La derrota de Arrau lleva la firma de Kast

¡Hola! El barro llegó, como en otras ocasiones, sin avisar y provocando estragos. Y junto al agua, que arrastró vehículos y dejó más de 2 mil viviendas afectadas, también llegaron las improvisadas explicaciones de las autoridades. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, justificó la ausencia de alerta SAE argumentando que el fenómeno ocurrió “de un minuto para otro”, que no había claridad de hacia dónde evacuar y que la alerta podría haber provocado más confusión.

• Lo cierto es que el razonamiento de la autoridad terminó por invertir el orden de las prioridades: porque cuando no hay protocolos claros, perímetros de riesgo e instrucciones para evacuar, lo único que puede activarse después de la catástrofe son los despliegues preventivos, la coordinación entre instituciones y uno que otro subsidio estatal. Todo, por cierto, cuando el agua ya alcanza el pescuezo.

Ni las inundaciones en Atacama y Coquimbo, en julio de este año, ni el informe técnico de Sernageomin que advertía en febrero sobre peligro de remociones en masas en sectores precordilleranos de la capital –como informó El Mostrador–, sirvieron para anticipar la excepcionalidad climática. Moraleja: si cada temporal obliga a improvisar explicaciones, el problema no es solo meteorológico, sino también de gestión política.

• El Presupuesto 2027 no está precisamente haciendo agua, pero ha sido inundado de reparos por parte de Chile Vamos por recortes a la Ley Cholito, Liceos Bicentenario, Culturas y “Yo elijo mi PC”, mientras el Crédito Mipyme multiplica sus recursos pese a una evaluación deficiente. La UDI pide corregir el foco a Quiroz, RN reclama empatía regional y los libertarios exigen afilar las tijeras. En Hacienda prometen eficiencia, pero en el oficialismo cada cual parece digitar su propia calculadora.

Kast convirtió la mano dura en su principal promesa, pero su reforma constitucional de seguridad terminó archivada por falta de respaldo, incluso entre sus aliados. La fórmula que defendió como “no renunciable” cedió a una alternativa –casi como lo que dejó la ola– impulsada desde el Congreso. Ahora La Moneda apuesta por priorizar 24 proyectos y sumar otros seis, dejando atrás la iniciativa estrella de la campaña presidencial. Todo, por cierto, lo más discretamente posible.

• Bastaron cuatro palabras –“Yo creo que sí”– para que Michelle Bachelet volviera a agitar el tablero presidencial, a más de tres años de las próximas elecciones. Tras bajar su candidatura a la ONU, la expresidenta dejó claro que no piensa irse para la casa y prometió trabajar por la unidad progresista. En la derecha, la sola posibilidad de su regreso provoca urticaria en varios sectores. En palabras de Francisco Vidal más bien colitis.

El indulto a Juan Aliste Vega, condenado por el crimen del cabo Moyano, terminó convertido en un cambalache político: republicanos y libertarios invocan razones humanitarias, pero abren la puerta a extender el beneficio a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Macarena Santelices renunció al Partido Republicano por considerar inmoral la maniobra, mientras agrupaciones de derechos humanos denuncian una “impunidad disfrazada”. Nelson Caucoto apunta al subsecretario Luis Silva y La Moneda todavía no se anima a recibir el “fierro caliente”.

Nuevamente Brandon Judd… el embajador estadounidense mezcló esta semana soberanía, crimen organizado y prioridades de Washington, mientras Argentina amenaza nuevamente con pasar factura por los vínculos comerciales con las Malvinas. Entre evasivas sobre una eventual carta de protesta y silencios frente a Buenos Aires, el canciller Pérez Mackenna todavía es incapaz de articular una respuesta diplomática contundente. Aunque estaría alineado para no permitir que desde el otro lado de la cordillera vuelvan a pasarse de listos. Ver para creer.

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Incomodidades en la derecha con Quiroz y la letra chica del Presupuesto 2027

Ministro de Hacienda Jorge Quiroz / Archivo.

La tramitación del Presupuesto 2027 abrió diferencias entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y parlamentarios que respaldan al Gobierno. Las críticas apuntan a los programas que el Ejecutivo propone reducir o eliminar, que los legisladores prefieren mantener y a la falta de antecedentes para evaluar las decisiones de Hacienda.

• Varios parlamentarios de Chile Vamos advirtieron “contradicciones evidentes” en el documento presentado en el Congreso. Según cuentan, el Presupuesto 2027 promete premiar resultados, proteger prestaciones sociales y evitar que la deuda pague compromisos permanentes. Pero en las 72 páginas del mensaje presidencial y el articulado, algunas decisiones le ponen preguntas difíciles a ese libreto.

El programa Crédito Mipyme plantea varias inquietudes al respecto: sus recursos aumentan 207,2% pese a una evaluación de desempeño muy bajo. La mala nota no obliga a cerrar el programa, pero el salto presupuestario exige explicar qué se corregirá y cómo se medirá.

• Las diferencias también llegaron a la Ley Cholito. El texto reduce aproximadamente en 86% los recursos del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, desde $3.634 millones a $514 millones. Por ello, el senador Javier Macaya (UDI) pidió revisar los resultados y considerar correcciones y el diputado Hotuiti Teao expresó preocupación por la magnitud de la baja.

La Subdere, en tanto, sostiene que la inversión continuará mediante unos $3.000 millones en proyectos en ejecución durante 2027. También anunció pilotos de focalización y una evaluación de impacto. Sus explicaciones conviven con la petición de parlamentarios aliados de resguardar los recursos para atender necesidades comunales.

• El rechazo más explícito, sin embargo, se concentra en “Yo elijo mi PC”. “Este programa no debe eliminarse, debe fortalecerse”, afirmó la jefa de diputados UDI, Flor Weisse. El presidente del partido, Guillermo Ramírez, también rechazó su desaparición. El diputado Luis Pardo (RN), a su vez, pidió considerar el impacto social del programa al evaluar sus resultados.

A estas objeciones, se suman la reducción real de 46,71% para Liceos Bicentenario y ajustes en Culturas.

• La incomodidad también trae a colación la conducción de Hacienda. Macaya reconoció que no conocía los detalles del proyecto, pese a conversar frecuentemente con el ministerio y presidir la instancia presupuestaria. El parlamentario pidió, además, que Quiroz condujera la negociación con empatía hacia las regiones y las áreas sensibles. Su planteamiento combinó respaldo a las prioridades del Gobierno con una solicitud de revisión de decisiones.

El Partido Republicano ofrece otra mirada. Mientras el diputado Juan Irarrázaval defendió que los ajustes concentran recursos en los beneficiarios y reducen la intermediación, Benjamín Moreno valoró la disposición negociadora de Quiroz y sostuvo que el Congreso debe resolver las diferencias.

• Los libertarios, que mantienen una coordinación separada con La Moneda, solicitaron ante el Presidente Kast revisar gastos en memoria, cultura, fundaciones, el INDH y programas de género. Su petición de mayores reducciones contrasta con las solicitudes de reposición de Chile Vamos.

La derrota de Arrau en seguridad lleva la firma de Kast

El Presidente J.A. Kast y el ministro de Seguridad Pública Martín Arrau / Archivo.

La seguridad no era una promesa más para José Antonio Kast. Era el corazón de su campaña y el terreno donde ofreció demostrar autoridad. Por eso, el retroceso de su reforma constitucional no es simplemente una derrota de Martín Arrau. Es un golpe directo a la conducción del propio Presidente.

Kast prometió mano dura contra el crimen organizado, pero el diseño de una de sus principales herramientas terminó siendo descartado. El 31 de agosto defendió como “no renunciable” un nuevo Estado de Excepción que permitiría hasta 240 días sin autorización previa del Congreso. Y asumió personalmente su responsabilidad: “Yo también la firmé”, dijo sobre la reforma.

Cinco semanas después, La Moneda decidió no perseverar. La propuesta había acumulado resistencias incluso dentro del oficialismo.

• La contradicción deja al descubierto algo más profundo que una mala negociación: la distancia entre la retórica de autoridad y la capacidad de convertirla en una política legislativa viable.
• Kast defendió una facultad como indispensable, pero terminó aceptando su eliminación para conseguir los respaldos que su propia propuesta no logró reunir.

La salida llegó desde el Congreso. Senadores republicanos, de RN y de oposición impulsaron una reforma menos ambiciosa. Arrau reconoció que “no es tan intensa” como pretendía el Gobierno.

• La paradoja es evidente: el consenso apareció cuando Kast abandonó la fórmula que había defendido.

Ahora, La Moneda intenta recuperar terreno con un acuerdo para priorizar 24 proyectos de seguridad y presentar otros seis.

• Puede exhibir avances como las Reglas del Uso de la Fuerza, heredadas del Gobierno de Boric, y la ampliación de flagrancia. Pero esa recomposición no borra el retroceso constitucional ni los problemas de coordinación que ya habían quedado expuestos con el rechazo de la reforma sobre expulsiones administrativas por apenas un voto.

El problema no es que Kast haya debido negociar. Es que convirtió una fórmula específica en una demostración de firmeza presidencial sin conseguir antes los apoyos para sostenerla. Su Gobierno cuenta con un plan operativo de seguridad, pero el desenlace de la reforma cuestiona la claridad de su estrategia política para llevar las propuestas al Congreso.

Arrau puede cargar con el fracaso de la gestión legislativa. Pero Kast debe responder por algo más: haber prometido autoridad, defendido una reforma como irrenunciable y terminado aceptando que otros la reemplazaran.

En la principal promesa de su campaña, el Presidente quedó enfrentado a una prueba que los discursos no pueden resolver: demostrar que la mano dura tiene detrás una estrategia capaz de transformarse en leyes.

Bachelet remueve (de nuevo) el tablero político y deja con “colitis a la derecha”

Expresidenta Michelle Bachelet / Archivo.

“Yo creo que sí”. Esa frase bastó para que Michelle Bachelet volviera a instalarse en el centro del debate político, esta vez al abrir la puerta a una eventual tercera candidatura presidencial, a más de tres años de una nueva elección.

• Consultada por TVU sobre si para ella “no hay segunda sin tercera”, la expresidenta respondió entre risas: “Yo creo que sí”. Y agregó que hará “todo lo posible” para conseguir la unidad del progresismo.

Más que un anuncio, la señal parece operar como una advertencia. Bachelet no está pensando en retirarse de la política, ni en ocupar un papel meramente testimonial.

• El momento en que lo hace tampoco es casual. Han pasado apenas 18 días desde que retiró su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, después de una controvertida carrera en la que cuestionó el retiro del respaldo del Gobierno a su postulación. Desde entonces, la exmandataria ha reforzado la idea de que seguirá activa. En el denominado “Bacheletazo” de La Pintana fue todavía más explícita: “Y quienes pensaban que después de esto me iba a ir para la casa, les tengo una mala noticia: eso no va a pasar”.

¿Qué hay detrás de esta señal? En el progresismo conviven distintas lecturas. Una apunta a que Bachelet no necesariamente estaría preparando su propio regreso a La Moneda, sino utilizando su capital político para ordenar a una oposición que todavía no logra construir un liderazgo nítido. En esa lógica, mantener abierta la posibilidad de una candidatura puede funcionar como mecanismo aglutinador y, al mismo tiempo, como plataforma para facilitar la emergencia de nuevos nombres.

• “No es su intención generar un tapón para el surgimiento de nuevos liderazgos. Ella lo que hace es facilitar la unidad para que esos liderazgos surjan”, dijo el director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, Eolo Díaz-Tendero.

Lo cierto es que Bachelet sigue siendo una figura que genera una gran comezón en la derecha. Las alusiones a su edad, las críticas a su gestión y hasta las amenazas con retirar su dieta como expresidenta, revelan que continúa siendo un nombre muy incómodo para el oficialismo.

• “Esa persona, con esa historia y esa disposición, ¿se va a ir para la casa? O sea, no entiende nada ni de la naturaleza humana, ni del perfil de Michelle Bachelet”, dijo el exministro Francisco Vidal en entrevista conAl Pan Pan, de El Mostrador.

“La tenemos en Chile y la derecha anda con colitis”, afirmó.

El tejo pasado: la estrategia republicana en el caso Aliste Vega

Juan Aliste Vega / Archivo.

La propuesta de varios diputados republicanos de respaldar la solicitud de indulto de Juan Aliste Vega, el exlautarista condenado a 42 años por el crimen del cabo Moyano que padece un cáncer terminal, descolocó a varios al interior del oficialismo, debido a que abría la puerta a un cambalache insólito: ocupar el mismo criterio para militares condenados por crímenes de lesa humanidad. O sea, dicho de otro modo: pasando y pasando.

• La iniciativa fue considerada inmoral por algunos sectores, al punto de que Macarena Santelices renunció al Partido Republicano esta semana, cuestionando el uso de los indultos como una moneda de cambio. La parlamentaria comentó que no se puede mezclar “peras con manzanas”, menos tras la muerte de dos carabineros en una misma semana.

La vieja táctica política del tejo pasado.

• Libertarios y republicanos, sin embargo, insisten en invocar razones humanitarias en el caso de Aliste Vega y extender los beneficios a miembros de la Fuerzas Armadas y de Orden que presenten condiciones de salud semejantes, para así cumplir sus condenas en sus hogares, tal como lo planteó el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna.

Para las agrupaciones de derechos humanos, la operación es una estratagema que recuerda la trama de los informes falsos de condenados en Punta Peuco, quienes simulaban enfermedades mentales o físicas, buscando burlar la acción de la justicia, tal como lo hizo Pinochet cuando se levantó de la silla de ruedas en cuanto arribó al país desde Inglaterra.

“Hombre muerto caminando”, tituló The Clinic en la época.

Nelson Caucoto, un viejo zorro en estas lides, asegura que detrás de toda esta puesta en escena de parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano hay una decisión tomada por parte del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien ya se allanó a la libertad de un exagente de la CNI condenado por cinco secuestros, tal como lo informó El Mostrador en un reportaje de esta semana. “Es el subsecretario el que está agitando las aguas”, plantea el abogado.

• El ministro de Justicia, Fernando Rabat, intentó poner paños fríos al asunto, asegurando que se enteró de la solicitud de Aliste Vega por la prensa y que el expediente debe continuar su tramitación. La declaración evita comprometer al Ejecutivo con una resolución anticipada, pero no despeja qué criterios utilizará La Moneda para zanjar el asunto, considerando que en todos los gobiernos los indultos son un verdadero fierro caliente.

Para especialistas en derechos humanos, la iniciativa representa una impunidad disfrazada, que busca homologar a personas condenadas por delitos comunes con aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad. Una postura que, asegura Rodrigo Bustos, director de ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, no refleja el interés de la extrema derecha por mejorar las condiciones humanitarias en las cárceles. Al contrario, “representa un compromiso con quienes realizaron las peores atrocidades durante la dictadura cívico-militar”.

• En materia legal, por cierto, hay elementos que contradicen esta supuesta iniciativa humanitaria. “Se está aplicando como tabla rasa una idea que no corresponde desde el punto de vista del derecho internacional”, asegura Nelson Caucoto. “Las exigencias para los violadores de derechos humanos son mucho más altas que cualquier otro delito común, no se pueden equiparar”, concluye el abogado.

Magallanes sigue caliente: presiones externas exponen debilidad de Cancillería

Estrecho de Magallanes / Archivo.

Aunque para el Gobierno chileno no hay conflicto porque no existen dudas sobre la soberanía nacional del estrecho de Magallanes, la situación está lejos de enfriarse. Los tratados cierran la controversia territorial, pero no eliminan los intereses estratégicos que convergen en el extremo austral. Los análisis publicados fuera de Chile apuntan precisamente a esa diferencia: la certeza jurídica puede convivir con una creciente tensión política.

El punto más caliente está hoy en la política interna. La insistencia del canciller Francisco Pérez Mackenna en reafirmar la soberanía chilena no ha conseguido cerrar las controversias. Cada nueva intervención extranjera vuelve a poner a prueba su capacidad para convertir esa declaración en una respuesta diplomática reconocible. 

• La reiteración comienza a tener un costo: transmite certeza sobre los límites del país, pero deja dudas sobre los límites que el Gobierno está dispuesto a imponer a sus interlocutores.

El episodio más reciente ocurrió el jueves 8 de octubre, cuando el ministro enfrentó preguntas sobre una eventual nota de protesta al embajador estadounidense Brandon Judd. En lugar de explicar los criterios para enviarla o descartarla, reiteró la posición territorial de Chile y evadió reiteradamente la pregunta. Analistas coincidieron en que en la evasiva tampoco mostró la seguridad que se requería “para salir jugando”.

• La polémica había comenzado el día anterior, durante un encuentro empresarial organizado por la Compañía Sudamericana de Vapores. Consultado sobre las relaciones con China y el proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong, Judd vinculó la cooperación estadounidense contra el crimen organizado y supeditó el respaldo sobre Magallanes con la disposición chilena a trabajar en las prioridades de Washington.
• Posteriormente, el embajador negó haber condicionado la soberanía chilena. Esa aclaración forma parte del episodio, pero no borra el problema político que dejó su intervención: ¿por qué ofrecer protección sobre un territorio cuya soberanía no está en discusión? 

El canciller respondió inicialmente que Chile podía defender su soberanía por sí mismo. Sin embargo, la posterior evasiva del ministro sobre una protesta formal debilitó la contundencia de esa primera reacción.   

El segundo foco de tensión está en el proyecto de restablecer la conexión marítima entre Punta Arenas y las islas Falkland/Malvinas. Para los promotores de la iniciativa, se trata de recuperar vínculos comerciales y abrir oportunidades de abastecimiento desde Magallanes. Para Buenos Aires, el acercamiento activa una preocupación distinta: que la logística regional facilite la explotación de recursos naturales en el archipiélago cuya soberanía reclama.

El canciller argentino Pablo Quirno ya había informado que su Gobierno monitoreaba los contactos entre empresas chilenas e isleñas. Pero estos últimos días el tono argentino se elevó.

• En su discurso del lunes 5 de octubre ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Quirno advirtió que la conducta de los países frente a Malvinas determinaría la profundidad de sus relaciones con Argentina. 

Quirno no nombró a Chile en esa intervención. La Nación, sin embargo, interpretó que parecía aludir a los contactos impulsados desde Punta Arenas. El mensaje permite una lectura política precisa: Buenos Aires está dispuesto a trasladar su disputa por las islas al terreno de las relaciones económicas con sus vecinos. No anunció una prohibición general de abastecimiento, pero sí un posible costo por determinadas formas de colaboración.

Frente a esa advertencia, falta una respuesta pública chilena que establezca con claridad cómo se protegerá una iniciativa comercial legítima y dónde se sitúan los compromisos diplomáticos del país. La ausencia de esa definición deja espacio para que Argentina fije los términos del debate y para que las empresas magallánicas enfrenten una incertidumbre que corresponde despejar al Estado.

El silencio resulta más sensible porque llega después de sucesivas declaraciones de uniformados argentinos que obligaron a Chile a reafirmar su soberanía sobre el estrecho.

• La navegación hacia las islas podría convertirse en la próxima prueba concreta. 

Chile enfrenta así dos presiones de distinta naturaleza. Desde Washington, la cooperación aparece asociada a sus prioridades estratégicas, en el contexto de la competencia con China. Desde Buenos Aires, la relación económica se vincula a la conducta de los vecinos frente a la disputa por las Falkland/Malvinas. Magallanes queda en el cruce de ambos mensajes.

Mientras tanto –según fuentes bien informadas– el canciller Pérez Mackenna se habría alineado con una posición más dura para no dejar pasar futuras interpretaciones interesadas provenientes del otro lado de la cordillera. Es una versión que todavía espera una expresión pública concreta.

Habrá que ver.

Por ahora, el canciller sigue repitiendo que la soberanía no está en discusión, mientras las decisiones con las que pretende sostener esa posición permanecen fuera de la vista.

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