La Fundación Defendamos la Ciudad estaba en busca del listado con los nombres de las personas jurídicas y naturales, propietarias de predios rurales, quienes «con el proyecto de expansión urbana promovido por el gobierno anterior y respaldado por el actual, se iban a beneficiar patrimonialmente».
Una denuncia ante el Consejo para la Transparencia en contra de la Seremi metropolitana de Vivienda y del Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó la Fundación Defendamos la Ciudad, luego que ambas instituciones se negaran a proporcionar la información pública relacionada con los nombres de aquellos que se beneficiarían patrimonialmente con la expansión urbana.
La organización ciudadana señalo que requirió el listado con los nombres de las personas jurídicas y naturales, propietarias de predios rurales, quienes «con el proyecto de expansión urbana promovido por el gobierno anterior y respaldado por el actual, se iban a beneficiar patrimonialmente».
El polémico proyecto denominado PRMS 100, consideraba cambios de uso de suelo en 10.000 hectáreas de rural o agrícola a urbano y a pesar de que fue aprobado inicialmente por la Corema, el 30 de junio pasado fue rechazado por el CORE.
El presidente de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, manifestó que «conforme a la ley Nº 20.285, de Transparencia, que garantiza a los ciudadanos a acceder a la información pública que maneja la administración del Estado, hace más de un mes le pedimos a la Seremi de Vivienda y Urbanismo dicha documentación con el sano propósito de que la opinión pública conociera los nombres de aquellos que iban a obtener esta prebenda por parte del gobierno».
«sta repartición traspasó nuestra solicitud al SII, con el argumento de que no tenía todos los datos para respondernos y este último organismo, vía Resolución Exenta SII Nº 3336 del 17 de agosto recién pasado, nos entrega diferentes justificativos, casi todos de tipo formal, para concluir que no está en condiciones de facilitarnos tal gravitante documentación. Entre otras cosas, nos decía que las escalas de los planos en poder del Minvu eran distintas a las que tenía Avaluaciones del SII».
Herman dijo que «ante tales curiosos comportamientos, ahora esperamos que el Consejo para la Transparencia obligue a esos dos servicios públicos, en orden a que, en conjunto, se pongan de acuerdo para transparentar la situación pendiente. Por último, encontramos sumamente extraño que nuestra institucionalidad no esté en condiciones de suministrar a sus ciudadanos este tipo de información que, por sus simplicidad, debieran tener a la mano y por ello nos preguntamos con qué ropa Chile pertenece a la OCDE».
