Este es el primer caso desde el inicio de la reforma donde el Ministerio Público imputa graves cargos a los propietarios de una empresa que transa papeles, cuya conducta atenta contra el orden público económico. Fuentes que conocen del caso criticaron la ausencia en calidad de querellantes de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Bolsa de Comercio, entidades a quienes los acusados escondieron información por varios años antes de ser descubiertos.
Este martes el fiscal Luis Inostroza formalizará por cuatro delitos económicos -en calidad de autores- a los dueños de la quebrada corredora Alfa, Alejandro y Antonio Contín -padre e hijo respectivamente- y pedirá su prisión preventiva.
La audiencia, fijada a las 9:00 AM en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, convocará a lo más graneado de los abogados del foro. Y esto porque los Contín adeudan varios miles de millones de pesos a distintos blancos de la plaza, luego que el año pasado la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) detectara una serie de anomalías en la operación con papeles, suspendiera sus funciones en el ruedo y aplicara una multa de $ 167 millones para Alejandro y $ 83 millones para Antonio, la de mayor cuantía que contempla la Ley de Valores.
Sumado a lo anterior, es el primer caso desde la entrada en vigencia de la reforma (junio de 2005) donde tras una investigación hecha por la SVS, se formaliza a los ejecutivos de una corredora por este tipo de conductas delictivas, lo que se traducirá en una maratónica sesión de argumentos jurídicos para que los Contín pasen un período tras las rejas.
Si bien es cierto los tribunales de garantía pocas veces acceden a la petición de la Fiscalía en delitos de este tipo, lo cierto es que tanto los querellantes como los patrocinantes de los afectados recurrirán a la Corte de no lograr su cometido en primera instancia.
Ausencia
En fuentes que participan de la causa hay un comentario obligado: la ausencia como querellantes de la Bolsa de Valores y la SVS, aunque esta última luego de la investigación administrativa hizo la denuncia correspondiente al Ministerio Público.
La crítica apunta a la supuesta falta de fiscalización de ambos organismos económicos, lo que permitió a los Contín seguir operando bajo fórmulas irregulares con los papeles, aún cuando fueron sancionados en 2004 por esconder su real situación financiera.
Y es que en el expediente se encuentra un peritaje reservado preparado por el banco BICE, revelado en julio de 2009 por El Mostrador, cuyas conclusiones apuntan en ese sentido. Los dardos también están dirigidos a la autoridad, porque la ausencia de la SVS y la Bolsa en este juicio se percibe como una falta de proactividad en la persecución de hechos de esta naturaleza, máxime cuando se acaba de dictar una ley sobre gobierno corporativo, uno de los elementos clave para que Chile ingrese a la OCDE.
En todo caso, en la SVS se explicó que cada vez que se descubre un caso y se aplican sanciones, los antecedentes son puestos en manos de los organismos encargados de perseguirlos penalmente.
Fueron los marcianos
En esta indagatoria los Contín declararon sólo en dos oportunidades. Y en ambas justificaron la caída de su empresa debido a los avatares de la última crisis económica.
Sin embargo, para el fiscal lo que hubo detrás fue una acción coordinada con el propósito de valerse ilegalmente de las reglas del mercado para lucro personal.
Por esta razón determinó que los Contín son autores de cuatro delitos. Dos de ellos referidos a la Ley de Valores, porque usaron en beneficio propio los valores de terceros entregados a su custodia y entregaron antecedentes falsos a la autoridad, a la Bolsa y al público en general.
Asimismo invocará también un delito contenido en la Ley de Bancos relativo a la entrega de datos falsos de su patrimonio y situación financiera, con el fin de obtener créditos de instituciones. Por último el perseguidor penal recurrirá a la Ley de Quiebras, ya que a su juicio los Contín usaron este cuerpo legal de manera fraudulenta, sólo con el fin de evadir sus responsabilidades.
En este sentido, la tesis del fiscal apunta no sólo a un problema entre privados con ilícitos de por medio, sino a que la conducta seguida por los dueños de la Corredora Alfa atentó también contra el orden público económico.
