, de la campaña electoral, y que este primer traspié quede sólo en eso: la legalización de la copia privada, la identificación de infractores, las normas sobre acceso a la televisión digital, la privacidad de las comunicaciones y la defensa ante abusos de todo tipo en Internet son sólo alguno de los temas que quedan pendientes.
*Rodrigo Velasco A. es abogado de Alessandri & Compañía.
