Organismo ciudadano aclara que la situación que se está viviendo actualmente es distinta, porque las “viviendas que se deberán demoler llegaron a ese extremo por estar mal construidas por personas jurídicas distintas a los propietarios de las mismas”.
La Fundación Defendamos la Ciudad sostiene que las construcciones que están por caer tras el devastador terremoto del 27 de febrero deben ser demolidas, pero el costo de esta operación deben asumirlas las empresas que las edificaron y no sus propietarios.
Patricio Herman afirma que existe una interpretación errónea del párrafo 7 sobre demoliciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, afirmando que las verdaderas responsabilidades pecuniarias deben ser asumidas por los causantes de los colapsos y no por sus víctimas.
Herman expresó que resulta “sorprendente que se le pretenda cargar la mano a los inocentes compradores de departamentos, en circunstancias de que los causantes de las ruinas de sus inmuebles son otros. Algunos interesados han interpretado mal los artículos que van del 148º al 157º de la legislación respectiva. En pocas palabras, han sacado de contexto las clarísimas obligaciones establecidas en la ley”.
Precisa que en efecto, cada alcalde a petición del director de obras, puede decretar las demoliciones de edificaciones construidas ilegalmente, las que están fuera de las líneas de cierro o en bienes nacionales de uso público.
También se consideran las que no ofrezcan las debidas garantías de salubridad y seguridad o que amenacen ruina, en cuyos casos el costo de la demolición corre por exclusiva cuenta del propietario debido a razones más que obvias, por ser éste el único comprometido en las circunstancias mencionadas anteriormente.
Sin embargo, aclara que la situación que se está viviendo actualmente es distinta, porque las “viviendas que se deberán demoler llegaron a ese extremo por estar mal construidas por personas jurídicas distintas a los dueños de las mismas, es decir, las personas naturales que compraron de buena fe no causaron en sus viviendas los daños que ellas tienen”.
En síntesis, asegura Herman que existe un vacío legal que deberá ser resuelto, pero en ningún caso los dueños de las viviendas colapsadas tendrán que pagar sus demoliciones porque esto significaría contravenir la letra y el sano espíritu de la ley”.
