El consultor privado asegura que las sanciones adoptadas por la jueza Ana Gloria Chevesich no fueron aplicadas a todas las personas involucradas en el caso de fraude al fisco desde el Ministerio de Obras Públicas, apuntando sus dardos al ex Presidente de quien señala que “ha quedado libre de cualquier sanción, y la única que le queda es la de su propia conciencia, cuando se mira al espejo todas las mañanas”.
Jorge Quiroz, quien estuvo procesado por 7 años y 3 meses, y que fue absuelto por la magistrada que investigaba las irregularidades, da cuenta del calvario que vivió en ese tiempo y anuncia que pedirá al Servicio de Impuestos Internos (SII) que le devuelva todo el dinero con reajustes e intereses.
El periplo de este empresario comienza cuando Concesiones del MOP lo contrata como experto para que asesorara sobre cómo concesionar grandes obras de regadío. Sin embargo, tras cumplir con su labor y de dilatarse sus pagos, le solicitaron que fijara honorarios mayores a los pactados y que con la diferencia, él pagara a otras dos empresas que habían trabajado en lo mismo para el ministerio.
Recuerda, en entrevista a El Mercurio, que el inspector fiscal, a quien no quiere nombrar, pero que es uno de los condenados, es quien verifica los trabajos que se hacen y quien le llevó las boletas de ambas empresas, una de las cuales hizo el trabajo, Econat, y la otra, nada, Gestión Ambiental Territorial.
Menciona que ambas boletas fueron agregadas a la contabilidad de su consultora Gerens, y cuando estalló el caso MOP-Gate, no supo sino hasta que lo procesaron en 2003, que tenía una boleta de Gate.
Señala que hasta ese momento no sabía el significado de Gate, pero que luego se dio cuenta que correspondía a una caja para sacar dineros públicos del MOP y volverlas a introducir a cuentas de funcionarios de Concesiones sin destino conocido.
La jueza Chevesich procesó por un fraude de 800 millones de pesos, y sólo encontró el destino de 150 millones, asignados a sueldos. En tanto, lo otros destinos de las platas no los pudo investigar, pero concluyó que una parte del resto se destinó a fines no públicos.
La responsabilidad moral de Lagos queda sin sanción
Quiroz recuerda que el funcionario que lo involucró en el caso no respaldó su inocencia y le dijo a la jueza que había consultoras de confianza que sí sabían que Gate era de mentira y que el único objetivo era pagar a los funcionarios públicos.
“Y dijo haber olvidado si yo lo sabía. Ese olvido me sumergió en el proceso de 7 años y medio”, menciona.
Asimismo, cree que dicho funcionario estaba en la base de una pirámide que orquestó una defensa, y parte de ellas consistía en involucrar al máximo de personas “porque si mezclas blanco con negro, obtienes gris”.
“De hecho, cuando este caso explota, se produce un linchamiento popular de los consultores privados, y me atrevo a especular que eso buscaba tratar de involucrar a los privados y diluir responsabilidades”, precisa.
Además, agrega que «cuando yo estaba en Capuchinos -mientras la Corte lo autorizaba salir en libertad bajo fianza-, mi abogado Gabriel Zaliasnik apeló mi auto de procesamiento con el argumento -el mismo por el cual fui absuelto- de que yo ignoraba absolutamente lo que ocurría desde el inspector fiscal hacia atrás. Cuando los funcionarios del MOP en la cárcel lo supieron, se me acercan y me advierten que no intente una línea de defensa independiente y acusatoria de los funcionarios. Y un año después, ese mismo grupo me ofrece otra asesoría importante desde el MOP, posiblemente para impedir que yo siguiera adelante con mi línea de defensa independiente. No la acepté. Mi mujer me dijo: ¡no!, aunque comamos raíces».
Además, sobre el falló judicial, Quiroz tiene una visión distinta, ya que asegura que no todos los involucrados en el tema fueron sancionados y apunta sus dardos directamente al ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, a quien responsabiliza moralmente de lo sucedido en el caso MOP-Gate.
“Los jueces hacen lo que pueden, pero el principal responsable moral, que es el señor Ricardo Lagos Escobar, ha quedado absolutamente libre de cualquier sanción, y la única que le queda es la de su propia conciencia, cuando se mira al espejo todas las mañanas», afirma tajante.
Sin embargo, deja el beneficio de la duda respecto a creer que él montó el sistema para defraudar al Estado y menciona que “a lo mejor fue Carlos Cruz, el director de Concesiones y después ministro, pero su responsabilidad está en que si él propuso como ministro una ley especial porque la escala de sueldos del sector público podía ser un impedimento para el programa de concesiones y esta ley no se aprobó considerándosela inconstitucional, él debió preguntar cómo se hicieron igual las concesiones».
Pedirá al SII que devuelva todo, con reajustes e intereses
Otra sanción que se le aplicó, como consecuencia del procesamiento por haberle pagado un honorario a Gate, fue la adoptada por el Servicio de Impuestos Internos.
Este organismo llamó a todos los que tenían boletas de Gate para avisarles que esos dineros no son gastos, como se tenía incorporado el pago a esa empresa de papel.
“Como gasto rechazado, nos aplicó la multa correspondiente. Además, asumiendo que era un retiro no declarado de la empresa, me incrementa mi global complementario y me obliga a tributar sobre los 13 millones con intereses, reajustes y multas”, explica.
En tal sentido, anuncia que no dejará el tema y buscará que el SII le devuelva el dinero con reajustes e intereses.
“Nunca entendí cómo el director del SII levó la interpretación hasta el límite conmigo y pocos meses antes consideró que los ministros no tenían que tributar por el sueldo negro que recibieron durante años”, concluye.
