Diputados de oposición sostienen que la intendenta de la Región del Bío Bío vulneró el rol fiscalizador de un poder del Estado al ordenar a las fuerzas policiales que impidieran el ingreso de parlamentarios al campamento instalado en la mina el Chiflón del Diablo, durante la huelga de 33 mujeres por la paralización de los programas de empleo del CMT.
Una acusación constitucional contra la intendenta del Bío Bío Jacqueline Van Rysselberghe evalúan los parlamentarios de la Concertación Clemira Pacheco (PS), Manuel Monsalve (PS) y José Miguel Ortiz (DC) a raíz de la decisión de la autoridad regional de finalizar mediante la intervención de la fuerza policial la toma de la mina El Chiflón del Diablo por parte de las trabajadoras del extinto programa de empleo del Cuerpo Militar del Trabajo. Incidentes que terminaron con agresiones hacia la diputada Pacheco.
Según informaron los diputados Monsalve y Pacheco la medida está en estudio por parte de los presidentes de los partidos de la Concertación y sería resuelva la próxima semana, al regreso de la semana distrital.
De prosperar, la acusación se sustentaría en que Van Rysselberghe vulneró el rol fiscalizador de un poder del Estado – el del Congreso- al impedir en forma arbitraria el ingreso de los diputados a la zona del Chiflón del Diablo con una orden administrativa, no judicial. Asimismo, plantean que la autoridad regional habría violentado el rol fiscalizador de los parlamentarios al ordenar a Carabineros que impidiera también que se reunieran con las manifestantes declaradas en huelga de hambre.
La diputada Pacheco reveló que, además, la Comisión de Defensa revisará la actuación de las Fuerzas Especiales de Carabineros, cuyos efectivos la empujaron y violentaron cuando intentó ingresar a la mina, situación por la cual debió ser atendida en un servicio asistencial.
