Alicia Lira, presidenta de la AFEP, dijo que desde la llegada a La Moneda del Gobierno de Sebastián Piñera, hay 70 querellas por ejecuciones durante la dictadura que no han podido ser presentadas en los tribunales porque el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se ha negado a firmarlas.
Un grupo de familiares de ejecutados durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile exigieron este jueves al Gobierno hacerse parte en unas 70 querellas que a causa de su omisión no han podido presentar en los tribunales, dijeron dirigentes de los afectados.
Para presionar a las autoridades, varios miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) ocuparon las oficinas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Alicia Lira, presidenta de la AFEP, dijo que desde la llegada a La Moneda del Gobierno de Sebastián Piñera, hay 70 querellas por ejecuciones durante la dictadura que no han podido ser presentadas en los tribunales porque el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se ha negado a firmarlas.
Lira recordó que la ley que creó en Chile el Instituto de Derechos Humanos facultó al Ministerio del Interior, a través del Programa de Derechos Humanos, a hacerse parte en los juicios por la ejecución de disidentes políticos durante la dictadura.
Antes de esa ley, dicho programa sólo podía actuar en juicios por detenidos desaparecidos.
Los familiares de las víctimas dijeron que permanecerán en las oficinas ocupadas hasta que el ministro Hinzpeter vaya a conversar con ellos o que la directora del Programa, Rossy Lama, llegue con las 70 querellas firmadas, a fin de que puedan ser presentadas en los tribunales.
«La derecha lleva nueve meses en el Gobierno y no ha presentado ni una querella por ejecutados políticos. Incluso se han reunido con violadores de los derechos humanos», acusó Lira.
Además de las querellas señaladas, la AFEP ha presentado en los últimos meses otras 350, en las que no requirieron el apoyo gubernamental.
De acuerdo con abogados de derechos humanos, los juicios por crímenes de la dictadura afrontan un escenario cada vez más complejo en Chile, con múltiples fallos que dejan en libertad a represores o los condenan a penas irrisorias, con beneficios carcelarios como libertad vigilada u otras medidas que les evitan la prisión.
Según cifras del propio Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de un total de 110 antiguos represores condenados en los últimos tres años, sólo 22 están cumpliendo sus penas en prisión.
Asimismo, de 200 condenados en los últimos quince años, solamente 65 están presos, mientras los demás recibieron penas remitidas (se cumplen con firmas periódicas en el tribunal), en virtud de leyes ordinarias de prescripción de los delitos.
Desde La Moneda, comunicaron a los integrantes de la AFEP que serían recibidos por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, si deponen la ocupación de las oficinas.
