El trágico incendio de la cárcel de San Miguel sacó del anonimato al abogado Manuel Díaz de Valdés. El ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, lo criticó por su rol de árbitro del MOP en la disputa por los cobros adicionales que exigió Besalco en la construcción de las cárceles de La Serena, Rancagua y Alto Hospicio. A raíz de su fallo en contra de la cartera, la autoridad lo despidió “por no actuar de manera leal”, dado que Díaz de Valdés era miembro del comité asesor de concesiones del MOP.

Cruzado histórico, fue vicepresidente de la Fundación Club Deportivo de la Universidad Católica (CDUC), entre 1991 y 1997, y presidente de la rama de fútbol desde 1992 a 1995. Su paso dejó secuelas: una de ellas fue el alejamiento de su amigo Juan Carlos Benítez, con quien compartió un estudio de abogados.

Díaz de Valdés formó parte de un comité de honor, presidido por el abogado Luis Hermosilla, para investigar la denuncia de Harold Mayne-Nicholls respecto de un contrato con Néstor Gorosito, aprobado por Benítez, pero desconocido y objetado por el directorio de la UC. Aunque sólo se analizó esa situación, su nombre fue salpicado por la cercanía con Jorge Omar Berrío, cuestionado por efectuar todos los traspasos de jugadores argentinos para la UC, por los cuales recibía jugosas comisiones.

Para el actual timonel de la ANFP, la resolución le dio la razón. Para Benítez, “el fallo no fue negativo; como presidente de la rama de fútbol no tenía facultades para tomar decisiones y se objetó que me excediera en las facultades”, sostiene. La exposición lo alejó para siempre del club. “Él se sintió conmigo, pero se le quitó. Hablamos hace o cuatro días atrás”, explica Díaz de Valdés a El Mostrador. Benítez asegura que nunca se molestó.

Otro episodio llegó a manos de abogados. Díaz de Valdés le ofreció a Néstor Gorosito y a Alberto “Beto” Acosta invertir sus platas en bonos de la deuda externa de Cuba, lo que resultó un pésimo negocio. Si bien los jugadores le entregaron sus dineros voluntariamente, uno de los abogados de Gorosito advierte que “cuando uno es patrón de alguien me parece poco ético decirle pásame tu plata y te la voy a hacer rentar. Es aprovecharse de la confianza y del poder que ostenta”. Después de negociar un año y medio Díaz de Valdés se allanó a pagarle a Gorosito US$ 500 mil. “Acosta no recurrió a un abogado y yo le pagué. (El acuerdo) demoró un poco más que con Gorosito”, agrega Díaz de Valdés.

Nasur: su cliente y socio desconocido

Díaz de Valdés es abogado de cabecera de Miguel Nasur. Amén de las querellas y demandas al por mayor en su contra y que él también ha presentado en los tribunales, Nasur fue inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo directivo en la ANFP, a raíz de una querella por apropiación indebida mientras fue presidente de la Asociación Central de Fútbol, entre 1985 y 1989.

El actual presidente de Santiago Morning se convirtió en su cliente durante esta década. Díaz de Valdés lo defendió en la demanda por expropiación ilegal e indemnización presentada contra el Serviu por la toma de Peñalolén. En julio la Corte Suprema ordenó pagarle $ 12.127 millones por las 231 hectáreas ocupadas que él adquirió en $150 millones. Nasur no quedó conforme  y, según su abogado, no descarta nuevas acciones judiciales.

En la querella por “loteo brujo” -permitir que entren personas a un terreno sin las subdivisiones legales- interpuesta por la Intendencia de Santiago, Díaz de Valdés junto a Arturo Gardeweg logró que fuera sobreseído por la Suprema.

Con Nasur trabajo no le falta: en 2007 demandó por apropiación indebida y exigió una compensación a Antonio Martínez Ruiz, patriarca de la concesionaria de los casinos Enjoy, y a Guillermo Campos Fauze, sus antiguos socios en el casino de Coquimbo. Nasur no aparecía formalmente en la propiedad, pero cuando entraron los Martínez, en 1994, al casino de Coquimbo, se firmó un documento notarial en el que se le reconocía una participación de 35%.

Los US$ 500 mil dólares ofrecidos por los Martínez no fueron suficientes para Nasur. En 2008, Díaz de Valdés patrocinó una demanda por nulidad de contrato en contra de Campos Fauze y los Martínez –padre e hijos- de la que no quiso referirse.

El abogado es socio minoritario de Nasur en la inmobiliaria Gestora Retail, dueña de numerosos terrenos en los que construye centros comerciales de conveniencia (strip centers). Por invitación de  Díaz de Valdés, en 2006 ingresó al negocio Cristián Arévalo, actual gerente general de Gestora, ex abogado  de la Contraloría y asesor de Guillermo Arenas, ex director del Registro Civil, imputado en el escándalo por la licitación a la empresa Tata.

El negocio de las cobranzas

Desde 2002 también ejerce como “abogado cobrancero” –como se conoce en jerga legal- del BancoEstado. Acumula 4.100 causas de deudores morosos. Es un negocio muy lucrativo, “pero no reviste ningún desafío intelectual y es triste, porque debes embargar bienes y perseguir a clientes que muchas veces no tienen cómo pagar”, afirma un profesional que trabajó en sus inicios en esta labor.

Marcela Rodríguez, abogada zonal de cobranzas judiciales del banco, explica que “era un abogado externo de la cartera masiva de cuantías bajas y prestaba servicio como persona natural”. No como socio del estudio Poduje y Cía.

Sin embargo, Díaz de Valdés asegura que lo hizo a través de su empresa de cobranzas que posee con otros dos socios, aunque en la página web del poder judicial sólo aparece su nombre. Dice que su compañía fue una de las seis que ganó la licitación en 2008 para prestar este servicio.

Ser o no ser árbitro

Como ministro de OO.PP, Jaime Estévez, cruzado histórico y actual presidente de Cruzados S.D.A.P., lo nombró miembro del consejo asesor de concesiones junto al economista Juan Carlos Méndez, ex director de Presupuesto de Pinochet. Estévez buscaba blindarse políticamente -Díaz de Valdés es militante de la UDI- después del escándalo del MOP-Gate. Su sucesor en el cargo, Eduardo Bitrán, sostiene que Méndez y Díaz de Valdés participaban en reuniones quincenales junto a otros representantes del MOP, entre cuyas materias se trataba la estrategia de defensa en contra de Besalco. La constructora exigía un pago 3,2 millones de UF por obras adicionales en tres cárceles concesionadas.

Dado que no hubo acuerdo, en 2005 se constituyó un tribunal de tres árbitros: Alfonso Reymond, abogado del estudio de Herman Chadwick, presidente de las concesionarias, en representación de Besalco; Díaz de Valdés por el MOP; y Antonio Bascuñán, de común acuerdo entre las partes.

En respuesta a la acusación de Herman Chadwick de haber paralizado el proceso de construcción de cárceles, Bitrán dice que en la sesión del consejo, anterior al fallo, “Díaz de Valdés le propone al consejo conciliar en 1,6 millones de UF”. La empresa se opone. “Y a los pocos días el fallo unánime es por 2,4 millones de UF”, agrega el ex ministro.

“Yo lo despedí y Méndez (actual director de BancoEstado) compartió mi decisión de sacarlo del consejo asesor. No se entiende que haya cambiado su opinión: de 1,6 millones a 2,4 millones de UF. Yo le interpelo y él me dice que es independiente para actuar y punto”, señala Bitrán.

Uno de los árbitros más cotizados de la plaza afirma que un árbitro debe fallar en forma independiente. Pero hace una salvedad: “Si soy abogado de la misma empresa pido que no me designen porque se pone en juego mi capital; si fallo a favor de mi empresa pierdo mi prestigio”.

Y  plantea otro escenario: “Es totalmente anormal que el abogado o asesor remunerado sea árbitro, porque la compañía le paga (como ocurría con Díaz de Valdés) y el perro no muerde la mano que le da de comer”.

Díaz de Valdés explica que “yo acepto por la certeza que me dio Jaime Estévez de que se me iba a respetar la independencia. Él me pidió ser árbitro insistentemente. Le planteé que yo era director. Yo quiero que seas árbitro, reiteró. Muchas veces me designan árbitro amigos y conocidos porque me dicen que confían en mi criterio”.

Finalmente, la Suprema recomendó negociar y Sergio Bitar, sucesor de Bitrán, logró una rebaja equivalente al  6%  del fallo arbitral.

Díaz de Valdés afirma que fue árbitro del MOP en los otros dos grupos de cárceles (Antofagasta y Concepción) y (Santiago y Puerto Montt) y que en ambos se llegó a acuerdo. Calcula que ha tenido “45 arbitrajes”, sin especificar casos. Y que es director de empresas, sin mencionar ninguna.

Su paso por la Radio Nacional

Su identidad pública está marcada por su larga relación con la Católica. Algo que, por cierto, le da estatus. Más siendo presidente de los cruzados caballeros, un rango honorífico para quienes han contribuido con el club. “No cualquiera lo es; se nombra uno por año; yo salí en 2000”, dice.

A la UC llegó por su amigo Juan Carlos Benítez, recuerda Jorge Swett, quien no los conocía, pero buscaba colaboradores para el Club Deportivo de la UC, formado en 1977. “Soy de la Católica desde los 5 años. Estudié Teología un año y medio en la Católica. Hay una época en la que uno piensa ser cura. En paralelo hice la carrera de Derecho en la Chile. La saqué en cuatro años. Soy consejero de la UDI, supernumerario del Opus Dei”. Su mujer, Luz María Herrera, es concejala de la UDI en el municipio de Las Condes.

Una arista menos conocida o, quizás olvidada, es su paso por la Radio Nacional, de la que fue gerente general desde 1982 hasta el primer año de la Concertación. La estación arrastraba enormes pérdidas y era, según dice, la radio de las Fuerzas Armadas. En su directorio había un representante de cada rama nombrado por los comandantes en jefe. Eugenio Tironi, secretario de comunicaciones de Aylwin, se integró cuando llegó la democracia.

Díaz de Valdés fue funcional, recuerda Tironi, a todas las partes: no dejó quebrar la radio, lo que tranquilizó a las FF.AA., mantuvo una buena relación con él y aceptó cambiar al jefe de prensa. Se fue a comienzos de 1990. Todos los bienes de la radio, entre ellos numerosas frecuencias, fueron vendidas para pagar los sueldos y, finalmente, la compró un privado.

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