Investigación
Imagen aérea del ataque al Molino Grollmus (Fiscalía del Bío Bío)
Tres mil millones: las platas del financista de Resistencia Mapuche Lafkenche
Mientras se realizaba en Cañete el juicio oral en contra de los imputados por el ataque contra el Molino Grollmus, en otra sala del mismo edificio era sentenciado Javier Ramírez Núñez, quien financiaba al grupo radical a fin de sustraer madera, protegido por encapuchados armados.
El nombre de Javier Ramírez Núñez salió mencionado varias veces durante el juicio que se realizó entre el 15 de julio y el 31 de agosto en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (TOP), por el atentado en contra del molino Grollmus. Cometido el 29 de agosto de 2022, se trató de uno de los hechos más cruentos ocurridos en la Provincia de Arauco en los últimos años, a tal punto que el entonces Presidente Gabriel Boric no dudó en calificarlo como un ataque terrorista.
Los testimonios de las víctimas, prestados en medio de esas jornadas, fueron explícitos y evidenciaron la violencia con que actuaron los ahora 19 condenados, cuyo objetivo era expulsar a la familia Grollmus del lugar por considerarlos “extranjeros”.
Como dijo el fiscal regional Roberto Garrido, se trató de “un crimen de odio”, cuya motivación era que las víctimas eran descendientes de alemanes que llegaron 150 años atrás a la zona. Como aseveró Garrido, se les atacó “no por lo que han hecho o lo que piensan, sino por lo que son”. Se trató, como expusieron los detectives de la PDI que investigaron el caso, de un atentado perpetrado por Resistencia Mapcuche Lafkenche (RML), el mismo grupo al que pertenecían los hermanos Antihuén, condenados por asesinar a tres Carabineros en Cañete, la madrugada del 27 de abril de 2024, y que también ha estado detrás de una serie de otros violentos episodios delictivos.
De hecho, se dio a conocer en 2020 por medio de un atentado explosivo ocurrido en el Puente Lleu Lleu, y según explicó uno de los detectives, contaban con representantes de distintos sectores de la zona sur de la Provincia de Arauco: Antiquina, Las Huellas, Peleco, Pocuno, Huentelolén y Quidico, todos ellos comandados por quien la fiscalía sindicó como el líder máximo del grupo: Federico Astete Catrileo, quien recibió penas por más de 81 años en el juicio por el molino Grollmus, lo mismo que otros cuatro de los condenados: Gerson Luengo Navarrete, Javier Mariñán Millahual, su hermano Domingo y José Melgarejo Calbullanca.
Astete y otros de los ahora condenados se encuentra ad portas de enfrentar otro juicio, por un violento ataque cometido en 2002 en contra de un campamento forestal del sector Los Ríos, en Curanilahue.
El gran ausente en ese juicio fue, sin embargo, Javier Ramírez, más conocido como “El Coipo”, quien aparece mencionado en numerosas causas. Una de ellas, como informó El Mostrador, fue el homicidio de Tomás Figueroa, cuñado de los hermanos Antihuén, en la cual Ramírez -cuyo celular estaba interceptado por la PDI- fue escuchado diciendo que los homicidas habían sido Yeferson y Tomás Antihuén Santi. Según las escuchas telefónicas, Ramírez tenía una relación sentimental con la misma mujer.
El gran financista
Aparte de manejar mucha información, Ramírez era el financista de la RML y debido a ello ha enfrentado ya dos juicios abreviados. El último se realizó el 20 de agosto pasado en el Juzgado de Garantía de Cañete, mientras en el TOP de la misma ciudad se desarrollaba el juicio contra los autores directos del atentado contra el Molino Grollmus.
El primer juicio abreviado que enfrentó Ramírez, en junio de 2025, fue por asociación ilícita y se efectuó en el Juzgado de Garantía de Lebu. Allí, “El Coipo” fue acusado por el fiscal Danilo Ramos de pertenecer, junto a Astete y su pareja (Claudia Nahuelán), Elías Cona y otros sujetos, a un grupo “que se dedicó de forma sostenida en el tiempo a ejecutar delitos violentos en contra de las personas y/o propiedad de otros, mediante el uso de fuego y armamento, con la finalidad de manifestar su descontento con el actuar de particulares, empresas forestales y colonos extranjeros, solicitando libertad de comuneros mapuches sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva y obtener la recuperación de tierras bajo el amparo del nombre ‘Resistencia Mapuche Lafquenche’, RML”.
Según dicho fallo, los atentados eran planificados por Astete y Nahuelán, a quienes respondía una estructura en la cual había sujetos encargados de los ataques, otros de la cobertura y también de recaudar dinero, el que era entregado por Ramírez en efectivo, para adquirir armas de fuego principalmente, como lo estableció la PDI por medio de las escuchas telefónicas. Además, les prestaba una cancha de madereo en la cual se reunían a planear los ataques.
En dicha causa, un testigo con reserva de identidad, identificado como “BR1911221231500” dijo que “El Coipo” era un conocido empresario, “precisando que a quienes trabajan con él y a Federico Astete les pasa plata para que compren municiones para sus armas que luego ocupaban en los atentados, que también les ha pasado armas y financia a los abogados de las personas que han sido detenidas por los atentados”.
Un segundo testigo anónimo, individualizado como “BR153024012024” se enfocó en José Melgarejo, aseverando que este “tiene armas que utiliza en los atentados, como escopetas, fusiles, granadas y otras armas de guerra, el que vive en sector Lleu Lleu. El ‘Coipo’ les pasa plata a estas personas para comprar armas y municiones, además que lo dejen trabajar tranquilo”.
Lo último lo precisó otro testigo: “BR231121”, quien indicó que Ramírez “se dedica a la madera y le compra a los hermanos Astete la madera que estos se roban y siempre está en conocimiento de los atentados que van a ocurrir porque está en contacto con ellos y con Claudia, cuando hay atentados el “Coipo” no trabaja, no saca sus camiones y les pasa plata (sic) a los Astete para que compren armas y municiones”.
En dicha causa el resultado no fue malo para Ramírez, puer terminó condenado a una pena de cuatro años, con libertad vigilada.
Los tres mil millones
El segundo juicio en su contra, el realizado en agosto pasado, dejó en evidencia la enorme maquinaria económica que había detrás del financiamiento a la RML. Se trata de una causa iniciada por una querella de Bosques Arauco, interpuesta en 2022 por varios ataques contra policías y trabajadores forestales efectuados en medio de faenas de robo de madera.
Según expuso la fiscal Marcela Barahona, a partir de la información recopilada por el Ministerio Público y la Fuerza de Tareas Arauco de la PDI, entre mayo de 2020 (cuando apareció la RML) y hasta enero de 2024, Núñez y una serie de sujetos “formaron parte de una asociación cuyo objetivo era la comisión de delitos de hurto y sustracción de madera, en predios forestales ubicados principalmente en la Provincia de Arauco en la región del Bío Bío, la que luego vendían a terceros”.
La organización estaba al mando de Ramírez Núñez y según la fiscalía contaba con dos niveles inferiores: uno que tenía que ver con la sustracción de la madera, así como con los camiones y grúas necesarias para ello, y un tercer nivel, del cual formaba parte Carlos Ramírez (hermano de “El Coipo”), quien además de recibir los pagos por la madera, “efectuaba labores de apoyo logístico tales como impresión de guías de despacho y entrega de ellas en el taller, compra de colaciones para miembros de la organización y compra de repuestos para los vehículos utilizados”.
Para vender la madera hurtada en los predios de Arauco contaban con guías de despacho a nombre de Forestal Queule SpA “en las que se indicaba como origen de la madera un predio o rol distinto del real, con el fin de evitar que el delito fuera detectado en caso de un control policial, y para asegurar la recepción de la
madera en su destino final. Las falsas guías de despacho de Forestal Queule les eran proporcionadas previa coordinación, por otra organización ilícita que era liderada por Cristian Reyes, la que informaba el lugar en que la madera debía ser entregada”, precisa el documento judicial.
De hecho, la empresa de Reyes, señala el fallo, fue la principal compradora de la madera robada por el grupo de Ramírez entre 2021 y 2022, pero también vendieron madera a otra empresa por un valor de 500 millones de pesos, dineros que recibían en la cuenta corriente del Banco Estado que estaba a nombre de Javier Ramírez Núñez Inversiones EIRL. Otros dos mil 514 millones de pesos entraron a la cuenta de Queule, que era manejada por los hermanos Ramírez.
“El Coipo” terminó condenado a cinco años y un día por dos delitos: asociación delictiva y hurto. Además, el juez Cristian Rosenberg ordenó el comiso de un camión Mercedes Benz, una grúa, tres remolques, una camioneta Toyota y siete millones 750 mil pesos en efectivo que fueron encontrados en el domicilio de “El Coipo” cuando fue detenido, y que como lo establece el fallo, son una ínfima parte del monto que se estima recaudó gracias al hurto de madera.
En efecto, según se estableció, producto del hurto de madera, Ramírez, quien actualmente cumple su condena en la cárcel de Concepción, reunió al menos tres mil millones de pesos, gracias a la guardia pretoriana con que contaba (la RML) y que atacaba a balazos a cualquiera que se acercara a las faenas.
Al respecto, fuentes que conocen a fondo al personaje explicaron a El Mostrador que con las ganancias ilícita Ramírez no solo financiaba a la RML, sino que además se daba una gran vida, que implicaba invitar frecuentemente a decenas de amigos a local cerrado, en restoranes de Cañete, o pagarle viajes a “amigas” santiaguinas para irse con ellas a un hotel de Pucón por varios días, entre otras actividades.
