Aunque lo que está de moda es hablar de acuerdos, mientras la derecha fue oposición su estrategia de poder fue contener cualquier intento para cambiar las políticas neoliberales. Puntal de esta tarea fue L&D, liderada por el futuro ministro de la Segpres, Cristián Larroulet. Aquí una serie de proyectos de ley donde el organismo dejó sus huellas.
Mientras la UDI y RN todavía se lamentan muy en privado de su pobre representación en el gabinete, existe un organismo ligado al gremialismo al que le fue bastante mejor, lo que tal vez guarde relación con la muñeca política de quién lo dirigía hasta el pasado 10 de febrero. A contar de ese día, Cristián Larroulet Vignau dejó la dirección ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo que quedó en manos del también economista Luis Larraín.
Además del futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, pertenecen -o lo hacían- a la entidad la vocera, Ena von Baer; el titular de Hacienda, Felipe Larraín; el de Economía, Juan Andrés Fontaine; y el de Mideplan, Felipe Kast, hijo de Miguel Kast, considerado el padre de los “chicago boys”.
La fuerte presencia del LyD en el equipo ministerial, pero sobre todo en cargos tan clave, puede ser un vaticinio de la línea conservadora que tomará la administración de Sebastián Piñera. Sobre todo en materia legislativa, si se considera que Larroulet será el encargado de llevar adelante las iniciativas que salgan de La Moneda.
Una discreta salita del primer piso del Congreso, ubicada junto a la oficina de prensa de la Cámara Alta, aloja a los asesores del Instituto Libertad y Desarrollo –ligado a la UDI-, encargados de guiar en materias legislativas a los parlamentarios gremialistas particularmente, pero cuyo nivel de dominio muchas veces alcanza hasta Renovación Nacional.
Según observan desde el oficialismo y admiten en la derecha, no hay mensaje o moción que no pase por el análisis exhaustivo de los expertos del LyD y un alto porcentaje de los proyectos que presentan los parlamentarios de la tienda son elaborados por el organismo. Por lo que el grado de influencia ideológica que ha ejercido sobre lo que fueron las bancadas de la oposición de derecha, tanto de diputados como de senadores, es visible y obvia a la hora de votar.
Ese es, al menos, el juicio que se hace desde la Concertación, permanente observadora por añadidura del trabajo del instituto en el Parlamento. Porque los expertos del organismo, encabezados por el designado ministro de la Segpres, se han convertido en parte del paisaje del enorme edificio emplazado en Valparaíso. Aunque en la Concertación reconocen que la labor del organismo lleva implícito un aspecto ideológico, con el que no comulgan por razones obvias, no faltan quienes admiten con envidia que “lo que pasa es que ellos hacen bien su pega y nosotros no. Y punto”.
[cita]No hay mensaje o moción que no pase por el análisis exhaustivo de los expertos del LyD y un alto porcentaje de los proyectos que presentan los parlamentarios de la tienda son elaborados por el organismo.[/cita]
Libertad y Desarrollo llegó al Congreso casi junto con el advenimiento de la democracia, el año ’91. Por iniciativa del entonces presidente del Senado, Gabriel Valdés (DC), se le asignó una oficina que debía compartir con su par de la Concertación, la Corporación Tiempo 2000, abocada a realizar asesorías legislativas y estudios prospectivos para los parlamentarios oficialistas. No obstante, luego de unos años la corporación terminó desapareciendo, mientras que el LyD afianzó sus lazos con los legisladores de la UDI.
En estas casi dos décadas la influencia del instituto, observan en la Concertación, ha sido notoria en materias tales como reformas a la Constitución, medio ambiente, concesiones, royalty minero, reformas a la educación, píldora del día después, reformas laborales, código de aguas y pesca, entre otras.
Bajo la atenta dirección de Larroulet, uno de los más reconocidos “Chicago boys” del régimen militar, después de Miguel Kast y Joaquín Lavín, los asesores del instituto han permeado hacia los parlamentarios de la UDI la ideología en que el LyD basa su razón de existir y que según sus principios apunta “al análisis de los asuntos públicos promoviendo los valores y principios de una sociedad libre”. Si bien en el ámbito económico, el organismo sigue a pié juntilla su propio manifiesto, no ocurre lo mismo en materias políticas y valóricas.
Sin ir más lejos, justo antes del receso estival de los parlamentarios, la Comisión de Agricultura de la Cámara aprobó la reforma constitucional que establece que “las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares”. Por ocho votos a favor, de la Concertación, y tres en contra de la UDI -Ramón Barros, Juan Lobos e Ignacio Urrutia- y una abstención de RN –Rosauro Martínez-, la iniciativa continúa su tramitación. Casualmente el lunes 11 de enero en el Diario Estrategia, la investigadora del programa económico del LyD María de la Luz Domper dejaba en claro la postura del organismo acerca de la iniciativa. “Más que generar efectos positivos, esta reforma lo que te hace es generar un efecto negativo, y pareciera que responde más bien a presiones políticas”, afirma.
Incluso se explaya, advirtiendo que “se van a otorgar derechos de aprovechamiento sobre las aguas, pero se establece que una ley va a fijar las limitaciones al uso o al ejercicio de ese derecho de propiedad. Ese punto es muy negativo porque genera incertidumbre a quienes hoy día han realizado inversiones en sectores clave como el sanitario, minero, agrícola, industrial e hidroeléctrico”.
En cuanto a reformas políticas el LyD no se queda atrás, convirtiéndose con los años en un duro adversario para el oficialismo. El proyecto sobre inscripción automática, voto voluntario y voto de los chilenos en el extranjero que se debate por estos días también ha encontrado permanentes trabas de parte del organismo y, por tanto, en la UDI. De hecho, el 2008 el gremialismo rechazó la iniciativa enviada al Congreso el 2004 por el ex Presidente Ricardo Lagos con el fin de imponer en Chile el régimen de inscripción automática.
Si bien el proyecto fue aprobado en general en mayo del 2008 con los votos de la Concertación y RN –76 a favor 18 en contra y 8 abstenciones-, fue rechazado en particular, y la UDI fue el único partido que incluso rechazó la posibilidad de legislar.
En esta decisión el instituto también tuvo un importante rol. Desde que Lagos anunció el envío del proyecto, el LyD manifestó lo inapropiado de la idea. A través de un análisis publicado por el organismo el 26 de mayo del 2004 en el que abogaba por la inscripción y el voto voluntarios, planteaba que “la inscripción automática parece estar acompañada por una serie de dudas que dada la prioridad de mantener el prestigio de nuestro padrón electoral aconseja no ser modificado”. Su principal reparo consiste en que el proyecto le traspasa al Registro Civil la responsabilidad sobre el padrón. Y la UDI votó en consecuencia. Más tarde RN se sumaría a sus aliados, evitando hasta ahora la aprobación de la normativa.
En materia de salud la distribución de la polémica “píldora del día después” ha significado una disputa permanente entre la Concertación y la derecha. Pero quien ha llevado la voz cantante en el tema ha sido la UDI, que el 2007 lo llevó al Tribunal Constitucional para impedir su distribución.
En esa oportunidad, el gremialista José Antonio Kast le dobló la mano al gobierno, pues el TC falló a favor de los requirentes. Sin embargo, el 30 de junio del 2009 el Ejecutivo envió el proyecto sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad. El mismo establece que los servicios de salud pública deben distribuir el polémico anticonceptivo de emergencia, entre otras cosas, para evitar los embarazos adolescentes.
Aunque fue aprobado por 73 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones, nuevamente la UDI, en forma mayoritaria, se opuso a la iniciativa en la votación del 15 de julio del 2009.
A pesar de eso continuó su tramitación, pero otra vez la UDI se había alineado con la postura del LyD. Este debate se arrastra desde el año 2001 y en esa época el organismo manifestó la que ha sido su postura hasta ahora. En un documento publicado el 23 de marzo del 2001, el instituto manifiesta que “consideramos que en esta materia existe un principio de ética pública que siempre debe ser aplicado: ante la duda sobre políticas públicas que puedan incidir en el derecho a la vida, el Estado siempre debe actuar a favor de la vida. Desgraciadamente, en el caso de la “píldora del día después” no se ha actuado respetando este principio”.
Otro caso emblemático es el del royalty a la minería. El 6 de julio del 2004 ingresó al Parlamento el proyecto de royalty. Diez días después, el LyD publica un artículo sobre el tema, en el que expone la ineficacia de una normativa en esa línea. “El aspecto más delicado de establecer, concretamente un royalty de 1% o 3% a los ingresos de ciertos estratos de empresas mineras metálicas y no metálicas, es la percepción externa de la transgresión del Estado de Derecho al afectar normas legales y contratos previos que establecían la invariabilidad tributaria. Adicionalmente, las normas del proyecto del royalty debilitan también la propiedad privada”, argumenta el documento.
Fijada la línea de acción, el 21 de julio del mismo año la normativa era rechazada en general por la derecha, por 61 votos a favor, 41 en contra y ocho abstenciones. Dos RN votaron a favor: Osvaldo Palma y Carlos Vilches –actualmente diputado electo por la UDI- firme promotor y defensor de la iniciativa.
Esta es sólo una muy pequeña muestra para graficar el nivel de influencia que el LyD ejerce sobre el gremialismo, cosa que en la Concertación no espanta a nadie. Los parlamentarios oficialistas están concientes de que el instituto influye ideológicamente en los legisladores de la UDI, pero también destacan el “profesionalismo” con que trabaja. Un diputado de la Concertación incluso manifiesta su “envidia”, ya que el conglomerado de gobierno no cuenta con un organismo que realice una labor similar, dice. “Cosa que vamos a necesitar mucho si somos oposición”, advierte.
El analista político de la Universidad Central, Patricio Gajardo, asegura que LyD se ha ganado el respeto en el mundo de los think tank por su trabajo y que éste “es reconocido por todos los sectores”. Pero precisa que “como no es neutro el instituto influye en las decisiones legislativas de la UDI”.
Por otro lado, una fuente hace el alcance de que “los parlamentarios velan por sus propios intereses, lo que disminuye la capacidad de influencia de cualquier organismo externo”. Aludiendo con ello a que si los legisladores no tuvieran sintonía ideológica con el LyD, no recibirían su asesoría ni votarían en consecuencia.
Esto lo ratifica un asesor oficialista que plantea que si bien “en general la UDI y muchas veces también RN votan en la línea de los argumentado por el Instituto Libertad y Desarrollo en las comisiones, siempre hay algunos más rebeldes que se salen de la línea en algunos temas. Eso ha pasado con diputados como Felipe Salaberry, Juan Lobos y Darío Paya en proyectos en los que ellos han optado por seguir su propia línea política que, seguramente, muchas veces ha tenido que ver con temas electorales”.
Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier (PS) que ha debido enfrentar duros debates con el gremialismo en materias laborales y de educación, sostiene que “aunque no diría que siempre votan de acuerdo a lo expuesto por el instituto, sí lo hacen mayoritariamente, votan muy ideologizadamente”. En la misma línea, el senador DC Mariano Ruiz-Esquide no puede dejar de reconocer que “es evidente que la UDI se aconseja y tiene asesoría parlamentaria del Instituto Libertad y Desarrollo”, pues como le ha tocado ver “reciben informes escritos y con eso votan en la sala. No sólo en el tema de la píldora, sino también en los temas de educación y otros”.
