“Este tipo de explotaciones no constituyen aportes significativos al desarrollo socioeconómico del país ni de las regiones”, sostienen las organizaciones a través de una declaración pública.
Su rechazo a la instalación de minas de carbón a tajo abierto en la isla Riesco, en la Región de Magallanes, expresaron a través de una declaración pública un conjunto de organizaciones medio ambientales y ciudadanas tanto nacionales como extranjeras.
El documento advierte que “este tipo de explotaciones no constituyen aportes significativos al desarrollo socioeconómico del país ni de las regiones”, considerando además que “a nivel nacional, el mayor costo ambiental se deriva del incremento en la emisión de CO2 por el uso del carbón en la generación eléctrica”.
Sobre esto último, recordaron que “recientemente el gobierno de Sebastián Piñera ratificó su objetivo de impulsar un poderos plan que permita que el año 2020, el 20% de nuestra matriz de generación eléctrica provenga de energía renovable no convencional, ERNC, lo que supone una posición proclive a reducir las emisiones contaminantes que no se condice con el apoyo al uso de carbón”.
Por ello, demandaron a las autoridades que se detenga “durante al menos cuatro años la evaluación de proyectos en curso y futuros para la extracción de carbón, prohibiendo las explotaciones a rajo abierto” y que en ese período se legisle sobre el tema.
También solicitaron que se dé prioridad “a los estudios sobre estrategias y políticas de desarrollo de las regiones altamente dependientes de recursos naturales, incluidas sus evaluaciones ambientales estratégicas, con el propósito de actualizar las estrategias de desarrollo regional y de diseñar planes de ordenamiento territorial ambiental”.
Finalmente manifestaron que “se prosperar los proyectos de explotación de carbón a rajo abierto, las empresas productoras se encontrarán con la férrea oposición de las organizaciones nacionales y extranjeras para impedir su uso tanto en territorio nacional como en los países que traten de importar este producto”.
Entre las ONG firmantes se cuentan el Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena, el Comité Pro Defensa de la Fauna y de la Flora (CODEFF), Ecocéanos, las fundaciones Pumalín y Terram, el Instituto de Ecología Política (INP), Océana, el Programa Chile Sustentable y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), entre otras entidades nacionales y del extranjero.
