«Más que demostrar, es confirmar el compromiso que hemos asumido con la sociedad chilena en orden a seguir luchando por los derechos humanos”, sostuvo la nueva secretaria ejecutiva del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior.
El Gobierno apelará este jueves el dictamen del magistrado de la Corte Suprema, Héctor Carreño, quien este martes rechazó la reapertura de la investigación por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en 1976 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Así lo confirmó hoy la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Gobierno de Sebastián Piñera, la abogada Rossy Lama, quien explicó que la decisión responde al cumplimiento de tratados internacionales, ya que la Ley de Amnistía que se aplicó a dos de los acusados no puede detener la investigación.
«Jurídicamente nos corresponde apelar la decisión del magistrado, tenemos un mandato legal que nos obliga a ir adelante», aseveró.
Lama indicó que este jueves se presentará la apelación al dictamen del magistrado de la Corte Suprema, en la que será la primera acción que emprenderá el Ejecutivo relacionada con los atropellos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.
«Nuestra obligación es buscar verdad y justicia, no nos podemos quedar con los brazos cruzados», agregó la responsable del Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior.
El último intento del Gobierno para esclarecer el asesinato del diplomático español estuvo a cargo del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, quien el año pasado solicitó que se reabriera la investigación, aunque el juez Héctor Carreño lo desestimó este martes.
El diplomático español Carmelo Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.
Soria, casado con una hija del escritor chileno José Santos González-Vera, era funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organización de las Naciones Unidas con sede en Santiago.
Rossy Lama explicó que hoy comunicó la decisión del Gobierno a Carmen Soria, hija del diplomático, quien se mostró «muy agradecida y contenta por el apoyo», dijo la abogada.
Carmen Soria anunció este martes que recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la negativa de la Justicia a reabrir el caso.
«Voy a recurrir a los tribunales internacionales. No confío en la Justicia chilena», declaró Carmen Soria, quien agregó que «el ministro Carreño no hace caso a las leyes internacionales que el Estado está obligado a cumplir».
Según consta en el proceso, el asesinato fue cometido por la DINA, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet.
Las Naciones Unidas pidieron entonces que se abriera una investigación sobre el crimen, pero en 1979 el caso fue sobreseído como «homicidio por terceros no habidos».
Al acabar la dictadura, el proceso fue reabierto en 1991, pero, tras un largo y accidentado trámite en los tribunales, fue archivado en 1996. Las sucesivas demandas de reapertura presentadas por la familia fueron desestimadas por la Corte Suprema.
El caso volvió nuevamente a los tribunales en octubre de 2003 merced a una querella presentada por la familia Soria contra Augusto Pinochet, de la que el Estado se hizo parte.
Sin embargo, en agosto de 2004 el alto tribunal rechazó una vez más la reapertura.
